Al cabo de un seguimiento acucioso, la senadora antioqueña María Clara Posada logró que la Jurisdicción Especial para la Paz revisara sus manejos administrativos y tomara ya las primeras decisiones en ese frente, como es la de renunciar a su sede en la Torre Squadra en un Bogotá.
En un post en su cuenta de X la congresista, integrante de la bancada del Pacto Histórico, la congresista celebró. “Lo que logramos hoy no es menor. Con Torre Squadra siempre hubo algo…”. Y destacó en buena hora el nuevo presidente de la JEP, magistrado Danilo Alfonso Rojas Betancourth, haya puesto fin al contrato de arrendamiento.
Fue ella quien reveló que la propietaria de Torre, la Constructora GAP S.A.S., hace parte de 18 sociedades vinculadas al mismo grupo familiar. De esas, 13 estarían registradas en Delaware, Estados Unidos; Islas Vírgenes Británicas y Panamá.

Constructora GAP, Juan Gaviria Restrepo y Cía., Inversiones Mantra y Tabac S.A.S. aparecen en esa cadena. Aunque no está probado que haya habido evasión fiscal, la senadora advierte que han surgido sospechas de unas posibles maniobras en esa dirección que deberían ser evaluadas por las autoridades.
Expertos consultados están de acuerdo en que debe haber una investigación de fondo por parte de las autoridades, pero que por ahora hay que ser cautelosos con increpaciones sobre el uso de “paraísos fiscales”.
“Delaware, Panamá e Islas Vírgenes son jurisdicciones de baja tributación y alta opacidad, pero tener una empresa ahí no es delito por sí solo”, advierte la profesora de derecho Sofía Insignares.
Explica que muchas empresas usan esos destinos por razones legales. “Para que haya evasión, la DIAN o la Fiscalía tendrían que probar que se ocultaron ingresos o que fueron simuladas operaciones y eso parece que no ha ocurrido en este caso”, agrega.
La Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco recomendó arrendar esa sede porque no requería adecuaciones y porque no era conveniente que los funcionarios de la JEP trabajaran de manera dispersa. Sin embargo, la realidad indica que ambos criterios fueron desconocidos.

Antes de esa decisión ya habían sido descartadas otras posibles sedes que habrían resultado menos costosas, aunque implicaban ocupar varios edificios.
En 2024, la JEP contrató una segunda sede por $10.730 millones para dos años., lo que enerva los efectos de la denuncia parlamentaria.
La JEP ha respondido que defiende la transparencia de su gestión y que está abierta al escrutinio, pero hasta ahora no ha presentado un documento que explique por qué se rompieron esos dos criterios iniciales.
Su silencio podría significar que acepta, por lo menos, que hubo por lo menos una mala planeación y que lo prometido no se cumplió.
Ahora el panorama promete ser distinto. El nuevo presidente de la JEP, el magistrado Rojas Betancourth, anunció en su posesión un plan de austeridad. Comenzará por entregar la Torre Squadra en marzo de 2027; pasar de 15.000 metros cuadrados a una sede de 4.200 metros cuadrados y recortar el 85 por ciento de los contratos de prestación de servicios
Sin embargo, él mismo ha dicho que la reducción de gastos obedece al recorte por $181.402 millones aprobado para la JEP en el Presupuesto General de la Nación para 2027 y no a las denuncias de Posada. En otras palabras, que no han hecho mella las denuncias de la congresista, sino que todo se resume en que no hay plata suficiente.
Con todo, la senadora María Clara Posada celebró la decisión y contrastó la actitud del magistrado Rojas con la de su antecesor, Alejandro Ramelli, a quien llamó arrogante por no asistir a los debates de control político. Ramelli defendió la autonomía de la JEP en el contexto de la independencia de los poderes públicos.

“Encontramos un edificio caro, con un dueño con empresas en el exterior, que se eligió con dos promesas que no se cumplieron y ahora que la JEP los va a dejar, eso nos da la razón”, proclaman integrantes de su Unidad Legislativa.
Por ahora las denuncias sobre una supuesta evasión fiscal van en la presentación de un organigrama de una malla empresarial con raíces en territorios que siempre han generado las sospechas que confiesa la congresista.
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