En Colombia, el debate competitivo es relativamente joven: ello se nota en el hecho de que este 2018 se llevará a cabo apenas la séptima versión del torneo nacional de debate, que comienza el próximo 9 de diciembre. Este año la sede es Medellín y aunque no se compara con un mundial de debate, ni en español ni mucho menos en inglés, cada vez son más y mejores los equipos que compiten por el título de campeones.
Cuando se inicia un proceso de largo aliento y de alcance nacional, como es el del debate competitivo colombiano, se cometen errores. Algunos son estructurales, otros coyunturales y otros accidentales e imprevisibles. Si queremos que el debate colombiano crezca, se haga fuerte y atraiga al mayor número de estudiantes, profesores y académicos del país, es necesario darles solución. Brevemente, aquí señalo algunos de los retos más grandes que tiene la comunidad de debate de Colombia para el próximo torneo nacional de debate en Medellín.
Más democracia
En pocas palabras, el mundo del debate no es todo lo democrático que podría ser. Antes, la Liga Colombiana de Debate (una fundación privada que no agrupa a todas las universidades del país), decidía quién era la sede del torneo nacional. Cuando la Universidad Nacional decidió hacer el Torneo Nacional de 2014, los miembros de la Sociedad de Debate de la Universidad Nacional (SDUN) reunieron a los miembros de todas las universidades para escoger las sedes futuras. Aunque esto no gustó mucho a la Liga Colombiana de Debate, hoy el torneo se escoge democráticamente.
Sin embargo, la falta de democracia se vive hoy en otro aspecto: el representante del país a nivel nacional e internacional desde 2013 solo ha pertenecido a una institución. Para decirlo claramente, Colombia no ha tenido otra voz que la de la Universidad del Rosario ante el mundo. Pueden afirmar que han sido electos democráticamente, pero ello no es del todo cierto. En el mundial de Madrid de 2013 se escogió una representante, Ana Díez de Fex, quien ostentó su cargo hasta 2016 sin que se escogiera a nadie más por tres años. Yo estuve ahí, y aunque pedí que se hicieran nuevas elecciones, ello siempre se postergó sin razones claras.
Este año, el representante fue también de la Universidad del Rosario, Hernando Castro. Quien más hizo campaña a su favor fue su novia, campeona nacional y miembro de la misma universidad, Ana María Díaz. El argumento de ella fue, textualmente: “no se necesita renovación sino experiencia”. Es cierto que fue electo “democráticamente”, pero regímenes en los cuales siempre las elecciones las gana siempre la misma institución, como el PRI en México hasta el 2000, el PCC en China o el PCC en Cuba, ponen en duda esta legitimidad. Como dice el constitucionalista norteamericano Stephen Holmes: “la esencia de la democracia es la alternación del poder”.
¿Qué se puede hacer?
Creo que lo mejor que se puede hacer es exigir la rotación en la representación, limitando la posibilidad de que una sola universidad monopolice el cargo. Muchas universidades del país cuentan con sociedades de debate consolidadas, con miembros perfectamente capaces de representar al país. Ello es incluso mejor para la Sociedad de Debate de la Universidad del Rosario (SDUR), pues dejarán de ser vistos como un jugador demasiado poderoso en un juego que se supone entre iguales. Un poquito de democracia no le cae mal a nadie.
Más transparencia en los torneos
Uno de los problemas más graves que hay en el mundo del debate colombiano es la falta de transparencia. En muchas ocasiones, las finales de los torneos han dejado un sinsabor. En la final del torneo de 2015, celebrado en Ibagué, yo fui un juez disidente de la decisión que acabaron tomando los jueces Ramón Salazar y Catalina Vásquez. Aunque los jefes de adjudicación, Keibert Dugarte (Venezuela) y David Alatorre (México, organizador del pasado WUDC México), observaron la deliberación y estaban de acuerdo con mi adjudicación, la decisión acabó siendo impuesta sin una buena justificación.
Ello fue perverso, porque la Sociedad de Debate de la Universidad Libre, que en mi opinión debía ser la ganadora, no se llevó el triunfo que merecía (no solo para mí sino para buena parte del auditorio que vio el debate). Después, los miembros de este equipo me manifestaron su frustración y tristeza. Actualmente, la sociedad de debate de la Universidad Libre no existe.
Asimismo, en el último amistoso de debate celebrado en la Universidad de los Andes, el capitán de la SDUR, Diego Duarte, que estaba juzgando la final, argumentaba que su equipo era el ganador, aunque yo disentí fuertemente. Era un panel de tres, con una juez de los Andes tomando la decisión final. No obstante, que un entrenador contratado por la universidad, cuyo trabajo y sueldo depende de mostrar resultados, tenga en sus manos la capacidad de decidir si su equipo gana o no es un problema grave que no puede continuar.
¿Qué se puede hacer?
Fortalecer la capacidad de los equipos de pedir incompatibilidades. Si yo hubiera sido un debatiente en esa sala, hubiera pedido que aquel que era el ‘coach’ de uno de los equipos no juzgara esa ronda. Reconocer esas incompatibilidades y evitar en lo posible que los entrenadores sean también jueces, porque se presta para incentivos a juzgar de forma distinta, es un buen comienzo. También sería bueno que se garantice el mayor número de jueces de distintas universidades en las adjudicaciones de rondas finales y que haya retroalimentación posterior. Es bueno para las universidades, los entrenadores y los equipos que su victoria no se ponga en duda por conflictos de intereses.
Asimismo, formar más y mejores jueces, para que no se tenga que recurrir a los mismos de siempre (como ocurrió en dicho amistoso) es algo imprescindible para garantizar la permanencia de la gente en el circuito. Si alguien se esforzó, estudió y entrenó, es justo que tenga oportunidad de ganar. De lo contrario, las personas se frustran, se desaniman y se van y el debate acaba cooptado por un pequeño grupo que siempre tiene las de ganar.
Descentralización
Aunque se ha avanzado en ese aspecto –ha habido torneos en Pasto, Tunja, Bogotá, Ibagué, Bucaramanga y ahora Medellín–, aún queda mucho por hacer. El debate sigue estando concentrado en Bogotá, con seis de las siete ganadoras de los anteriores certámenes siendo universidades de la capital. Debatientes y jueces de universidades de Tunja, Ibagué, Cali, Valledupar, Pasto, Manizales, Bucaramanga, Villavicencio y otros rincones de la geografía nacional no suelen destacarse (salvo muy honrosas excepciones) y por tanto no hay mucha presencia de ellos en las finales.
No creo que en todo el país haya falta de talento y que éste se concentre en Bogotá y Medellín, por lo que es necesario garantizar que personas de todo el país participen y tengan oportunidad de ganar este torneo nacional. El país no son solo las capitales ni las ciudades grandes, hay una Colombia rural y regional que está deseosa de hacer sentir su voz.
¿Qué se puede hacer?
Primero, garantizar la buena formación de las universidades en las regiones, con más talleres y torneos regionales y locales. Segundo, expandir el debate en colegios y universidades más allá de las capitales. Tercero, garantizar que los debatientes de las regiones puedan participar en torneos internacionales.
En México, la Asociación Mexicana de Debate, con patrocinio de Banorte, realiza convocatoria para que universidades públicas y privadas de todo el país manden a sus mejores debatientes a torneos internacionales. Creo que ha llegado el momento de crear una Asociación Colombiana de Debate que tenga patrocinio y que garantice la igualdad de oportunidades a todos para asistir a torneos de debate. En especial, universidades públicas y de regiones, las grandes excluidas, deberían verse beneficiadas por una iniciativa así.
Más tolerancia y menos aversión al disenso
A pesar de que en el mundo de debate colombiano se pregona la tolerancia y el pensamiento crítico, en muchas ocasiones ello dista bastante de ser realidad. A menudo se discrimina a quien piensa diferente, a quien cuestiona los privilegios de una élite, a quien no está de acuerdo con lo que la mayoría cree o piensa. Y a menudo, también, se hace a través de corrillos o grupos que parecen más bandas de colegiales arribistas que universitarios comprometidos con el debate.
Por ejemplo, creo que esto que estoy escribiendo va a ser recibido con ataques, burlas y descalificaciones hacia mí, en especial porque digo las cosas sin recato, con nombre y apellido. Y creo eso precisamente porque ya ha ocurrido. Cuando he manifestado mi inconformidad con ciertas cosas que están muy mal he sido llamado “incendiario”, “igualado”, “levantado” o “resentido”.
En el debate colombiano, por ejemplo, hay un grupo de personas que vienen de la misma ciudad, se conocen desde la infancia, estudiaron en el mismo colegio (San Pedro Claver de Bucaramanga, donde se celebró el torneo nacional del año pasado) y aunque hoy estudian en distintas universidades (Los Andes, La Javeriana, El Rosario) forman una guardia pretoriana cuando se cuestiona la actuación de alguno de ellos o su círculo de amigos. Ello es irónico, porque este grupo surge y está compuesto por familiares, amigos y empleados del asistente legislativo de la senadora Angélica Lozano, Carlos Parra, quien ha fomentado el debate y se ha caracterizado por promover iniciativas de diálogo.
¿Qué se puede hacer?
No creo que sea necesario un “estatuto de la oposición”, pero sí garantizar que se escuche y se tenga en cuenta a quienes no están de acuerdo. Es imprescindible que se minimice el impacto de los círculos familiares y de amistades en el mundo del debate para garantizar la transparencia y evitar que surja el nepotismo, a la vez que desestimular la participación de figuras de poder que puedan amedrentar a quienes disienten. Los cargos en los torneos de debate no deberían ser a dedo —como ocurre hoy en muchos casos—sino por convocatoria y ésta debe ser amplia y con garantías, con criterios claros de selección.
Que los jueces tengan espacio para decir si estaban en contra de la decisión mayoritaria, que los debatientes puedan expresar que no se sienten cómodos con determinados jueces o instituciones, que en las reuniones del consejo nacional de debate se respete la diferencia y haya medios para garantizar la libertad de expresión es un reto del próximo torneo nacional de debate.
Mayor equidad social y de género
Finalmente, un problema persistente no solo a nivel colombiano sino a nivel mundial, es la inequidad social y de género. En un artículo de The Economist titulado The struggle to take debating beyond elite private schools (La lucha por llevar el debate más allá de las escuelas privadas de élite) se menciona como un problema grave el hecho de que las instituciones privadas de altos recursos monopolicen el ejercicio del debate competitivo. Quienes hayan leído lo que he escrito hasta ahora pueden advertir las muchas facetas que toma esa inequidad, pero es claro que otras son más sutiles y que están imbricadas institucionalmente.
Para terminar de aclarar, quiero decir lo siguiente: hay poquísimas universidades públicas en el debate colombiano (puedo contar cuatro: la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Popular del Cesar, la Universidad del Tolima y la Universidad de Antioquia); las universidades privadas pueden viajar a más torneos nacionales e internacionales con muchos más equipos que las públicas; las universidades privadas pueden tener entrenadores profesionales a sueldo que se dedican únicamente a hacerlas mejorar; las universidades privadas tienen la capacidad de organizar torneos mucho más fácilmente que las públicas.
Por otra parte, no solo la participación de las mujeres, sino también su integridad y seguridad se ha visto amenazada en el mundo del debate. En Colombia, las mujeres tienen un espacio importante como debatientes, jueces, miembros de los equipos de adjudicación y tabulación, pero persisten los problemas de acoso, discriminación y trato desigual. Para ello se han creado “comités de equidad”, que buscan solucionar de manera amistosa los problemas en ese sentido.
¿Qué se puede hacer?
Al igual que se hace en muchas ocasiones cuando hay inequidad grave, la discriminación positiva puede ser importante. Que se garantice que en los cargos directivos de los torneos haya paridad de género y representación de universidades públicas, y que estas últimas, aun siendo minoría cuantitativa, tengan voz en el consejo nacional de debate es un imperativo para evitar el proceso de elitización que se ha venido dando, no solo en Colombia sino en el mundo.
Para concluir, quiero desearle lo mejor al VII Torneo Nacional de Debate de Medellín, espero que acojan en lo posible mis recomendaciones, hechas de buena fe, para que haya más democracia, transparencia, tolerancia y equidad en el mundo del debate colombiano. ¡Mucho éxito y aprendizaje… y que gane el mejor!
