Nuestro país se encuentra en tiempos neurálgicos, agitados, pasionales y de profundos cambios que permiten un sinfín de opiniones desde nuestros puntos de vistas formados en ambientes diferentes que moldean nuestro pensamiento.
Los medios de comunicación han empoderado a la nación a través de la difusión de la información, proceso tan importante que desde las épocas de Martín Lutero han liberado a las personas de las oscuras garras de la manipulación del poder monárquico y religioso.
Sin embargo, el empoderamiento de las masas a través de la información ha sido un arma de doble filo, ejemplo tácito si nos remitimos al pasado plebiscito celebrado el año pasado en Colombia con el fin de legitimar el acuerdo resultante del proceso de paz entre el gobierno nacional y las Farc, donde las diferentes fuerzas influenciaron la decisión de las masas a través de la información y la desinformación.
Es aquí a donde quería llegar, la desinformación es notable a simple vista cuando algunos personajes o entidades alteran la realidad a través de la falsificación y adecuación de representaciones gráficas como vimos en días anteriores con lo ocurrido con la caricatura de Matador en el periódico El Tiempo, pero es poco perceptible cuando se juega con conceptos técnicos, propios del campo académico de nivel superior y de la burocracia.
Es por esto que decidí emitir mi opinión, con el propósito de acomodar o mejor aún, aclarar a la luz de conceptos emitidos por parte de autoridades del derecho internacional humanitario, un concepto de moda debido a la coyuntura internacional y nacional.
La ciudadana Lucia Ramírez escribió una nota ciudadana para el portal Las 2 Orillas el pasado 02 de julio del 2017 titulado "Se agrava la situación de los presos políticos de las Farc en la Picaleña en Tolima", lo cual llamó muchísimo mi atención por ser estudiante de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y además apasionado por los derechos humanos y por los temas políticos actuales.
No existe duda alguna de la grave situación que afronta Venezuela y de la difícil situación en la que se encuentran cientos de jóvenes, mujeres y hombres que por sus ideas políticas y sociales contrarias al régimen político que se intenta establecer, pasan injustamente sus días tras las rejas, alejados de sus seres queridos y bajo presuntos tratos crueles e inhumanos.
Sin embargo, me atrevo a decir que es poco acertado hablar de presos políticos en Colombia en cuanto al proceso de paz se trata y erróneo tildar de presos políticos a los hoy en día excombatientes de las Farc que se encuentran sentenciados y pagando penas por los delitos cometidos durante la guerra o “conflicto armado interno” —como lo llama el oficialismo— entre las Farc y nuestro gobierno nacional.
A pesar de que las organizaciones regionales no han elaborado en un marco legal una definición propia para "presos políticos", tomaré y usaré la definición dada por el eurodiputado Christoph Strasser, portavoz de los Derechos Humanos y Ayuda Humanitaria del grupo parlamentario del SPD
"Un preso político es una persona que a causa de sus creencias y actividades políticas está encarcelada, cuando la detención ocurrió por razones puramente políticas, no relacionadas con un delito".
Independientemente de nuestra afiliación política e ideológica, hay que reconocer que los convictos de las Farc, lo son por sus actividades delictivas y terroristas. Debemos entender que estamos viviendo un proceso de paz y que las concesiones realizadas a partir de las previas negociaciones están en trámite a través del aparato político y judicial colombiano, y como es bien sabido, estos últimos son cuestionados por su penosa funcionalidad y eficacia.
Creo que definir como presos políticos a los convictos de las Farc es una forma de aprovechar el anterior evento de dejación de armas, fin de las Farc como grupo armados, y su migración a partido político —en proceso de formación— para hacer propaganda negativa a favor del interés individual. También creo que definir como presos políticos a los convictos de las Farc es una penosa forma de aprovecharse de la tendencia venezolana para fundar sentimientos negativos en contra de una de las partes participantes del proceso, así como también creo que es posible una falta de conocimiento sobre la connotación del concepto o una forma de aprovechar el conocimiento del concepto y el desconocimiento técnico general del concepto por parte de la audiencia nacional.
No es una forma de excusar los retrasos y obstáculos que —obviamente— debido al contexto nacional presenta la articulación del acuerdo en la vida nacional, pero sí es un llamado de atención y un llamado a la cordura y a la precisión, que urgentemente necesitamos para lograr entender las lógicas de la posguerra con las Farc.
De todas formas, celebro las diferentes voces que se atreven a alzar su opinión y crean una necesaria presión a los actores políticos. De esta forma también aportamos y nos convertimos en veedores del proceso sociopolítico actual, pero de esa misma forma contribuimos alimentar la violencia y el desconcierto que genera el tecnicismo de la lógica coyuntural.
¡Hagamos la paz!
