El 6 de abril de 2021, un año antes de su muerte, el periodista y artista plástico Mauricio Gómez Escobar leyó durante una audiencia de la JEP una conmovedora carta sobre el proceso de búsqueda de los responsables de la muerte de su padre, el líder conservador Álvaro Gómez Hurtado.
El núcleo del debate era la anunciada confesión de las Farc sobre la responsabilidad de sus antiguos jefes en el magnicidio, versión que no resultaba convincente para la familia Gómez.
“Con respecto a la línea de investigación sobre la autoría de las Farc -escribió- es importante decir varias cosas. Una es que el país espera de ellas la verdad y no la mentira. Pero una verdad cierta y probada, contundente, categórica, no cortinas de humo y vaguedades, leyendas, contradicciones, información de oídas y de tercera mano, fantasmas acusaciones gratuitas a muertos que ya no se pueden defender ni pueden hablar…”.
Por esos días Mauricio Gómez y su primo Enrique Gómez Martínez confrontaron con dureza y sentido crítico a Rodrigo Londoño (‘Timochenko’) a quien le señalaron varias contradicciones en su dicho, una versión de contrariaba lo que los Gómez sostenían con firmeza: que el magnicidio era un crimen de Estado urdido durante la época en que Ernesto Samper Pizano veía amenazada su permanencia en la Casa de Nariño bajo cargos por financiación del narcotráfico. En mayo de 2022, tras la muerte del periodista Mauricio Gómez,su primo Enrique Gómez Martínez asumió de lleno la defensa de los intereses de la familia en busca de la verdad. Desde entonces enfatizó en sus fuertes reparos sobre las incongruencias en la versión de las Farc y en sus denuncias sobre un intento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por cerrar el caso en forma precipitada.
El abogado Gómez Martínez preparó extensos memoriales para demostrar que el magnicidio fue orquestado por el aparato estatal de la época en complicidad con el narcotráfico, específicamente el Cartel del Norte del Valle.
Sostuvo que durante 25 años de investigaciones nunca existió la hipótesis de la guerrilla en los expedientes y que la autoincriminación carecía de sustento probatorio real. Por este motivo, libró una batalla legal persistente para evitar que la JEP asumiera la competencia total del caso y pidió que el expediente fuera enviado a la Fiscalía.
La hora de las imputaciones
Ahora desde el Senado de la República Gómez Martínez lidera una cruzada legislativa para ponerle fin a la jurisdicción especial en 2028. De hecho, radicó un proyecto en ese sentido y ha formulado reparos sobre el manejo de la JEP a la que compara con una estructura burocrática con procedimientos paquidermos y derroche presupuestal.
Sin que esté demostrado que se trate de una reacción contra la posición de Gómez ni contra el anuncio del presidente Abelardo De la Espriella -alumno de Álvaro Gómez en la Universidad Sergio Arboleda- de acabar con la JEP, el alto tribunal acaba de tomar una decisión que confirma que le da un alto grado de credibilidad a la versión de las Farc. La familia de ex constituyente Alvaro Gomez ha adquirido especial poder en el gobierno de Abelardo de la Espriella como se cuenta en esta nota.
El lunes 2 de noviembre de 2026, la JEP imputó formalmente a 27 exintegrantes de las extintas FARC-EP por crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo el magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado y la muerte de su escolta José del Cristo Huertas, un leal trabajador que acompañaba al estadista conservador cuando fue atacado por sicarios a la salida de la Sergio Arboleda el 2 de noviembre de 1995.
Entre los acusados se encuentran cuatro exmiembros del último Secretariado de la guerrilla: Rodrigo Londoño (‘Timochenko’), Julián Gallo (‘Carlos Antonio Lozada’), Jaime Alberto Parra (‘El Médico’) y Milton de Jesús Toncel (‘Joaquín Góme.
La JEP tomó esta decisión tras validar que miembros de la red urbana de las Farc, bajo el mando de Julián Gallo. El tribunal sustentó la imputación recopilando, según sus documentos oficiales, miles de testimonios de víctimas y contrastando expedientes de la Fiscalía general de la Nación.
Los exguerrilleros habían sorprendido al país en octubre de 2020 al enviar una carta a la JEP asumiendo tempranamente la responsabilidad de este y otros homicidios, como el de Hernando Pizarro León-Gómez y el del exconsejero de Paz Jesús Antonio Bejarano). En ella explicaban que Gómez Hurtado era tenido como un “objetivo militar”.
Ahora se conocerá el peso de las pruebas y el peso específico de la verdad que reclamó hasta el día de su muerte Mauricio Gómez Escobar.
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