Algo me dice que en algunos días se va a dar un gran debate nacional por cuenta de la reglamentación vía decreto (Art. 2 del Acto Legislativo para la Paz) del Sistema Nacional de Educación Terciaria. Todas las universidades han levantado su voz de protesta frente a un posible decreto que busca rediseñar el modelo de educación superior dando mayor relevancia formativa y ocupacional a las carreras técnicas, tecnológicas, la educación para el trabajo y la validación de saberes. Es algo que se viene pensando de tiempo atrás, especialmente desde principios del 2016 cuando fue creado el Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET). Vale la pena recordar que las manifestaciones ciudadanas de 2011 fueron el resultado de una fallida reforma a la Ley 30 de 1992 que iba por el mismo lado.
Personalmente no estoy de acuerdo con la implementación vía decreto de una reforma tan importante sin propiciar los espacios de diálogo indispensables para construir una reglamentación incluyente. Asimismo, aunque se pueda parar la universidad pública es también el momento de pensar seriamente hacia dónde va la educación superior, la formación profesional y su eventual articulación con la formación técnica y tecnológica. Las universidades no pueden pretender "monopolizar" la formación profesional en un país donde estudiar en una de ellas resulta un privilegio y con tasas de deserción que hacen pensar en la importancia de replantear un modelo. Programas más enfocados al mundo laboral y con un claro perfil ocupacional son necesarios en un país con muchos profesionales pero pocos técnicos. Así también se va desmontando esa falsa idea de que las carreras técnicas o tecnológicas no "sirven".
Siento que poner sobre la palestra ese tema no es abusar del pretexto de la paz para implementar aspectos que no se relacionan con el Acuerdo, no, es considerar un país que se abre a nuevas posibilidades y un modelo de educación superior que por condiciones estructurales no podrá responder a ese gran reto. La salida podría estar en incrementar el presupuesto de las universidad públicas, fortalecer los programas de regionalización o tal vez que las universidades asuman la formación técnica y tecnológica como una dimensión importantísima para el desarrollo del país. Es necesaria la discusión y comprender como el decreto podría afectar al conjunto de la comunidad académica colombiana. Por ese motivo, no me extrañaría sí se viene un gran paro en la universidad pública. Ante la imposibilidad de abrir puertas de diálogo es la mejor opción
