La Vía de la Prosperidad empezó mal, no importaron los señalamientos de algunas veedurías del Magdalena, una tutela que amparó el derecho al debido proceso y solicitó declarar desierta la licitación, o el concepto negativo de la contralora Sandra Morellí o la batalla de Cecilia Álvarez Correa quien desde su posesión en el Ministerio de Transporte en septiembre de 2012 intentó detener la licitación cuyas irregularidades saltaban a la vista. El gobernador del Magdalena Luis Miguel Cotes, el “Mello”, quien ganó a través de firmas con su movimiento cívico Respeto por el Magdalena, después de tener que renunciar al aval del partido Liberal al no ser capaz de responder unos cuestionamientos, asignó la obra en agosto 15 de 2013 al Consorcio Ribera Este por $ 466.000 millones, de los cuales $ 200.000 millones saldrían de las regalías del Magdalena y el resto del presupuesto del Ministerio de Transporte.
La vía ha tenido varios nombres y presupuestos, en 2009 bajo el liderazgo de exgobernador Omar Diazgranados se llamaba Vía de la Productividad, tenía una longitud de 173,4 kms y valía $ 675.177 millones, pero todo cambió cuando el exgobernador Mello Cotes asumió la continuidad del proyecto y le cambio nuevamente el nombre por el de la Vía de la Prosperidad, la redujo a 52,6 km por más de doble del precio, pero más grave aún, fue la negociación que el Mello Cotes realizó una vez asignada la vía para el transporte de material por parte del contratista desde una fuente ubicada a 90 kms que se llevó el 40% del presupuesto, cuando normalmente no debe ser más del 9%.
Esta semana el director Nacional de Invías, Carlos García advirtió el estado de calamidad en la que encuentra la obra: solo han terminado 4 kilómetros de pavimento cuando la meta a abril de este año era de 16 km. Por esta razón Invias condicionó el giro de $113.000 millones y el de $60.000 millones por concepto de regalías que el DNP le solicitó no entregar a la Gobernación del Magdalena, precisamente en cabeza de Rosa Cotes de Zuñiga, esposa del exalcalde condenado por parapolítica Francisco “Chico” Zuñiga y tía del Mello Cotes quién la asignará. Rosa Cotes logró la gobernación con el aval de Cambio Radical y el apoyo directo de Alejandro Char, coordinador del partido en la Costa.
El consorcio Ribera Este está integrado por las empresas barranquilleras Compañía de Servicios y Negocios S.A., Constructora FG S.A. y Consultores del Desarrollo S.A. (Condesa); y la española Assignia Infraestructuras S.A. sucursal Colombia, tiene como representante legal a Gary Eberto Espitia, amigo personal de Alejandro Char, mega contratista de Barranquilla y constructor de las casas gratis de Vargas Lleras.
Consultores del Desarrollo - Condesa, es una empresa controlada por la familia del senador David Name, quién forma parte de la Junta directiva. Sin ningún reparo Name, como miembro de la Comisión Quinta del Senado y por lo tanto como representante de la corporación ante la Comisión del Sistema General de Regalías, exhortó a los magdalenenses a unirse en defensa de los recursos de la Vía de la Prosperidad, y pedirle a la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez Correa “no dilatar más la ejecución del cronograma de la Vía de la Prosperidad”.
Los graves tropiezos advertidos de la Vía de la prosperidad no fueron obstáculo para que el año pasado el alcalde de Barranquilla Alejandro Char, considerará al Consorcio Obras Hidráulicas para la canalización del arroyo Hospital por aproximadamente 92.381 millones de pesos donde Assignia Infraestructura S.A. Sucursal Colombia tiene una participación del 25%, Constructora FG un 55% (también socio en la Vía de la Prosperidad) y un 20% de la Sociedad Panamericana de Inversiones.
El Invías adivirtió de los sobrecostos que está teniendo la vía. Foto: Colprensa
El descalabro o los líos de la española Assignia Infraestructura S.A Sucursal Colombia con un 35% no es nuevo. Su historial de incumplimiento y posible corrupción al momento de la adjudicación habría sido razón suficiente para evaluar seriamente su participación en nuevas obras.
En el 2010 formó parte del Consorcio Cartagena 2010 de Transcaribe que debía entregar el tramo 5 Bazurto-Pie de la Popa inicialmente en diciembre del 2011, pero para mayo de 2012 las obras estaban paralizadas, el contratista decidió no continuar alegando falta de garantías. En julio Transcaribe terminó unilateralmente el contrato y acusó a Assignia de abandonar injustificadamente los trabajos (nótese, un mes antes de ganar la licitación de la vía de la Prosperidad), luego de un proceso de concertación en octubre de 2012 se firmó el acta de liquidación. El Consorcio demandó ante el Distrito y Transcaribe el pago de más de $ 22.000 millones por supuestos perjuicios, a pesar de que el contrato se celebró por $29.000 millones y al contratista se le pagaron $21.000 millones. El caso está en litigio.
En 2009, bajo el nombre de Constructora Hispania fue investigada en España por el famoso Caso Gurtel, donde el exalcalde Jesús Sepulveda quién había llegado a Madrid de la mano de José Maria Aznar del Partido Popular, dio órdenes a sus concejales para contratar con Constructora Hispánica, que devolvía a Sepulveda el favor a través de comisiones del 3% por contrato, una actuación delictiva que el expresidente de la constructora reconoció advirtiendo incluso que el monto girado superaba los 500.000 euros. Las aplastantes mayorías absolutas del PP garantizaban la impunidad, pero el escándalo del caso Gurtel terminó en la justicia que junto al Caso del Canal Isabel II son procesos abiertos. En octubre de 2009 Hispania pasaría a formar parte del grupo Essentium, quién la reconvirtió y especializó en obra civil e infraestructuras.
En 2008, todavía como Constructora Hispania, formó parte del Consorcio Sistemas para Metro en Venezuela, encargado de la rehabilitación de la Línea 1 del metro de Caracas, contrato que fue adjudicado mediante contratación directa por el fallecido presidente Hugo Chávez Frías, amparado en una situación de emergencia por la cual modificó la Ley de Contrataciones Públicas. El monto aprobado por Chavez para la rehabilitación de la línea, coincidió con el monto del contrato presentado por el consorcio español, USD 1.800 millones.
Otra de las firmas socias en la Vía de la prosperidad -Consultores del Desarrollo – Condesa- de los Name, también tiene una historia complicada. En 1996 cuando su fundador el senador David Name Terán, era su presidente, Condesa fue contratada para la realización de los diseños definitivos para la ampliación y/o rehabilitación y/o construcción de la Carretera Dique paralela al río Magdalena, en el sector Plato-Palermo. Estos mismos diseños 20 años después fueron re utilizados en la Vía de la Prosperidad, y son precisamente los que han sido cuestionamientos de carácter ambiental por parte de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena y que el gobernador Cotes desestimó en su momento.
Su argumento fue el que se trataba de una vía dique para proteger a los habitantes de las inundaciones y tener más área cultivable, descontextualizando por completo las dinámicas de este territorio: una planicie de inundación conformada por un mosaico de pantanos, caños y ciénagas conectadas de manera difusa por las dinámicas del río, que ha sido declarada Humedal de importancia internacional por la Convención Ramsar y Reserva del Hombre y la Biosfera por la Unesco
La vía estuvo frenada durante más de catorce meses por diferencias entre el Ministerio de Transporte en cabeza de Cecilia Álvarez y el departamento del Magdalena. Luego de pasar por el Tribunal Superior de Barranquilla, la Corte Constitucional falló en diciembre de 2014 y levantó la medida cautelar que tenía paralizada la construcción de esta vía que unirá por medio de una carretera marginal al rio Magdalena, las poblaciones de Palermo, Sitionuevo, Remolinio y Salamina.
Simón Gaviria director de Planeación Nacional – DNP, quién tenía a su cargo la supervisión y coordinación de actividades con dineros de las regalías, indicó a mediados del año pasado que la Vía de la Prosperidad se encuentra en el listado de obras que en el país están en alto riesgo de incumplimiento, con lo cual procedió a ordenar el trámite de una medida de suspensión preventiva. Para esta fecha, el proyecto ya presentaba un costo de $ 750.000 millones por la construcción de terraplenes más altos de los convenidos en la licitación de 2013.
En enero de este año el contralor general, Edgardo Maya Villazón, tomó cartas en el asunto y realizó una auditoría al proyecto que arrojó unos sobrecostos que son objeto de un proceso de responsabilidad fiscal, e indicó que “claramente incertidumbre sobre la terminación de este proyecto vial”.
El poder político del Mello Cotes se consolidó al conseguir aliarse con el vicepresidente Germán Vargas Lleras vía Alejandro Char, lo cual le dio para empujar su millonario propósito a pesar de todas las alarmas encendidas y tal como se preveía el consorcio incumplió con el mismo mecanismo que ha sido cuestionado en la contratación del Estado: proponer un valor bajo para ganar la adjudicación y acudir de inmediato a las reclamaciones como mecanismo de ganancia final.
La Procuraduría suspendió en julio de 2014 por 10 meses al Mello Cotes en su cargo de gobernador por la adjudicación de la Vía de la prosperidad, y luego fue absuelto en segunda instancia por el propio Procurador Alejandro Ordoñez, ahora su tía Rosa Cotes está siendo investigada y terminará teniendo que echar al agua a su sobrino porque los sobrecostos y el detrimento patrimonial que investiga la Contraloría pueden enredarlos a los dos.
