Por la hiperinterconectividad tecnológica la humanidad se encuentra hoy en la ERA DIGITAL, un hecho tecnológico también conocido como la Cuarta Revolución Digital (4RI), que le da acceso a todo tipo de información por internet y que ocasiona también el ciberespacio compuestos por los datos, bits, cubit, fotones, programación de algoritmos, sistemas de cómputo cuántica, big data y arquitecturas robóticas.
Esta revolución ha dado nacimiento, entre otras cosas, a inteligencia artificial (IA) un proceso de transformación social de preocupante e imprevisible impacto social y económico.
Científicos e investigadores líderes de la industria han advertido que la IA podría suponer un riesgo de extinción para la humanidad entre los próximos 5 a 10 años, una amenaza que por su veloz desarrollo y difícil control debería considerarse un riesgo social del mismo nivel que las pandemias y las guerras nucleares.
El presidente de Microsoft Brad Smith y el CEO de OpenAI Sam Altman, han pedido una mayor regulación. El científico británico Geoffrey Hinton explicó los motivos que lo llevaron a abandonar la vicepresidencia de Ingeniería de Google y por qué el mundo debe temer esta tecnología: “Si hay alguna forma de controlar la inteligencia artificial, debemos descubrirla antes de que sea tarde”, ha dicho.
En este contexto aparece la propuesta de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea donde se pretende “promover la adopción de una inteligencia artificial fiable y centrada en el ser humano, que garantice un elevado nivel de protección de la salud, la seguridad, los derechos fundamentales, la democracia y el Estado de derecho, así como del medio ambiente, frente a sus efectos nocivos". El proyecto protege a los ciudadanos al tiempo que promueve la innovación, no obstaculiza la creatividad, el despliegue y desarrollo de la IA en Europa.
Se incluyen controles a sistemas utilizados para influir en los votantes en las elecciones, así como a las plataformas de redes sociales con más de 45 millones de usuarios que alojan contenidos de sus usuarios, lo que incluiría a Facebook, Twitter e Instagram.
La ley también establece requisitos de transparencia para los sistemas de IA como el ChatGPT que tendrían que revelar cuando sus contenidos son generados por IA así como distinguir las imágenes falsas de las reales y proporcionar salvaguardas contra la generación de contenidos ilegales, falsos, violentos u ofensivos. También tendrían que publicar resúmenes detallados de los datos protegidos por derechos de autor utilizados para entrenar estos sistemas de IA. Los sistemas de IA con riesgo mínimo o nulo, como los filtros de spam, quedan en gran medida fuera de las normas.
El incumplimiento de estas normas expone a sus propietarios a multas potencialmente enormes por incurrir en prácticas prohibidas que IA podrían acarrear multas de hasta 40 millones de euros (US$ 43 millones) o una cantidad equivalente a un máximo del 7 % de la facturación anual global de una empresa, lo que resulte mayor.
Esto va mucho más allá de la severa ley europea de protección de datos en virtud del cual recientemente se impuso a Meta una multa de 1.200 millones de euros (US$ 1.300 millones). El severo Reglamento General de Protección de Datos europeo (GDPR) establece multas de hasta 10 millones de euros (US$ 10,8 millones), o hasta el 2 % de la facturación global de una empresa. Las sanciones serán "proporcionales" y tendrán en cuenta la posición en el mercado de los pequeños proveedores, lo que sugiere que podría haber cierta gracia para las empresas emergentes, según afirman sus analistas
Se ha dicho que las multas en virtud de la ley de IA sirven como grito de guerra de los legisladores para decir “tómense esto en serio”. La ley otorga a los ciudadanos el derecho a presentar denuncias contra los proveedores de sistemas de IA y prevé la creación de una Oficina Europea de la IA para supervisar el cumplimiento de la legislación. También exige a los Estados miembros que designen autoridades nacionales de supervisión de la IA.
Entre tanto en Colombia estamos en pañales, después del CONPES 3975 de 2019 que se esfumó sin pena ni gloria, en el Gobierno del Cambio de Petro, su ministro Mauricio Lizarazo no ha vuelto sus ojos a mirar este tema prioritario y de urgencia.
*El autor es investigador y abogado especializado en regulación de telecomunicaciones y nuevas tecnologías.
