En los grandes conflictos contemporáneos, las palabras importan tanto como los hechos. Y cuando la historia se invoca para justificar el presente, el debate deja de ser político para convertirse en un dilema ético. Una verdad incómoda atraviesa hoy la discusión sobre Israel y Palestina: el holocausto no puede ser utilizado como licencia moral permanente para violar los derechos humanos ni para justificar la opresión de otro pueblo.
El Holocausto es un hecho histórico incontrovertible. El exterminio sistemático de seis millones de judíos por el régimen nazi constituye uno de los crímenes más atroces del siglo XX y una herida abierta en la conciencia de la humanidad. Recordarlo es un deber moral. Pero precisamente por su gravedad, su memoria no puede transformarse en un argumento político que cierre toda posibilidad de crítica a las acciones de un Estado en el presente.
Desde la creación del Estado de Israel, y con mayor intensidad en las últimas décadas, el Holocausto ha sido incorporado al discurso oficial como marco de legitimación de políticas de seguridad y operaciones militares. Bajo la idea de una amenaza existencial permanente, toda crítica es presentada como hostilidad y toda respuesta armada como autodefensa incuestionable. Esta narrativa, sin embargo, no resiste un análisis ético ni jurídico riguroso.
Ningún análisis honesto puede omitir el ataque perpetrado por Hamás contra población civil israelí, un hecho condenable que constituyó un crimen de guerra y una violación flagrante del derecho internacional. El asesinato y secuestro de civiles nunca es resistencia, es barbarie. Precisar esto no debilita la crítica a Israel; la fortalece, porque fija un marco ético coherente y universal.
Los datos son elocuentes. Organismos de Naciones Unidas, agencias humanitarias y organizaciones de derechos humanos —incluidas israelíes— han documentado la muerte de miles de civiles palestinos, entre ellos niños y mujeres, la destrucción de hospitales, escuelas y viviendas, y la aplicación de medidas que constituyen castigo colectivo. El Derecho Internacional Humanitario es claro: incluso en contextos de guerra, la protección de la población civil no es negociable. La proporcionalidad y la distinción entre combatientes y civiles no admiten excepciones históricas.
Señalar estos hechos no es antisemitismo. Confundir la crítica a un gobierno con odio hacia un pueblo es intelectualmente deshonesto y peligroso. Esa confusión silencia el debate democrático y trivializa el antisemitismo real. No es casual que numerosas voces judías, dentro y fuera de Israel, hayan advertido sobre el uso instrumental del Holocausto como escudo frente a la rendición de cuentas.
Hay, además, una dimensión histórica que no puede eludirse. El pueblo palestino no fue responsable del Holocausto. Sin embargo, ha padecido durante décadas ocupación, desplazamiento y negación sistemática de derechos como consecuencia de un trauma que tuvo lugar en Europa. La seguridad legítima de un pueblo no puede construirse sobre la inseguridad permanente de otro. El dolor heredado no otorga una excepción moral indefinida.
El sentido universal del “Nunca más” se vacía cuando se aplica de manera selectiva. Si el Holocausto debe enseñarnos algo como humanidad, es que la deshumanización, cuando se normaliza y se justifica, conduce a la catástrofe. Por eso, insistir en que el Holocausto no puede ser utilizado como licencia moral permanente para violar los derechos humanos ni para justificar la opresión de otro pueblo no es una provocación ideológica, sino una exigencia ética.
Defender esta posición no es alinearse con una causa política ni con una bandera, sino con un principio elemental: la vida civil es inviolable. Condenar el ataque de Hamás contra civiles israelíes y, al mismo tiempo, denunciar la devastación sistemática de la población palestina no es una contradicción, es una obligación moral. Ningún Estado, ninguna organización armada y ningún trauma histórico justifican la muerte de niños, el castigo colectivo ni la negación prolongada de derechos. El “Nunca más” solo conserva su dignidad cuando deja de ser un eslogan defensivo y se convierte en una regla universal, aplicada sin excepciones.
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