La actual mandataria de la capital de Colombia, Claudia López, nunca ha sido santo de mi devoción. La arrogancia de su discurso y sus ínfulas de omnipotencia no me permiten siquiera tener un mínimo de afinidad.
Sin embargo, hay circunstancias en que si bien puedes tener serias diferencias con alguna persona, hay realidades que no tienen discusión, y me refiero al caso puntual de las declaraciones de la burgomaestre acerca de la influencia de la población migrante venezolana en la comisión de delitos de alto impacto en el corazón de Colombia.
Sus declaraciones no cayeron bien en sectores políticos que siempre quieren posar de moralistas, como los bendecidos hermanitos Galán, por citar algunos, para quienes la alcaldesa de la ciudad de Bogotá utilizaba un lenguaje xenofóbico que alimentaba el odio y el desprecio por la población venezolana.
Mientras Troya ardía, investigaciones periodísticas han dado cuenta en varias oportunidades de la llegada de bandas criminales con alta peligrosidad desde Venezuela, que ya han dejado sentir su accionar en zonas de frontera hasta irse extendiendo a otros departamentos, entrando a reforzar el catálogo de organizaciones criminales colombianas, que aunque no se quiera reconocer, han recrudecido la violencia en Colombia.
Pero la responsabilidad de esta infausta realidad recae sobre el gobierno del señor Duque, nefasto gobernante que ha querido posar como un líder que libró a Venezuela de la opresión, mientras permitió la entrada al país de todo tipo de elementos indeseables que hoy nos tienen arrodillados.
No es justificable que por lanzarle un salvavidas a un pueblo se termine sacrificando la seguridad de una nación por la pretensión mezquina de un reyezuelo que nunca fue, en procura de conseguir un reconocimiento internacional, porque sinceramente esa insistente hospitalidad resulta bastante dudosa.
Aquí no se trata de graduar al pueblo venezolano de delincuentes, lo que se pide a gritos es que de parte de las autoridades colombianas se apliquen controles más estrictos; por un lado, para evitar la comisión de delitos, y por otro, dar una respuesta contundente cuando ello sobreviniere.
No abordar y discutir la problemática actual de seguridad con el propósito de quitarle leña al fuego está ocasionando el efecto contrario, es decir, ha provocado en el pueblo colombiano un sentimiento de rechazo por los migrantes venezolanos, que en el mediano plazo puede llevar a actos de intolerancia.
Ahora, si cada vez que se diga algo al respecto se apunta con el dedo inquisidor a quien lo hace, y no se ejecute lo que se tiene que hacer, que corresponde a hacerle frente al delito que emerge de una población migrante irregular, que no tiene cartas de presentación sino prontuarios, entonces estaremos condenándonos a vivir en un lejano oeste, eso sí, con el marcador a favor de la delincuencia, porque inclusive ya hasta a los mismos policías los atracan.
La ciudadanía reclama acciones certeras en contra del crimen, ya es suficiente con la violencia que imponen las bandas criminales en Colombia como para permitir que desde el exterior nos apliquen un régimen de terror. Mal hacen las autoridades y la clase política en querer esconder una situación que es imposible de sostener.
Por mi profesión de abogado he tenido la oportunidad de defender a familias venezolanas que han querido emprender una nueva vida en Colombia desde la regularidad y que, inclusive, ha sido el mismo Estado colombiano el que le ha querido negar esa posibilidad, pero así como defiendo, así exijo que extranjero que permanezca en territorio colombiano de manera irregular, o se regula y se porta bien o se devuelve a su país. ¡No hay más!
