A Santos le quedó grande la Reforma Pensional Estructural

"Cualquier reforma al Sistema General de Pensiones por 'estructural' o 'integral' no será efectiva si no se acompaña de profundas reformas laborales"

Por: Fredy Alexánder Chaverra Colorado
junio 15, 2017
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A Santos le quedó grande la Reforma Pensional Estructural

A pocos días de terminar la tercera legislatura del Congreso se puede concluir que no se logró un consenso político, social y gremial en torno a la reforma pensional. Una necesidad histórica que todos los sectores involucrados están pidiendo a gritos desde hace varios años. Se podría pensar que en la siguiente y última legislatura (2017-2018) no se llegará tampoco a ningún avance. La promesa de reestructurar el Sistema General de Pensiones (SGP) caracterizado por su insostenibilidad, inequidad y baja cobertura no será una responsabilidad histórica que asuma el gobierno Santos. Sí, porque una reforma de tal magnitud solo puede ser de autoría del Ejecutivo. Como si fuese una reforma tributaria las reformas estructurales a sistemas nacionales son casi que de iniciativa exclusiva del Gobierno Nacional. Aunque desde hace algunos años se viene hablando de una propuesta de articulado y diferentes ex-ministros (Lucho Garzón, Rafael Pardo) ventilaron apartes; al Gobierno le ha faltado voluntad y a pocos meses de elecciones los partidos no asumirán el costo político de apoyar o impulsar una reforma que a todas luces suena impopular. Resultó más fácil firmar un Acuerdo de paz con las Farc que reformar el Sistema pensional.

Aunque la reforma no significará derogar totalmente la ley 100 de 1993 (que creó el Sistema de Seguridad Social Integral) sí implicará profundos cambios en el modelo, es decir, al Sistema General de Pensiones que actualmente se sustenta en dos estructuras: Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) que administra Colpensiones y Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) administrado por privados. En la práctica son estructuras mutuamente excluyentes (fondo común y capitalización individual) pero que coexisten bajo un mismo principio de solidaridad. Sobre la ley 100 de 1993 vale la pena recordar que fue de autoría del gobierno de César Gaviria y Álvaro Uribe fue su coordinador ponente en Senado. En esos años el proyecto cambió mucho en su tránsito en el Congreso porque inicialmente contemplaba eliminar el RPM y crear un modelo solo basado en fondos privados. Algo que muchos sectores siguen reclamando y que exigen se integre a la eventual reforma. Sin embargo, hasta no conocer un texto definitivo (radicado por el Gobierno en el Congreso) solo habrá suspicacias; lo cierto es que aspectos como la cantidad de años o semanas para acceder a la pensión, el porcentaje de cotización o el índice base de liquidación sí serán considerados. Exigencias de la OCDE y proyectos descartados en el Congreso así lo dan a entender.

En realidad, cualquier reforma al Sistema General de Pensiones por “estructural” o “integral” no será efectiva si no se acompaña de profundas reformas laborales que propicien la formalización y puedan desincentivar la altísima informalidad que existe en el país. Reducir el índice de desempleo e incrementar la formalización son las dos variables claves para equilibrar un sistema que le responda a criterios de cobertura, equidad y sostenibilidad. Las pequeñas reformas a parágrafos o artículos de la ley 100 de 1993 que cada tanto se tramitan en el Congreso solo son “pañitos de agua tibia” que en poco o nada resuelven las grandes fisuras presentes en el Sistema. No se puede negar que el Congreso ha avanzado, solo en la última legislatura se discutieron proyectos relativos a la cantidad de semanas de cotización para las mujeres, el aporte en salud de los pensionados y la posibilidad de crear un mecanismo de pensión anticipada con 800 semanas cotizadas. Los dos primeros ya fueron conciliados y el tercero, proyecto bandera del Centro Democrático, está a punto de hundirse. Impulsar proyectos en materia pensional siempre resulta muy complejo para los congresistas porque por lo general implican un alto impacto fiscal motivo por el cual el Gobierno puede objetarlos al ser expedidos o frenarlos en los debates.

El Congreso necesita de la voluntad del Gobierno para construir conjuntamente la reforma pensional estructural. Santos ya no lo hizo. Priorizó sus grandes apuestas en áreas que no tocaban el tema pensional pero el próximo Congreso y Gobierno, sin importar su visión de país, no tendrán más alternativa: reforma o reforma. Puede que Santos pase a la historia como el presidente que suscribió un Acuerdo de paz con las Farc pero el legado histórico de un gobernante también se mide por la forma como asumió los problemas de su tiempo. En cuanto a la reforma pensional ya está claro que Santos fracasó.

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