¿Tocó crear policía cívica por la inseguridad en Cali?

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, ha hecho la controvertida propuesta de conformar una policía cívica para contrarrestar la inseguridad azota a esa ciudad

Por: Horacio Duque
febrero 13, 2020
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¿Tocó crear policía cívica por la inseguridad en Cali?
Foto: Policiacivicasantamarta CC BY-SA 3.0

La violencia golpea duro en Cali y el Alcalde Ospina piensa que la solución consiste en crear una policía cívica en los términos de la política de Seguridad Democrática del gobierno nacional, aunque su programa de gobierno tiene previsto otro esquema para erradicar la inseguridad y los fenómenos de sangre.

Cali, una metrópoli urbana con casi 3 millones de habitantes, incluidos municipios conurbados, es afectada duramente por la violencia. Hace pocas horas unos hinchas de un equipo de futbol asesinaron a puñaladas, a la vista de todo el mundo, a otro hincha del deportivo Cali. La ciudad tiene una de las más altas tasas de homicidios del país y la inseguridad campea en amplias zonas de su espacio territorial con raponazos, robos y atracos.

Todas las violencias azotan a Cali, pues se dan todas las manifestaciones de la violencia urbana y la misma es una oportunidad para las bandas delincuenciales.

Las violencias en la capital del Valle del Cauca, guarida de poderosos carteles del narcotráfico del sur occidente colombiano, se dan en todas sus formas: hay violencia de las economías ilegales (narcotráfico, microtráfico y trata de blancas), con oficinas de cobro, sicariato y bandas (casi 180 bandas activas); hay violencia societal, aquella que no se deriva de fracturas políticas pero que prospera con las riñas y la intolerancia en el espacio público; hay violencia estructural asociada con la pobreza, el desempleo y la desigualdad; hay “zonas marrones” por la inexistencia del Estado y la autoridad (O´Donell), que son barrios en los que manda el hampa; hay violencia sistémica como consecuencia de los coletazos de la guerra rural; y hay violencia molecular.

Para resolver esta caótica situación el actual Alcalde y su Secretario de Seguridad, Carlos Rojas, han planteado la idea de conformar una policía cívica en los términos que se ha concebido en la política de seguridad del gobierno del presidente Iván Duque. Se trataría de una guardia urbana contravencional cuya organización y funciones se definirán con la Policía Nacional. Está previsto que dicho cuerpo de seguridad será financiado por el presupuesto municipal en una cifra cercana a los 10 mil millones de pesos al año.

A la iniciativa le han surgido ciertas críticas respecto de su potencial para superar el fenómeno de la violencia y el de la rampante inseguridad.

Se trata, afirman, de pañitos de agua tibia para un problema estructural que debería ser abordado con una estrategia integral de seguridad y convivencia que retome la plataforma programática del alcalde Ospina, con un amplio consenso, dado el apoyo mayoritario alcanzado en las votaciones del pasado 27 de octubre, en que los caleños descartaron de tajo la narrativa uribista de la seguridad democrática agitada por el señor Ortiz.

En ese sentido resulta conveniente recordar los ejes centrales del Programa de Ospina que deberá convertirse en el Plan de desarrollo que oriente la gestión de la Alcaldía en los próximos 47 meses.

Veamos esos ejes:

Afrontar el uso y abuso de sustancias psicoactivas con programas de salud pública, centrados en la prevención del consumo, hacia todas las esferas de la vida Distrital.

Implementar coordinadamente desde las instituciones educativas programas de prevención del uso de drogas, basados en la promoción de talentos académicos, tecnológicos, deportivos y culturales, tanto en las escuelas, como en entornos barriales.

Enfrentar con autoridad, solidaridad, comunicación e integralidad vecinal y ciudadana el delito de tráfico de estupefacientes en espacios públicos y localidades.

Generar alternativas de desarrollo humano para la juventud inmersa en conflictos violentos y pandillismo con iniciativas sociales, culturales, educativas y productivas integradas que permitan el apoyo desde las organizaciones y procesos territoriales.

Desarrollar estrategias para la superación y prevención de violencias de género, feminicidios y abuso infantil, basadas en transformación de prácticas culturales que las generan.

Impulsar un programa integral e interinstitucional de prevención social de las violencias que haga de cada barrio, vereda, escuela y localidad un entorno de vecindarios con capacidad de resiliencia, convivencia y reconciliación.

Promover procesos de justicia restaurativa, comunitaria y ciudadana, para disminuir los niveles de violencia doméstica y la intolerancia ciudadana.

Disminuir el número de riñas fomentando un programa de consejerías y mediaciones comunitarias, con acciones específicas tratamiento alternativo de la violencia familiar, vecinal y cotidiana.

Hacer de Cali la ciudad de la convivencia en la fiesta del fútbol, implementando un programa integral de barrismo social.

Disminuir los eventos de intolerancia en los espacios públicos, desarrollando un ejercicio de gobernanza compartida, sobre la base del mejoramiento de la autoridad legal y la apropiación ciudadana de los derechos y deberes.

Hacer alianzas y acuerdos territoriales para desestimular los flujos de migración y desplazamientos forzados que impactan la estabilidad sociodemográfica de la ciudad y aumentan la conflictividad y vulnerabilidad poblacional.

Construir hermanamientos con las ciudades y regiones del mundo que nos afectan o están siendo afectadas, a partir de reconocer la movilidad global de las redes criminales; ejerciendo el principio de cooperación y apoyo técnico para la superación de la producción, la siembra, el consumo de cultivos ilícitos, el flujo de armas y de violencias organizadas. La desactivación de redes criminales y mafias en el territorio.

Fortalecer la investigación forense criminal y la judicialización, operando especialmente frente a objetivos de alto valor judicial y a escenarios críticos del territorio.

Fortalecer los controles perimetrales, conurbanos, aéreos, fluviales y del espectro electromagnético del nuevo Distrito Especial, recuperando la autoridad y la seguridad estratégica de nuestro territorio.

Incorporar nuevas tecnologías digitales y satelitales para el monitoreo y seguimiento a los riesgos, amenazas y vulnerabilidades por violencia en la ciudad.

Disminuir las tasas de robos y homicidios, enfrentando decididamente las redes criminales con una perspectiva de gestión interinstitucional, metropolitana y regional.

Estabilizar y ampliar la fuerza pública con énfasis en la formación de unidades especializadas en inteligencia y la persecución del delito.

Fortalecer la microzonificación de las acciones de seguridad estratégica de una forma más integral, para brindar garantías a la vida, principalmente en las localidades más críticas.

Automatizar de forma más decidida la capacidad de respuesta institucional frente al comportamiento delictivo y a los riesgos de violencia cotidiana.

Fortalecer la gestión de cooperación internacional para la superación de los factores globales que generan la reproducción de la criminalidad.

Enfrentar la situación carcelaria, demandando de la nación medidas de acompañamiento y gestión especial regional ante la crisis estructural de nuestro sistema de reclusorios.

Fortalecer el sistema alternativo de reinserción y rehabilitación de jóvenes involucrados en la responsabilidad penal, fortaleciendo su relación con los procesos de educación para el trabajo y el desarrollo humano.

Promover condiciones de gestión nacional y departamental para el mejoramiento de las condiciones de la rama judicial local, para que el sector pueda ejercer su tarea de impartir justicia y prevenir el delito.

Fortalecer el proceso de justicia alternativa y comunitaria, potenciando y ampliando el programa municipal de Casas de Justicia. La acción de paz y reconciliación.

Desestimular la letalidad de las violencias sociales y las dinámicas aceleradas de conflicto urbano presentes en el territorio, mediante procesos de mediación y favorabilidad para su tramitación pacífica y de reparación y reconciliación.

Promover a Cali como ciudad anfitriona de los esfuerzos sostenidos de paz, reconciliación y convivencia ciudadana; impulsando la implementación de los Acuerdos de Paz en la perspectiva de reconocer el lugar que ocupamos en la interdependencia de los conflictos del suroccidente colombiano.

Fortalecer procesos de participación, formación y organización de gestores en derechos humanos, convivencia y reconciliación en red social de cooperación para la no violencia.

Impulsar iniciativas ciudadanas para potenciar la rectificación frente al conflicto armado y la violencia social, con gestos civiles y procesos educativos de paz, reconciliación y perdón.

Diseñar e implementar acciones de reparación ciudadana y de proyección de la ciudad como territorio de paz, impulsando obras para la convivencia, la paz y la reconciliación en las localidades con mayor presencia de víctimas.

Fortalecer iniciativas de economía solidaria para pequeños productores, asegurando franjas de mercados y espacios de mercadeo para la construcción de paz y convivencia que involucren alternativas de sostenibilidad para sectores en superación del conflicto urbano.

Implementar la educación cívica en democracia y ciudadanía para la policía y demás cuerpos armados estatales presentes en el territorio, fortaleciendo su acción legítima entre la ciudadanía.

Por qué no se retoman estas iniciativas y se convoca a la ciudadanía en su urgente implementación, es la pregunta que nos hacemos

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