Texto escrito por: Rafael David Barrios
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Esta semana ocurrieron dos eventos en Bogotá que pusieron en tela de juicio la capacidad logística de ciertas instituciones: Rock al Parque y la cancelación del partido Millonarios-Once Caldas. Dos eventos que aparentemente no tienen nada en común, pero que terminan siendo dos caras de una misma moneda.
Tras tres días con cifras récord de asistencia, las redes sociales se llenaron de imágenes de goce y éxtasis por la cita cultural que ya cumple 30 años de vigencia, pero también de quejas sobre las condiciones de seguridad y organización del festival. Se reportaron desmayos, controles permisivos y acceso restringido al agua, así como riesgos considerables de estampidas y aplastamiento. Asimismo, afloraron algunas voces en contra del “consumo desaforado” y las riñas, pero el poco disimulado conservadurismo y moralismo que subyacen a estas críticas ignoran la complejidad de estos fenómenos y se quedan en la mera apariencia.
El martes 13 de octubre, al día siguiente de la finalización del festival, a unas cuadras del Simón Bolívar tenían cita Millonarios y el Once Caldas. Quince minutos antes del inicio del encuentro, la Dimayor tuvo que cancelarlo debido al pésimo estado de la grama tras los conciertos del 2 y 3 de octubre del grupo BTS. La noticia sorprendió a los asistentes, que ya se encontraban en los alrededores y al interior del Campín, no solo por el carácter imprevisto de la decisión, sino porque Sencia había asegurado que la cancha estaba en condiciones para el juego.
Frente a la polémica en redes sociales con respecto a la logística de Rock al Parque, un sector de la opinión que seguramente no asiste al festival y entiende poco o nada del deber del Estado frente a la cultura aseguró que la privatización del evento evitaría los problemas logísticos y de seguridad. No obstante, como bien lo demuestra la actuación de Sencia (que no es un caso aislado, sino que tiene antecedentes), la problemática no pasa simplemente por el carácter público o privado de las instituciones encargadas de garantizar el goce de la cultura y el deporte en la ciudad.
El problema, en realidad, es aún más grave que una simple pugna entre lo privado y lo público. ¿Por qué los gobiernos distritales han continuado con Rock al Parque incluso cuando son conservadores o tienen tendencias neoliberales, cuando a algunos de ellos les incomoda que el Estado asuma gastos en cultura o no concuerdan con los valores que encarna el rock? Porque han logrado capitalizar el festival de tal manera que este puede generarles réditos políticos ante la opinión pública: es un evento consagrado en el país, recibe visibilidad cada año y estimula la economía local.
El festival moviliza una cantidad considerable de recursos. Según el Instituto de Turismo de Bogotá, el gasto agregado de los asistentes a Rock al Parque 2025 alcanzó los $62.500 millones. Para la edición de 2026, el Instituto Distrital de las Artes y el Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural estimaron, de manera preliminar, un movimiento económico cercano a los $190.948 millones durante los dos primeros días del festival. La cifra incluye gastos en alimentación, compras, transporte, vestuario y otros consumos asociados al evento (Instituto Distrital de las Artes). Estos datos muestran que el festival dinamiza la economía local; sin embargo, no equivalen a ingresos directos del Distrito ni permiten calcular por sí solos cuánto aumenta el recaudo tributario gracias al evento.
Asimismo, Rock al Parque produce un capital simbólico del que las administraciones distritales pueden beneficiarse. En la encuesta de la edición de 2026, el 96,1 % de los asistentes encuestados consideró que el festival promueve la identidad de Bogotá; el 88,2 % señaló que contribuye al reconocimiento positivo de la ciudad en el ámbito nacional e internacional, y el 94,1 % manifestó orgullo por Bogotá a partir de su oferta cultural (Instituto Distrital de las Artes). La asociación entre el festival, el reconocimiento de la ciudad y la gestión cultural del gobierno de turno permite a las administraciones presentar su continuidad como un logro de gestión. Esto no demuestra que el rédito político sea su única motivación, pero sí que la cultura pública también puede producir beneficios para las instituciones que la financian y administran.
De la misma forma, a pesar de que El Campín fue donado al Distrito con el fin de fortalecer el deporte en el país, el Distrito permite que esa infraestructura se utilice para eventos musicales de carácter privado, en parte por los beneficios económicos que pueden generar, aunque las responsabilidades políticas se difuminen cuando las instituciones públicas no son las organizadoras directas de esos eventos.
De esos beneficios económicos también participa Sencia, administradora privada de la infraestructura pública. La propia empresa explica que “la retribución del concesionario se da 100 %, a partir de los ingresos obtenidos por la explotación o aprovechamiento económico de la infraestructura y/o servicio” (Sencia). Es decir, su modelo de remuneración está vinculado a la explotación económica del complejo y de los servicios asociados. Este incentivo plantea una pregunta sobre las prioridades de la concesión: ¿cómo se equilibran los ingresos que generan los conciertos con el mantenimiento de la cancha y la disponibilidad del estadio para los partidos? La cancelación del encuentro entre Millonarios y Once Caldas vuelve urgente esa pregunta, sobre todo cuando desde la finalización del concierto de BTS varios sectores de la opinión pública llamaron la atención sobre el estado e al grama y sus preocupaciones fueron desanimadas con promesas vacías y tecnicismos.
El problema de fondo de la organización y ejecución de estos eventos, tanto por parte del Distrito como de Sencia, es que los beneficios institucionales y económicos pueden terminar anteponiéndose al bienestar y al derecho al disfrute digno de los espacios culturales y deportivos de la ciudad. Rock al Parque y un partido de liga parecen no tener relación, pero ambos son eventos masivos, con historia y tradición en la ciudad, cuyas instituciones encargadas de organizarlos y garantizar su buen desarrollo pueden fallar en aspectos logísticos y organizativos.
Se felicita a Rock al Parque por el cartel de lujo que presenta, aunque sobre eso hay discusiones importantes que pasan por creer que la masividad es el criterio que hace que un cartel sea bueno o no, como si fuera un favor que la administración le hace a la ciudadanía y no un derecho de los ciudadanos al goce de su ciudad, al disfrute de la cultura y a un ocio que amplíe sus horizontes de sentido.
El carácter camellador y echado pa' lante del colombiano, que es una gran virtud, aparece entonces como el deber ser, mientras que aquello que no se gana con el sudor de la frente se considera algo sin valor y proveniente de la pereza. Es decir, pareciera que solo si pagamos una boleta tenemos derecho al disfrute seguro de los espacios. Ahora bien, como demuestra la cancelación del partido, incluso cuando se paga una boleta (de hecho, una de las más caras del país) tampoco se tiene derecho pleno a los espacios. En este sentido, el problema es que culturalmente tendemos a ver que el derecho se gana o que se limita a los intereses de las instituciones, como entes puros e inocentes de responsabilidad, cuando el derecho debería garantizarse, independientemente si es un derecho que se gana por medio del pago de una boleta o por el carácter de ciudadano y habitante de una ciudad y una cultura musical.
Regresando al tema de la cultura, la opinión pública y ciertas instituciones nos han convencido de que todas las responsabilidades caen sobre el individuo y prácticamente ninguna sobre la institución. Si hay problemas de violencia entre barras, se enjuicia y condena a los barristas y se enarbolan las banderas de la moral y los verdugos desean “limpiar” (termino horroroso heredado del paramilitarismo, que aún habita en nuestro imaginario social) a esos barristas violentos, a pesar de que no haya habido controles ni reuniones previas a los eventos, que hubiesen evitado dichos actos de violencia. Estamos socialmente acostumbrados a que la responsabilidad es del individuo, es una responsabilidad ética, y no a que hay una responsabilidad social que recae en instituciones que deben ser garantes de nuestros derechos y deben asumir una responsabilidad política y social.
Ahora bien, cuando hablo de espacios seguros no quiero sugerir que Rock al Parque deba volverse un espacio policivo que, como ocurrió en el pasado, estigmatice y persiga a cierto tipo de asistentes, simplemente, como en cualquier otro evento masivo, debe haber suficiente logística y planeación del evento para prevenir escenarios importantes de riesgo. Esas épocas en que a los punketos y metaleros nos tocaba prácticamente desnudarnos ante el oficial de policía para entrar al festival, por el simple hecho de elegir vestirse y vivir de una manera particular, no pueden regresar.
El centro de los espacios deportivos y culturales no debería ser los resultados que benefician a las instituciones que los organizan y ejecutan, sino el espectador mismo, sobre todo cuando esa organización sucede, la mayoría de las veces, de espaldas a los sentimientos y las voluntades de las poblaciones y culturas que constituyen y crean dichos espacios: las hinchadas y los rockeros, en su enorme diversidad interna.
En esta época de tecnofeudalismo, parece que quien paga por un servicio no tiene pleno derecho a él, sino que lo arrienda bajo las condiciones que el arrendador desee, sin poder quejarse ni problematizarlo. La respuesta a los debates sobre Rock al Parque, pero también sobre El Campín, se ha reducido a un “si no le gusta, pues no vaya”, como si estos espacios, públicos o no, no les pertenecieran al rockero, al punketo, al metalero, al rudo, a los alternos, al santafereño, al millonario, al hincha, a los k-popers, a los jazzeros y a un gigantesco etcétera que representa la diversidad de sujetos que ejercen su derecho a la ciudad, la cultura y el deporte, y no a las instituciones que regulan esos espacios.
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