La reunión trilateral de Xi Jinping, Donald Trump y Vladímir Putin, celebrada el 19 de noviembre de 2026 en Shenzhen, al margen de la cumbre de la APEC, fue el primer encuentro de este tipo entre los líderes de Estados Unidos, China y Rusia. Duró aproximadamente 81 minutos y produjo una declaración de cuatro puntos, pero ningún acuerdo vinculante sobre Ucrania, Irán, desarme nuclear o comercio.
Antes de contaminarme con los comentarios de periódicos o de las redes sociales expreso mi visión objetiva por lo que observé en la transmisión directa de tan importante evento, resaltando que su verdadero significado no está en lo que resolvió la cumbre, sino en lo que reveló: es decir, en pocas palabras, una tentativa de reconstruir la gobernanza mundial desde la lógica de las grandes potencias, con una lectura restrictiva del derecho internacional y de las instituciones capaces de exigir responsabilidad a los Estados. Seguí la transmisión en directo a través de CNN.
Pude ver una escena de poder. El encuentro se realizó en la Villa Kylin, en las afueras de Shenzhen. Xi ocupó el centro de la mesa; Trump y Putin se sentaron a ambos lados. La disposición no fue un detalle protocolar: comunicó la pretensión de Pekín de actuar como anfitrión, mediador y potencia central de un orden asiático-pacífico cada vez menos occidental.
Trump llegó a Shenzhen tras una recepción excepcional de Xi, quien lo recibió al pie del avión, un gesto reservado por el líder chino a muy pocos visitantes desde que asumió la presidencia. Para Beijing, la hospitalidad fue también una inversión diplomática: proyectar a China como potencia indispensable sin asumir compromisos que comprometieran su autonomía estratégica.
Putin, por su parte, obtuvo algo que había perdido tras la invasión de Ucrania: presencia protocolar en una mesa de primer nivel, junto a las dos mayores potencias nucleares del mundo. La fotografía trilateral le permitió presentar a Rusia no como un Estado sancionado y aislado, sino como uno de los “vencedores de la Segunda Guerra Mundial” y cofundador del sistema de Naciones Unidas.
Trato de puntualizar lo que acordaron. La declaración conjunta abordó cuatro materias: reforma de la ONU, suministro y producción de derivados del petróleo, diálogo para reducir riesgos nucleares y prevenir la proliferación, y una posición común frente a la Corte Penal Internacional (CPI). La ausencia más notable fue la de compromisos concretos sobre las dos guerras que condicionan la seguridad global: la confrontación bélica entre Rusia-Ucrania y el conflicto entre Estados Unidos e Israel e Irán. Trump dijo que había planteado Ucrania, pero la declaración pública no recogió mecanismos de alto el fuego, retirada, garantías de seguridad ni participación ucraniana.
El derecho internacional en disputa
Xi Jinping, Donald Trump y Vladímir Putin se reunieron por primera vez en una cumbre trilateral y coincidieron en restringir la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, enfatizando la soberanía estatal y las inmunidades de los funcionarios.
El punto jurídico central fue la crítica compartida a la CPI. Los tres líderes afirmaron que el consentimiento de los Estados y la inmunidad de los funcionarios estatales son de “primordial importancia”, y que la CPI y organismos similares no deben “abusar de su jurisdicción”.
La afirmación mezcla dos cuestiones jurídicas distintas. Primero, la inmunidad de los jefes de Estado es un principio reconocido del derecho internacional, orientado a proteger la función estatal y las relaciones diplomáticas. Segundo, la CPI fue creada por el Estatuto de Roma precisamente para procesar a individuos —no Estados— por genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y crimen de agresión, cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no quieren hacerlo.
La posición de Trump, Xi y Putin no elimina la jurisdicción de la CPI ni modifica su Estatuto. Pero sí busca debilitar su legitimidad política y crear un frente de las tres potencias permanentes del Consejo de Seguridad contra la idea de que ningún gobernante está fuera del alcance de la justicia internacional. Para Putin, cuya orden de detención emitida por la CPI sigue vigente, el beneficio era evidente.
La paradoja es profunda: Putin invocó la preservación y el fortalecimiento del “sistema del derecho internacional”, mientras Rusia continúa librando una guerra de agresión contra Ucrania. El derecho internacional no se reduce, sin embargo, a la soberanía estatal: también comprende la prohibición del uso de la fuerza, la integridad territorial, la no intervención y la responsabilidad individual por crímenes internacionales.
Aparece el fantasma de Yalta. Las referencias de Xi y Putin a la posguerra no fueron casuales. Ambos evocaron el momento en que las grandes potencias organizaron el orden internacional tras 1945. La comparación con Yalta, propuesta por analistas y temida por Kiev, alude a un modelo en el que unas pocas potencias deciden sobre territorios y esferas de influencia sin la participación de los pueblos directamente afectados. Convengo con el crítico político Yesmil Pérez que no es un “Yalta 2.0”.
Esa modelo choca con la arquitectura jurídica de la ONU. La Carta de San Francisco no consagra un derecho de las grandes potencias a disponer del destino de Estados menores; consagra, al menos formalmente, la igualdad soberana de los Estados, la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza y el principio de autodeterminación. La reunión de Shenzhen no creó una nueva Yalta, pero su lenguaje y su fotografía alimentaron la sospecha de que las potencias desean administrar los conflictos antes que resolverlos conforme al derecho.
La ausencia de Ucrania e Irán fue decisiva. Ningún acuerdo sobre la guerra en Ucrania puede ser legítimo o duradero si excluye al Estado agredido; ninguna fórmula sobre Irán puede ser estable si ignora a las partes directamente involucradas. La diplomacia de cumbres puede preparar terrenos, pero no sustituye la negociación con quienes tienen derechos, obligaciones y vidas en juego.
El tema nuclear fue el más delicado. Trump planteó la necesidad de negociar un nuevo pacto de no proliferación y control de armas con Moscú y Beijing. Xi, en cambio, no ha mostrado disposición a aceptar límites simétricos con dos potencias cuyos arsenales superan ampliamente al chino.
La declaración se limitó a promover un diálogo para “reducir los riesgos nucleares” y prevenir la proliferación. Es una fórmula prudente, pero insuficiente: no restablece un régimen de verificación, no aborda la expiración de New START ni reconstruye los instrumentos de control de armas que han sido desmantelados en las últimas décadas.
Xi sí pronunció una idea importante: “deben hacerse todos los esfuerzos por prevenir la guerra nuclear”, vinculándola a la “prohibición total y destrucción integral” de tales armas. Pero la distancia entre una declaración de principios y un tratado verificable es enorme.
Geopolítica: tres estrategias distintas
Cada líder salió de Shenzhen con una ganancia política distinta.
- Xi Jinping consolidó a China como potencia organizadora y facilitadora, sin ceder en sus intereses nucleares, tecnológicos o territoriales. Evitó que la cumbre se convirtiera en una “Yalta 2.0” sobre Ucrania, algo incompatible con su discurso público de multilateralismo. Acertada la anotación de Yesmil.
- Trump buscó demostrar que puede tratar directamente con las dos grandes potencias rivales y presentar el diálogo como una alternativa al aislamiento. Pero no obtuvo avances verificables sobre Ucrania, Irán, comercio, inteligencia artificial ni desarme.
- Putin recuperó legitimidad escénica y logró que la crítica a la CPI apareciera en una declaración compartida con Washington y Beijing. Su mayor victoria fue simbólica, no sustantiva.
Shenzhen no fue una conferencia de paz. Fue una cumbre de poder. Sus resultados fueron declarativos, sus compromisos carecieron de mecanismos de cumplimiento y sus silencios fueron tan elocuentes como sus palabras.
El desafío para el derecho internacional no es que tres potencias se reúnan; eso es diplomacia. El problema es cuando la reunión se convierte en un vehículo para relativizar la responsabilidad individual, proteger la impunidad de los gobernantes y sugerir que la paz puede negociarse por encima de los derechos de los Estados agredidos.
La historia recordará la fotografía de Xi, Trump y Putin. Pero el juicio histórico dependerá de otra cosa: si aquella mesa produjo una arquitectura de seguridad basada en reglas, verificación y justicia, o si solo reafirmó que, para las grandes potencias, el derecho internacional sigue siendo un instrumento que se invoca cuando conviene y se cuestiona cuando incomoda.
Bogotá, 19 de noviembre de 2026
Roberto Córdoba Triviño
También le puede interesar:
Anuncios.


