Los argumentos de unos y otros, llenos de mutuas acusaciones, endilgando responsabilidades por haber convivido, gobernado, auspiciado y/o otorgado mayores beneficios a criminales, narcotraficantes y terroristas; resultan insensatos e irrelevantes, desvían la atención sobre lo fundamental y en últimas, como suele suceder, será flor de un día, tal como ocurrió con el acuerdo para bajarle el tono a la violencia verbal auspiciado por la Iglesia Católica.
El mandato constitucional y legal es preciso, otorga competencias claras al Ejecutivo cuando se busca la paz, la justicia y la seguridad; y ante un prevaricato la justicia actúa, claro, a veces se corrompe, negocia sus principios y se somete a oscuros intereses. El registro histórico es irrefutable, los presidentes de la República desde los años 80, sin excepción, han hecho uso, mal o bien, de estos instrumentos, para la muestra un botón, el presidente Gustavo Petro es uno de los beneficiados. Muchos jóvenes no lo saben, y la ignorancia los vuelve tozudos, enseguecidos, particularmente en una coyuntura tan abstracta, donde la polarización enrarece la comprensión y el exceso de información exacerba la desinformación por saturación o manipulación.
En Colombia, desde la emergencia de los carteles del narcotráfico, las guerrillas, las autodefensas, las bacrim, las disidencias, las pandillas y demás denominaciones; los gobernantes y aliados políticos han acudido a estrategias, tácticas y estratagemas de todo calibre, algunos soterrados y siniestros, con interlocutores non muy sanctos por cierto, y otras seriamente discretas, transparentes e institucionales, buscando explorar un diálogo, negociación, sometimiento, amnistía, indulto, o cualquiera que fuere, para reducir la violencia, beneficiando a individuos y/o organizaciones al margen de la ley, de toda calambre, inclusive con Pablo Escobar en las épocas más sangrientas del narcoterrorismo, permitiéndosele construir y estar recluido en su propia catedral, y hasta sugirió saldar la deuda externa del país con sus finanzas criminales. .
A todo buen ciudadano, de la orilla ideológica que sea y sin vínculos con grupos al margen de la ley; a las víctimas y sus familias; a los ciudadanos hastiados y que rechazan vehemente la violencia; y especialmente a quienes hemos sido soldados y policías de la patria; nos enerva con evidente escozor, observar a través de las pantallas a victimarios que pontifican, haciendo leyes desde el Congreso de la República y sin que aún, la desprestigiada e inepta JEP haya dictado una sola sentencia en su contra después de 9 años. También decepciona presenciar eventos públicos, tarimas y otros escenarios con criminales y exconvictos en el rol de gestores de paz, con trato privilegiado y cruzando saludos fraternos con gobernantes, altos funcionarios y ministros. La razón es solo una, en su vida se han dedicado a destruir la democracia con la crueldad de sus acciones, sin compasión con millones de víctimas que no han conocido la verdad, la justicia y la reparación, y porque solo han sembrado narcotráfico, criminalidad y violencia.
Transcurridos tres años, el daño es irreversible y el impacto innegable
Estamos afrontando así, una irónica utopía, resultado de un plan de gobierno fracasado, que navega en una isla imaginaria, que solo ha favorecido el crimen y la violencia. Con una responsabilidad histórica para el primer mandatario y su equipo de gobierno, porque transcurridos tres años, el daño es irreversible y el impacto innegable: una paz total, un lenguaje del amor y un país potencia de la vida, que no ha sido otra cosa, que una nebulosa de globos en el aire para cautivar ingenuos con discursos mesiánicos, falsas promesas y actos de auto flagelación en plazas públicas; y de otro lado, la peor consecuencia de esta irónica utopía, se ha cimentado el caldo de cultivo perfecto para escalar la violencia, robustecer las economías criminales y reacomodar el narcotráfico, las disidencias, el ELN y el Clan del Golfo, con síntomas muy similares a la década de los 90s, pese a los ingentes esfuerzos, constantes afugias y contradicciones internas de nuestra Policía Nacional y de las Fuerzas Militares.
Los efectos son deplorables. Esta irónica utopía, tiene al senador Miguel Uribe, un joven promesa para el país debatiéndose entre la vida y la muerte. Esta irónica utopía es la que tiene envalentonados a criminales y terroristas desafiando a las instituciones, asesinando y secuestrando a soldados y policías de la Patria. Esta irónica utopía es la que tiene a miles de niños, adolescentes y jóvenes consumidos en las drogas, viviendo en las ollas del microtráfico a la espera de un contrato sicarial o de una oferta criminal para integrarse a un grupo al margen de la ley; con el 20% de la juventud sin empleo, y con un previsible y peligroso aumento de la informalidad que se proyecta del 52 al 65% con la nueva reforma laboral.
Esta irónica utopía, es la que nos tiene con hectáreas récord de cultivos ilícitos produciendo toneladas de cocaína y marihuana sin precedente alguno; es la misma que desde ya, hábilmente usufructan los violentos en un año preelectoral, para mantenernos sumergidos en una crónica e irónica utopía! Es hora de despertar.
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