Con la entrada en vigencia de la Justicia Especial para la Paz (JEP) con la cual han obtenido y obtendrán la libertad varios condenados por delitos atroces como el secuestro, terrorismo y múltiples asesinatos, muchos ciudadanos deducimos que el mensaje enviado a la revolucionada sociedad colombiana es que en este país “SER DELINCUENTE PAGA”. Además, los atentados terroristas, los secuestros, retenciones, extorsiones y el reciente plan pistola que le costó la vida a varias decenas de policías, confirman que al parecer estamos pensando que en Colombia entre más delitos se comentan, mejor oportunidad se tiene para obtener beneficios por parte del estado.
Las concesiones (impunidad, perdón y olvido, libertad, garantías, curules en el Senado, presupuesto, empleo para excombatientes, no reparación a las víctimas, entre una larga lista) que obtuvieron las Farc en el proceso firmado con el gobierno Santos, son un mal precedente que estimula la violación de las normas y los derechos humanos en este país.
Es contradictorio e indignante que mientras en algunas cárceles del país, al menos unos 2.000 guerrilleros están a la espera de obtener su libertad, por cuenta de la JEP, allí mismo, se encuentran muchos campesinos purgando penas por el delito de narcotráfico, quienes cayeron en desgracia por habérsele hallado en su poder uno o varios kilos de base de coca, que en varios casos fueron obligados a cultivarla por el grupo Farc.
La historia de Nubia, nombre cambiado por seguridad, es la de su esposo que cayó en un retén del ejército en la vía Solita – Florencia, con 1.000 gramos de base de coca, quien según ella, se arriesgó a transportarla para poderla vender a otro comprador diferente a las Farc, porque necesitaban con urgencia esos recursos, a pesar que este grupo les prohibía que está fuera vendida a otros narcos.
“Es indignante, que las Farc, no solo sus crímenes queden impunes, sino que en vez de ellos indemnizar a sus víctimas, a nosotros nos toque indemnizarlos a través de los impuestos que pagamos, que Santos nos impuso para financiar el mal llamado proceso de paz”, dijo un ciudadano, a quien las Farc le desapareció un hermano.
Muchos de los que votamos por el NO, coincidimos en pensar que, LA PAZ que le está vendiendo el presidente Santos a la comunidad internacional, no es real, en razón las excéntricas concesiones que le está otorgando el gobierno a las Farc a cambio de su desarme, y que deja en la mayoría de colombianos frustración e indignación por la falta de justicia y premiación que están recibiendo a cambio de los 53 años de terror y muerte que vivimos por cuenta de sus actos de barbarie.
La baja aprobación de los colombianos a la gestión del presidente Santos, según las encuestas nacionales, es la muestra del inconformismo de la ciudadanía.
La inminente salida de las cárceles de algunos miembros de las Farc, conocidos con los alias del “carcelero” y Rojas” entre otros, aumentan la desaprobación de los colombianos al proceso de desarme de las Farc y reintegración a la vida civil.
“Lo que dejaron las Farc en estas tierras fue tristeza, huérfanos, desplazamiento, pobreza. El sanguinario legado de ‘Rojas’”, dice un aparte de un artículo publicado por la periodista Salud Hernández.
Por su parte, el investigador Mauricio García Villegas, en su libro ‘El orden de la libertad’, plantea la necesidad de superar el desorden y la falta de autoridad que vive el país.
“Existe una preocupación legítima de que cuando se impone la cultura del perdón permanente, hay incentivos para rebelarse o para no cumplir las normas. Eso pasa cuando el castigo es improbable, débil o negociable.
Colombia nunca tendrá una democracia consolidada mientras no construya un Estado legítimo y confianza ciudadana. La gran pregunta es si las Farc realmente van a ser unos aliados de la institucionalidad y la construcción de ese Estado”, indica apartes de una entrevista a García Villegas publicada en un medio de comunicación.
Un artículo publicado en Pais de Espeña, hace una comparación entre el desarme del ETA el IRA y el proceso con las Farc, el cual titula textualmente: “El desarme de ETA no es como el del IRA o las FARC”.
Asímismo señala: “Casi seis décadas después de su nacimiento y cinco años y medio después de renunciar a la violencia, la banda terrorista ETA culmina su proceso de desarme unilateral, sin haber obtenido concesión alguna del Gobierno.
Contrariamente a la desmovilización del ETA en España, los colombianos debemos aportarle al gobierno los impuestos que le permitan cumplir a las Farc lo pactado, que tendría un costo superior a los 240 billones de pesos, en los próximos 20 años, en compensación a las más 220.000 víctimas fatales que dejó el grupo armado durante los 52 años de terror y muerte.
Sin embargo, la paz no ha llegado, ni llegará, y el presupuesto de la guerra seguramente deberá ser fortalecido para protegernos de los grupos disidentes de las Farc, las bacrim, el ELN, MRP, EPL etc., mientras tanto las miles de víctimas desplazadas continúan esperando por lo menos una vivienda digna que los gobiernos le han prometido a través de las fatídicas carta cheques.
Las victimas desplazadas por las Farc deambulan por las ciudades y pueblos de Colombia, sin empleo, sin vivienda, sin alimentos, sin garantías, mientras que a las Farc se les construye 23 zonas veredales transitorias de normalización, con todas las comodidades para su agradable estadía, con escenarios, deportivos, gimnasios y alimentación. ¡Qué ironía con las víctimas el festín de las Farc!
