En Argentina, el nuevo presidente Javier Milei pone en marcha una de sus primeras medidas de choque. Mediante un decreto, rescinde los contratos de los trabajadores estatales que ingresaron en este 2023, lo que supone en la práctica el despido de 7.000 funcionarios.
Esta cifra podría aumentar, ya que el gobierno argentino revisará en los próximos tres meses los contratos de los empleados del sector público contratados antes del 1 de enero pasado.
Este miércoles la CGT ha organizado una marcha ante Tribunales para protestar contra la reforma laboral, que el sindicato va a impugnar legalmente.
"Hemos presentado ante el Juzgado Federal dos de la Justicia Argentina una denuncia penal para que se investigue si estas conductas que viene llevando adelante el presidente, pero también todas las otras personas involucradas en el decreto son contrarias a la Constitución. Tenemos que atacar estas medidas, este ajuste que hoy se descarga sobre todo el pueblo, en tres planos en el Congreso, en la Justicia y en las calles”, afirma a RFI Rodolfo Aguilar, secretario general de la Asociaciones de Trabajadores del Estado, la ATE.
'La liberación de los precios ha multiplicado la inflación'
El sinceramiento de los precios, media reciente de Milei, ha sido aplaudido por el mundo empresarial pero provoca también una subida en la inflación, ya por las nubes con más del 160%.
“De un plumazo pretenden llevarnos a la última dictadura militar. El programa económico que pretende llevar a cabo el presidente Milei sólo encuentra antecedentes en el año 1976. Allí uno puede advertir un programa de esta magnitud, en principio liberando todos los precios de la economía, generando la multiplicación de la inflación y de esa manera la multiplicación de la pobreza”, estima Aguilar.
'No hay plata'
Javier Milei anunció además que Argentina carece de fondos para pagar la fianza del contencioso ante la justicia de Estados Unidos por la nacionalización de la petrolera YPF, una operación que debe realizar el 10 de enero.
"Hay un problema, porque la plata no la tenemos, pero sí tenemos la voluntad de pagar", dijo el mandatario ultraliberal en una entrevista con el canal La Nación +.
En septiembre pasado, la jueza Loreta Preska de Nueva York condenó al estado argentino a pagar 16.100 millones de dólares a dos empresas accionistas de YPF que no fueron indemnizadas tras su nacionalización en 2012.
