¿Se apresuró Petro al tomar decisiones respecto al caso de Piedad Córdoba?

¿Se apresuró Petro al tomar decisiones respecto al caso de Piedad Córdoba?

Esta semana Petro le solicitó a Piedad Córdoba “suspender sus actividades en la campaña". ¿Está trasgrediendo el derecho esencial de presunción de inocencia?

Por: Armando Palau Aldana
abril 27, 2022
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¿Se apresuró Petro al tomar decisiones respecto al caso de Piedad Córdoba?
Fotos: Leonel Cordero/Archivo
El mundo vive su dinámica mientras gira alrededor del sol, pasan los días y pasan las noches y esta extraordinaria nave en su elíptica ronda lleva sobre su vulnerada piel casi 8.000 millones de habitantes, en medio de las desigualdades sociales, las guerras, las hambrunas, las incertidumbres que dan cabida a las religiones y florecimiento a la filosofía, entorno en el cual se mueve en indeclinable constancia la política en medio de la corrupción o en aparente lucha contra ella, en pesos y contrapesos que ofrecen los ordenamientos jurídicos y el esclerótico funcionamiento de los aparatos judiciales, mientras que  se acrisola el desarrollo de los derechos humanos, que se siguen vulnerando por acción y por omisión, en contramarea de la posibilidad de acrecentar y proteger la dignidad de la vida humana, las garantías fundamentales y las distintas expresiones jurídicas de la libertad, vilipendiados mayoritariamente por las arbitrariedades de los funcionarios estatales, pero también por la política, sus dirigentes y sus practicantes.

Esta semana Gustavo Petro le solicitó a su aliada electoral Piedad Córdoba “suspender todas sus actividades dentro de la campaña, hasta que pueda resolver, ojalá favorablemente, las sindicaciones jurídicas que se le hacen”, como integrante de la gran coalición Pacto Histórico, en la cual resultó nuevamente elegida como senadora, generando una enorme confusión en la opinión pública, entre otras razones porque unas horas más tarde el Comité Político del Pacto ratificó dicha petición, anunciando que Piedad habría aceptado dicho marginamiento, lo cual ratificó la aguerrida dirigente política emitiendo un comunicado.
Todo esto con ocasión del entrampamiento por agentes de la DEA a su hermano Álvaro y posterior petición de extradición por parte de los Estados Unidos, sumado a los señalamientos que se le hacen por sus relaciones con Alex Saab y Nicolás Maduro, amén de las acusaciones de un antiguo colaborador respecto de negociaciones para la liberación de los entonces secuestrados por las Farc.
En toda esta maraña ha quedado vilmente expuesta la vulneración de la presunción constitucional de inocencia consagrada en todas las piezas internaciones de derechos humanos, la cual nos causa una enorme preocupación tratándose de un derecho en virtud del cual toda persona deberá ser tratada como inocente mientras no se demuestre lo contrario a través de un proceso judicial adelantado con todas las garantías, en el cual se le haya declarado judicialmente culpable mediante sentencia ejecutoriada, como lo ha reiterado la Corte Constitucional, así como el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al precisar que no puede suponerse a nadie culpable a menos que se haya demostrado la acusación fuera de toda duda razonable, precisando que el trato a las personas bajo investigación por un delito, debe ser acorde con este principio, puesto que la presunción de inocencia constituye uno de las principales mecanismos de defensa de la libertad de los ciudadanos.
Además de esta flagrante transgresión a la antiquísima dubio in pro reo que conlleva la obligación de llevar a la plena certeza probatoria la acusación para poder condenar a Piedad, en la actualidad no existe el Comité de Ética del Pacto Histórico y en el portal de esta importante coalición tampoco se encuentra ningún Código de Ética (como si no existiera).
Estas insuperables omisiones no salen avante ni siquiera con las explicaciones del senador Roy Barreras “ante tantos ataques aleves contra la campaña, que quieren aprovechar cualquier circunstancia y cualquier investigación para hacer daño al propio candidato Gustavo Petro, creo que lo responsable y lo serio es lo que la campaña ha decidido: pedirle a Piedad que se concentre en responder favorablemente ese tipo de sindicaciones para que no la utilicen como distractor en contra de la campaña”, poniendo por encima de la dignidad humana la causa electoral. Qué horror.
Esto no puede ser de recibo bajo ninguna circunstancia, aunque sigamos considerando que Petro y Francia Márquez son la opción de transición que debemos elegir los colombianos para salir de tantas inequidades sociales sedimentadas en la historia colombiana desde los inicios de la república que acrecientan la pobreza en la mayoría de la población y lesionan la satisfacción de las necesidades básicas.
No podemos aceptar de ninguna forma que se trasgreda el derecho esencial de la presunción de inocencia por parte de un proyecto político alternativo llamado a liderar el camino del cambio, ni siquiera bajo el amparo de la forzada y apenas razonable aceptación a la que se vio abocada Piedad ante el inusitada e inconsulta petición de Petro, no podría esperarse que, en este momento de mayor embate contra ella, optara por divorciarse del Pacto Histórico y se aislara.
En medio de las coincidencias fatales, al siguiente día de este bochornoso insuceso, el Tribunal de Cundinamarca confirmó el fallo en favor de Piedad por el daño antijurídico ocasionado como víctima de registros y recopilación de datos para ejecutar una campaña de desprestigio en su contra desde las agencias de la Presidencia, desde donde se difundió información falsa de presuntos vínculos entre ella y grupos subversivos; sin embargo, no ha habido pronunciamiento y/o reconocimiento alguno de la fórmula presidencial Petro-Márquez ni del Comité Político de este nuevo logro de la inculpada, quienes omitieron tener en cuenta, además, que este triunfo judicial de ella se suma al fallo del Tribunal Superior de Bogotá (2011), que condenó a capitanes de la Armada Nacional por las labores de recopilación de material grabado e inteligencia ilegal, así como la nulidad de la destitución impuesta a Piedad por el entonces procurador Alejandro Ordóñez decretada por el Consejo de Estado (2016).
No estoy ejerciendo como abogado de oficio de Piedad, estoy exigiendo a Petro y a la dirigencia del Pacto Histórico el respeto y la prevalencia del derecho humano a la presunción de inocencia de toda la ciudadanía, porque si estos errores y violaciones ocurren antes del muy probable triunfo electoral y no se corrigen, flaco favor se nos hace a los litigantes en favor de víctimas (en mi caso por violaciones ambientales), pues quedaríamos expuestos, porque no hay cuña que más apriete que la del mismo palo.
Tenemos que exigir el respeto político de la presunción de inocencia, en el soberano y libre ejercicio del disentimiento como una garantía irrenunciable para el ejercicio de la militancia política, ello dentro del contexto de las palabras del pastor luterano Martin Niemöller (erradamente endilgado a Bertolt Brecht): "Primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar".
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