El dinero de la solidaridad no puede ser un secreto de Estado

Cuando una catástrofe golpea a miles de colombianos, la solidaridad se convierte en un deber colectivo. Pero cuando esa solidaridad se canaliza a través de una fundación privada, promovida desde la Presidencia y la Vicepresidencia, la transparencia deja de ser una cortesía: se convierte en una obligación democrática.

El Juzgado 126 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá ordenó a la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, vinculada a la primera dama Ana Lucía Pineda, complementar en 48 horas la información sobre las donaciones recibidas para atender a las víctimas del terremoto del 10 de agosto. La decisión amparó el derecho de petición del senador Alejandro Ocampo y exige explicaciones claras sobre montos, destinos, plazos, beneficiarios, inventarios y soportes contables. 

Esta orden judicial no es una condena, en efecto, la fundación no ha sido declarada culpable de nada. El juez no concluyó que hubo apropiación, desfalco ni irregularidad. Lo que determinó es algo más modesto, pero decisivo: la respuesta inicial no fue suficientemente clara, precisa ni de fondo frente a los recursos que la entidad recibió, administró, canalizó o distribuyó durante la emergencia. 

La fundación había respondido el 20 de octubre que las solicitudes eran improcedentes por su carácter privado. El juez consideró, sin embargo, que existía una circunstancia diferenciadora: la cuenta de la fundación fue difundida institucionalmente como canal principal de la campaña “Colombia, un solo corazón”, articulada con la Vicepresidencia y la Superintendencia de Sociedades. Una entidad privada puede ser privada, pero no puede esconderse tras esa condición cuando asume un papel central en una respuesta pública a una tragedia nacional. 

Lo que la fundación reportó, según su Informe de Gestión 2026, la Fundación Colombia Luz y Sonrisas recibió, administró y canalizó $54.589.523.791 entre el 7 de julio y el 16 de octubre de 2026. Reportó gastos administrativos cercanos a $11,9 millones, la movilización de 5.652,2 toneladas de ayuda humanitaria y la atención de más de 48.000 personas en 80 municipios.

El 81 por ciento de la suma reportada proviene de una donación del Grupo Gilinski, destinada a la reconstrucción de instituciones educativas y centros de salud en Cali. La fundación sostiene que el resto permanece disponible para una segunda etapa de reconstrucción, sujeto a las condiciones de los donantes.

No obstante, la pregunta que sigue viva.  la controversia no nace de una cifra, sino de una brecha: el senador Ocampo afirmó que se habían anunciado donaciones por cerca de $503.000 millones, mientras la fundación reportó $54.589 millones. La diferencia puede tener explicaciones —compromisos anunciados, pero no recibidos, aportes gestionados por otras entidades, promesas de gobiernos extranjeros o empresas—, pero lo cierto es que todavía no ha sido explicada de manera pública, detallada y verificable. Lo que debió suceder sin necesidad de acciones legales y judiciales ni clamores de angustia de miles de víctimas o familias que lo perdieron todo.

Comparar ambos montos no demuestra, por sí solo, que el dinero haya perdió o que la citada fundación se lo apropió. Pero tampoco permite dar por cerrado el asunto. La ciudadanía tiene derecho a saber quién donó, cuánto ingresó efectivamente, qué se ejecutó, qué sigue pendiente, quién recibió cada aporte y qué mecanismos existen para impedir que la solidaridad se diluya en la opacidad. 

Algunos medios alternativos de comunicación y en las redes sociales hacen la censura, por la cortina de humo que se coloca frente a este delicado asunto, con el escándalo periodístico, fabricado con 49 primeras damas que Gustavo Petro supuestamente, llevó al lecho nupcial presidencial, a cambio de contratos estatales.

¿Entonces se preguntarán mis lectores y la ciudadanía, qué es lo que está en juego?

El fallo exige a la fundación entregar soportes de su balance, información sobre donaciones en especie, inventarios, pérdidas o devoluciones, datos agregados de beneficiarios, montos asignados, cronogramas de ejecución y posibles aportes de contratistas del Estado. También deberá explicar el manejo de los recursos de Gilinski destinados a Cali y los mecanismos de seguimiento de esos proyectos. 

No se trata de ofender a la primera dama ni de convertir una tragedia humanitaria en un espectáculo político. Se trata de algo más fundamental: cuando el poder público invita a los colombianos a donar para reparar a víctimas de una tragedia, la cuenta debe ser pública, auditable y comprensible. La ayuda debe llegar con la urgencia de una emergencia y NO quedarse en el limbo de una contabilidad privada.  Repito, no es un acto de cortesía sino una obligación democrática. 

Con relación al dinero, de las donaciones, destinado para las víctimas del terrible terremoto de agosto pasado, la solicitud de la transparencia que se pide, no es una acusación. Es la condición mínima para que la confianza sobreviva a la catástrofe. Con este breve escrito considero haber demostrado mi tesis: El dinero de la solidaridad no puede ser un secreto de Estado.

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