Esta columna es la segunda columna que escribo sobre este tema. La primera la escribí y publique aquí hace dos años largos, en el comienzo mismo de la presidencia de Gustavo Petro. No fue escuchada y menos atendida, por lo que me congratulo de que Petro haya tomado por fin la decisión de nombrar ministro de defensa a un general. Eso sí, la situación política nacional e internacional ha cambiado, por lo que es necesario cambiar o, mejor, relaborar los argumentos que entonces esgrimí para justificar mi propuesta.
Entonces ofrecí como primer argumento, que la incorporación de un general al gabinete establece un puente, una vía de diálogo e intercambio de ideas, entre nuestro gobierno y nuestras fuerzas armadas. Habida cuenta de que estas últimas se han convertido en un compartimento estanco, en una suerte de estado paralelo que, además, de sus instalaciones y recursos estrictamente militares, posee su propia industria y sus propios sistemas de salud, educación e inclusive sus propios medios de información y comunicación.
Soy consciente de que todo ejército necesita cultivar el espíritu de cuerpo, el orgullo de pertenecer al mismo. Pero este espíritu tiene que ser balanceado por la consciencia de que el ejército es un ejército nacional, que responde y sirve a los intereses comunes de la nación que lo ha creado y lo sostiene en todos los sentidos, incluidos los económicos y financieros. Uno de los medios, aunque no él único obviamente, de promover la consciencia nacional es institucionalizar el diálogo de alto nivel entre el poder civil y el poder militar. Esta necesidad es la que da sentido al nombramiento como ministro de Defensa a un general. En mi primera columna pasé por alto el hecho de que esta clase de nombramiento podría implicar el pase al retiro de una parte importante de la cúpula militar, con las inquietantes consecuencias políticas que podría traer dicha decapitación.
El general Pedro Sánchez, de común acuerdo con Petro, ha resuelto el problema dándose de baja de las fuerzas armadas y pasando al estatuto de general retirado y por lo tanto sin mando en ninguna de sus ejércitos, cuerpos y unidades. Pero la baja no le impide convertirse en un excelente interlocutor con las nuestras fuerzas armadas y en un mediador privilegiado entre ellas y nuestro gobierno. Él ya sabe todo, permítame la exageración, lo que ellas piensan y desean y, con su vinculación al día a día del gabinete presidencial, podrá iniciarse en el conocimiento de los problemas que enfrenta actualmente un gobierno que representa legítimamente a la nación. Y que se esfuerza ser fiel al programa político por el que fue elegido, cuyo cumplimiento concibe, además, como un paso adelante en la satisfacción de los deseos de paz del pueblo colombiano. La paz que nos merecemos después de 60 años mal contados de guerra interminable. Gobierno que igualmente se empeña en hacer lo establecido en la Constitución política de 1991: hacer de Colombia un “estado social de derecho”. Porque es consciente de que la injusticia política y social engendra la violencia.
El general Sánchez podrá aportar a los debates y decisiones del gabinete presidencial su experiencia y conocimientos en el campo de las estrategias de largo plazo, a unos ministros que, tal y como ha recordado el presidente Petro, han sido hasta la fecha poco o nada conscientes de la importancia de las visiones y las políticas de gran aliento y larga duración. Petro explicó que “en Colombia nos han acostumbrado a no planificar y a no cumplir lo planificado”.
Un ejército para ser verdaderamente nacional debe sobrepasar el ámbito policial
A cambio, la participación del general Sánchez en el gabinete presidencial le permitirá un conocimiento directo de los problemas nacionales que allí se ventilan, a partir de los cuales podrá hacerse preguntas sobre las estrategias seguidas hasta la fecha por nuestras fuerzas armadas. Notas de prensa, publicadas a raíz de su nombramiento, han afirmado que su misión será pedir al gobierno nacional recursos para que nuestras fuerzas armadas puedan proseguir su lucha contra las “organizaciones criminales transnacionales”. Lucha que es uno de los objetivos específicos del Pentágono y, específicamente del Comando Sur, al que, sin embargo, nuestro gobierno no le conviene conceder prioridad. Ni a nuestras fuerzas armadas. En primer lugar, por razones de índole conceptual: combatir al crimen organizado es una tarea policial, de la que tiene y debe encargarse la policía nacional, en coordinación si hace falta con Interpol. Un ejército para ser verdaderamente nacional debe sobrepasar el ámbito policial y asumir que función es la de instrumento de la política internacional de la nación a la defiende y ante la que responde.
El hecho de que haya sido elevada al rango de política internacional por el Comando Sur de las fuerzas armadas estadounidenses no le quita el carácter policial a dicha lucha. La reciente decisión del presidente Trump de declarar “terroristas” a los cárteles de la droga mexicano deja bien claro que la transformación de la lucha puramente policial en una militar se promueve porque sirve abiertamente a la política internacional de Estados Unidos de América. Que, bajo la actual Uno de dirección de Trump es obligar a México, por todos los medios posibles, a aceptar una política económica contraria a sus propios intereses nacionales.
La pregunta que sigue es esta: ¿de qué le sirve a Colombia la transformación de la lucha contra el crimen organizado en un objetivo de la política militar del país? Y la verdad es que no hay respuesta a la misma. Porque hasta la fecha nunca se ha planteado esta pregunta porque nunca ha habido un debate político abierto y democrático sobre la política internacional de Colombia y sobre las consecuencias en términos militares de las misma. Por décadas se ha dado por hecho que no hace falta hacerlo o porque no era importante. O porque bastaba decir que nuestra política internacional era la misma de los Estados Unidos y por lo tanto nuestra política militar era la misma de esta gran potencia.
Creo, sin embargo, que las actuales turbulencias políticas internacionales y las transformaciones en las relaciones de fuerza a escala planetaria, exigen que se abra este debate. El debate político que defina nuestra política internacional y nuestra estrategia militar y nos permita tomar decisiones informadas y razonadas sobre ambas. Si es que realmente queremos tener un ejército nacional y no simplemente una fuerza policial o para policial. Un ejército que responda a los deseos de paz del pueblo colombiano y a la apuesta de los partidos políticos y los movimientos sociales por la vigencia de la Carta de las Naciones y por la salida pacífica y negociada de los conflictos entre las naciones y los pueblos.
Este debate puede abrirse de inmediato en el seno del gabinete, a propósito del pedido de compra de nuevos cazas de combate, formulado por la cúpula de nuestra fuerza aérea. Ala que, por cierto, se le ha cambiado el nombre por el de fuerza aeroespacial sin que se nos haya explicado porqué se ha hecho. ¿Acaso nuestras fuerzas armadas ya tienen satélites en el espacio y no nos lo han contado?
Pero vuelvo al punto para cuestionar dicho pedido por dos razones. La más practica e inmediata: ¿Por qué vamos a destinar una cantidad ingente de dinero a la compra de cazas que están diseñados más para la guerra internacional que para la lucha contrainsurgente? Como esta última aún se mantiene, parece mas razonable comprar nuevos helicópteros de combate, si es que hicieran falta ahora mismo. Porque ¿Cuál es la urgencia de proceder a la compra multimillonaria de cazas cuando contamos unos presupuestos de la nación que son claramente insuficientes para satisfacer las necesidades mas sentidas de las mayorías populares? Para no hablar de las indispensables y siempre postergadas inversiones en infraestructuras y comunicaciones.
La otra objeción se refiere directamente a la política militar del país. En este momento no creo exista un peligro inminente de ataque o invasión militar inminente al nuestro país, capaz de justificar el sacrificio que supone tamaño gasto multimillonario. Ninguno de nuestros vecinos está preparando una invasión de nuestro territorio y yo dudo mucho que la estén preparando Rusia o China, como suelen afirmar con constancia envidiable los medios hegemónicos. Pienso que ambas potencias tienen suficientes problemas en su entorno como para distraer fuerzas preparando una invasión de nuestro país o de algún otro país de América Latina. Y mientras no se proceda a una identificación del enemigo inmediato, se formule la estrategia para hacerle frente y se elaboren incluso los escenarios posibles de combate, no tiene sentido plantear la compra del armamento correspondiente. Estoy seguro que el general Sánchez aprendió todo esto en los cursos de Estado Mayor que realizó en los Estados Unidos de América.
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