Tal vez sea una especie de compensación de la vida porque de alguna manera el representante a la Cámara Gabriel Santos aparece por lo menos como una figura decente, si se tiene en cuenta que es miembro del Centro Democrático y, por añadidura, hijo de un petardo llamado Pacho, caracterizado por sus metidas de pata. Pues bien, con tales credenciales sorprende que este joven político haya presentado un proyecto de reforma constitucional que reduce el periodo de vacaciones de los congresistas, o lo que es lo mismo, aumenta su tiempo de trabajo al mismo nivel de los demás servidores públicos.
A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, como diría el Galileo, y al Santos junior todo el reconocimiento por plantear de cara al país una de las inquietudes más frecuentes de los colombianos de a pie. Efectivamente, una de las razones del desprestigio de los congresistas, entre tantas, son los excesivos privilegios de que gozan, entre ellos el de laborar apenas unos meses en el año (y solamente dos días y medio a la semana). Otra de las prerrogativas más odiosas es el monto de sus elevados salarios, a la que se une el aumento automático cada año y el derecho de fijarlos ellos mismos.
Tan aferrados están los legisladores a sus gabelas que rechazaron (con honrosas excepciones) la propuesta del senador Bolívar de no cobrar los gastos de representación durante el periodo de pandemia. Por la situación excepcional que se vive era bastante ética y tenía una base legal, cual es la de que tales gastos se dan para compensar los costos de vivir fuera de las ciudades de origen y tener que estar sesionando en la capital del país.
Y dado que las sesiones eran virtuales y las atendían desde la comodidad de sus casas, desaparecía la razón de ser de ese reconocimiento (bastante sustancial por lo demás). Pero no, pudo más la codicia y la insensibilidad de aquellos a quienes no les importa realmente la suerte de sus compatriotas y que solamente se acuerdan de ellos y se toman las fotos de rigor en campaña, pero que se olvidan de sus electores hasta la siguiente época electoral.
Lamentablemente, como se dice en el argot popular, “una sola golondrina no hace verano” y el proyecto en mención seguramente tendrá entierro de tercera. De hecho, está bastante embolatado y la presidenta de la Cámara, del mismo partido al que pertenece Gabriel, no lo ha incorporado en la agenda de las últimas sesiones, lo que hará que simplemente no se debata en esta legislatura. Tan grave fue la situación que el proponente tuvo que poner carteles denunciando el saboteo a su proyecto y es él ahora quien tiene que sufrir los cuestionamientos de sus compañeros y la ira jupiterina del “presidente eterno”.
Por ello, desde las antípodas de su partido reconozco el valor de la propuesta y la audacia del congresista, así tenga que cabalgar como llanero solitario entre su propia gente. En realidad la iniciativa es muy moderada, pero es positivo que se plantee. Creo que el país debería aprovecharla para discutir más a fondo el papel del Legislativo y las condiciones en que desempeñan su labor los legisladores.
Lo que está fuera de duda es que con el actual Congreso el país no avanzará y que su reforma es imprescindible, acercando más los parlamentarios al pueblo. Debe garantizarse su independencia y fortalecerse la institución, pero a la vez limitando los privilegios de que gozan. Bien sea, como propone Santos, reduciendo su periodo vacacional o manteniendo el periodo de sesiones, aunque pagándoles solamente los meses laborados, como sucedía antes de la reforma constitucional de 1968. También puede pensarse en un régimen similar al de los concejales, recibiendo unos honorarios, sin prestaciones.
Igualmente, puede discutirse la severa incompatibilidad que les impide tener otro trabajo. Reconozco que ser legislador exige casi dedicación exclusiva, pero a la vez no es conveniente que los parlamentarios se conviertan en una casta totalmente alejada de los demás mortales. Su remuneración debe ser digna y decente, pero no estratosférica. Puede estar al nivel de los ministros, en el marco de unos cambios salariales que a su vez moderen la remuneración de la alta burocracia estatal y establezcan sueldos razonables que no superen los 15 salarios mínimos legales mensuales. Si hay un salario mínimo, ¿por qué no debería haber uno máximo?
Se dirá que esto es populismo, que es la palabra mágica para desacreditar cualquier idea dirigida a una mayor justicia social; no obstante, es apenas justo que se trate de reducir la brecha de la desigualdad tan marcada en Colombia. Además, quien no pueda vivir con esa suma que se dedique a otra cosa o se incorpore a empresas accionarias, como las inversiones en gas en el Perú de un expresidente que aparece mencionado en los papeles de Pandora.
Si se elimina la prohibición de trabajar en algo distinto al Legislativo y se les permite tener otros empleos o actividades durante el tiempo en que no estén sesionando, se tiene la ventaja adicional de que ya no serán la élite que hoy son y además estarán más cerca de la gente del común. Mantendrían el polo a tierra del contacto con el pueblo al que dicen representar.
En todo caso, necesitamos un nuevo tipo de parlamentario, y esto va ligado al fortalecimiento, democratización y depuración de los partidos. Los congresistas deben operar en verdaderas bancadas y estas a su vez tendrían que obedecer los programas y lineamientos de los partidos y movimientos. Que no se den las negociaciones por debajo de la mesa, rociadas con la mermelada abundante que suelen derramar los gobiernos para que los senadores o representantes les aprueben sus proyectos sin chistar y para que no cumplan su labor decisiva de control político al Ejecutivo.
Permítaseme traer dos anécdotas personales: hace unas decenas de años visité en Belice al senador Santiago Rosado, al que había conocido poco antes en un encuentro de políticos de América Latina en Buenos Aires. Acostumbrado al encumbramiento de nuestros legisladores, esperaba encontrarlo en una mansión disfrutando de una vida lujosa, y mi sorpresa fue verlo habitando una casa modesta en la que su esposa tenía un taller de costura. Me dieron un ejemplo de austeridad y sencillez, así como de compenetración con el pueblo al que pertenecían porque el hombre había llegado al Congreso como representante de varias asociaciones de pequeños cañicultores.
La otra se dio en Uruguay, donde también me sorprendí al ver que entre mis vecinos, en un modesto edificio de apartamentos en un sector de clase media baja en Montevideo, vivía también un representante a la Cámara del Partido Nacional (conservador), Javier Barrios Anza, que era, para todos los efectos, un ciudadano más y llevaba la vida normal y decorosa de un profesional promedio. Lo mismo puedo decir de los parlamentarios del Frente Amplio, varios de los cuales, sin descuidar sus tareas como legisladores, dedicaban parte del tiempo a ejercer sus profesiones como una manera de continuar vinculados a la producción y sentirse cercanos a sus conciudadanos. El propio Tabaré Vásquez, alcalde de Montevideo y luego presidente del país, aun en medio de sus complicadas tareas de gobierno, no se desvinculó de su profesión de médico oncólogo.
Algo tendríamos que aprender de esas experiencias, en vez de endiosar a los ñoños y otros especímenes que abundan en el recinto de las leyes, más dedicados a su enriquecimiento que a la verdadera representación de los intereses populares y regionales en una institución esencial en la democracia.
En fin, el país reclama a gritos un cambio y un Legislativo sintonizado con los intereses y anhelos de las grandes mayorías, y hay señales de que el amplio movimiento social que se ha hecho sentir vigorosamente en las calles puede traer aires nuevos al Congreso.
