Las firmas constructoras foráneas, colombianas o extranjeras, escogen “invertir” en el centro histórico de Cartagena y llegan con el trillado discurso del empleo que generan para los más pobres de la ciudad. Exponen con la mayor convicción el argumento que ha terminado por convertirse en una moderna “patente de corso” que les permite violar las normas vigentes en Cartagena para hacer aprobar proyectos inmobiliarios que son muy exigentes cuando se trata construir en el centro histórico.
“Patente de corso”, porque “corso” significa “cursus”, en latín, pero es tomada de la expresión francesa “lettre de couse” o carta de carrera, que permitía a ciertos barcos rápidos, que obtenían “concesión graciosa de la corona”, saquear naves extranjeras en nombre del rey de Francia. No es distinto de lo que pasa hoy en Cartagena cuando firmas constructoras, con algún prestigio nacional, y otras veces sin él, que para el efecto poco importa, vienen a la ciudad emblemática de Colombia a saquear nuestro patrimonio, de los pocos bien conservados en el país.
No existe explicación para que funcionarios nacionales y locales aprobaran lo que, por desgracia, ya empezaron a construir pero que se puede parar porque es ilegal, en el sitio donde hasta hace pocos años estaba la muy valiosa plaza de toros La Serrezuela, a donde vinieron los mejores toreros del mundo, ofreciendo un maravilloso espectáculo. La plaza la dejaron acabar para disponer del lote y poder usarlo en un proyecto muy rentable quitándose de paso un estorboso “elefante blanco”. Esto, para los cartageneros amantes de nuestro patrimonio, es un crimen cultural que no podemos aceptar: que cambien la romántica y hermosa plaza taurina, con un estilo bastante parecido al del maravilloso Teatro Heredia, por una mole moderna.
Lo más grave es que no es claro qué se va a construir. El proyecto autorizado por el Ministerio de Cultura, y después aprobado por la Curaduría es uno, pero la que usan para promocionar y vender espacios es otra. Los promotores-constructores deben aclarar si están haciendo publicidad engañosa para vender, porque les aprobaron una cosa, pero ofrecen algo distinto.
Crédito foto: Cartagena Nuestra
No está bien porque o engañan al Estado o defraudan a los posibles compradores, y, en ninguno de los dos casos, se respetan las normas vigentes. Esto debe ser investigado por la Procuraduría, la Fiscalía y hasta por la Contraloría por el valor que puede perder el patrimonio de Cartagena. Parte de él propiedad del Gobierno.
No entendemos por qué el señor Juan Luis Isaza Londoño, exdirector de Patrimonio del Ministerio de Cultura, se arrogaba funciones que, según los entendidos, ejercía él en exclusivo, pues la decisión de autorizar las intervenciones sobre los inmuebles de la zona histórica de Cartagena reposaba únicamente en sus manos… vaya responsabilidad en manos de alguien a quien ni el 0,001 % de los cartageneros conocen, ni saben qué hacía en el Ministerio de la Cultura, lo que no es democrático.
Este señor, para los cartageneros, es una especie de fantasma que no tiene nada que ver con la ciudad, ya ni siquiera trabaja en el Ministerio de la Cultura, porque fue un ave de paso como tantos. Fue quien, de un plumazo desde un escritorio de Bogotá, permitió el cambio de uso de los predios adyacentes a la antigua plaza de toros de La Serrezuela. Pero es mucho más grave el hecho si se tiene en cuenta que no es el Ministerio de la Cultura la entidad a la que le corresponde definir los usos de la ciudad, aunque se dice que los funcionarios locales le tienen temor reverencial a los capitalinos y no se atreven a contradecir a los mandos medios, especialmente cuando la ministra, en más de una ocasión, salió a defender sus decisiones y hasta actuó como si los cartageneros no supiéramos defender nuestro patrimonio (Revista Semana, 7 de marzo de 2012).
Sería bueno que el reemplazo de Isaza Londoño y el arquitecto Alberto Escovar Wilson-White nos explique a los cartageneros el alcance de sus declaraciones del 23 de enero de 2015 cuando tomó posesión de su cargo: “No tiene mucho sentido que un centro histórico se mantenga inalterado, si la gente que vive en ese territorio no tiene dinero para mantener sus casas”.
A los profesionales cartageneros conocedores del tema nos inquietan muchas cosas como ¿por qué el Ministerio de la Cultura no exigió a la firma que tramitó las licencias para construir el proyecto, el Plan Especial de Manejo y protección al inmueble llamado PEMP en el argot de la restauración arquitectónica, en el que se contemplara la protección de un inmueble tan valioso que está catalogado como Bien de Interés Cultural –BIC- y de su zona de influencia?
La autorización del Ministerio de la Cultura es de octubre de 2009 y el Decreto 763, que reglamentala necesidad y la expedición de los PEMP es anterior, por lo que el entonces funcionario Isaza Londoño tenía la obligación legal de exigir el mencionado Plan Especial de Manejo y Protección –PEMP- del inmueble, que fue aprobado en el Decreto 763 del 10 de marzo de 2009. Esto significa que, en la práctica, los señores promotores de La Serrezuela no tienen licencia porque esta ha sido expedida de manera irregular, sin llenar los requisitos legales exigidos para la expedición de la misma. Las autoridades que mencionamos antes y la propia Alcaldía están a tiempo de evitar que construyan este moderno y lujoso centro comercial que deteriora el patrimonio histórico y cultural de nuestra Cartagena. Nos preocupa que la presencia de las máquinas piloteadoras que sobresalen del cerramiento muestran que ya comenzaron, pero si la licencia es ilegal la obra se puede parar sin problemas.
Elevamos un clamor a los señores procurador, contralor y fiscal, que han demostrado mucha valentía en otros casos, para que salven el patrimonio de Cartagena parando esta construcción que transforma la visual y el uso del área, deteriorando y disminuyendo el valor de uno de los sitios más valiosos de Colombia.
Es cierto que el Decreto dice que Los inmuebles del Grupo Arquitectónico localizados en un Sector Urbano declarado BIC, no requieren obligatoriamente un PEMP específico, en este caso el PEMP del Centro Histórico no estaba en proceso y ni siquiera hoy esta vigente, por lo que el ministerio tenía la obligación legal de exigir que los interesados presentaran un PEMP y socializarlo con la comunidad cartagenera, especialmente con los vecinos que quedan muy afectados con este complejo de cemento que agrede el patrimonio arquitectónico y cultural de Cartagena.
Lo peor de no haberle hecho un PEMP es que no se definió la zona de influencia del BIC. Es por eso que la nueva obra está encima del bien que ya fue, lastimosamente, demolido. Según el Decreto, la zona de influencia es la demarcación del contexto circundante o próximo del inmueble, necesario para que los valores del mismo se conserven. Para la delimitación de la zona de influencia, se debe realizar un análisis de las potencialidades y de las amenazas o riesgos que puedan afectar al bien, en términos de paisaje, ambiente, contexto urbano o rural e infraestructura.
Crédito foto: Cartagena Nuestra
Con el proyecto aprobado por el Ministerio se acabará con el perfil de la calle del Jardín donde había inmuebles de una planta y ahora habrá de cinco pisos, lo que no tiene nada que ver con lo que era una ciudad en la época en que fue construida esa parte de Cartagena, y lo peor es que se deteriora en pleno Siglo XXI cuando, supuestamente, se debería tener consciencia sobre la importancia de preservar el patrimonio cultural. Si cumplen con el proyecto aprobado, y si es que este termina por construirse, solo se verá un poco de La Serrezuela deformada con dos torres adosadas a cada lado del coso que superan, por mucho, la cortina de muralla que tiene enfrente. El criterio obtuso del Ministerio, que debería proteger el patrimonio cultural del país, no solo viola la norma del predio sino que agrede la muralla al permitir construir cinco plantas en su zona de influencia; la muralla perderá toda la importancia que hoy tiene en esa zona de la ciudad amurallada.
De acuerdo con el artículo 40 del mismo Decreto 763, la intervención propuesta en la Serrezuela, sea cual fuere, no cumple con los Principios Generales de Intervención al que se refiere la norma para los BIC de ámbito nacional: La mínima intervención entendida como las acciones estrictamente necesarias para la conservación del bien, con el fin de garantizar su estabilidad y sanearlo de las fuentes de deterioro. Permitir la reversibilidad de la intervención si en el futuro se considera necesario. Reemplazar o sustituir solamente los elementos que sean indispensables para la estructura. Los nuevos elementos deberán ser datados y distinguirse de los originales.
Señora ministra Mariana Garcés, aún está a tiempo de “salvarle el patrimonio a los cartageneros”, pero debe proceder de inmediato porque el pilotaje de la obra ya comenzó. Recuerde que estos mismos corsarios… perdón digo, promotores, destruyeron la casa del Consulado de Comercio y casi derriban el Curato de Santo Toribio.
* Grupo amplio que se mantendrá anónimo al que pertenecen varios profesionales expertos, creado para contribuir a preservar el patrimonio cultural y arquitectónico de Cartagena, principalmente jóvenes que no se identifican para no perder su oportunidad de trabajar.
