Emerge nuevamente la hipocresía del gobierno para con los ciudadanos, ahora utilizando la estrategia de “participación democrática” a lo largo y ancho del territorio nacional, en pro de realizar una reforma a la ley del deporte. Esta que en sí es autoritaria e impositiva, desconoce los objetivos rectores que se trazaron en la “decadente” Ley 181 de febrero 18 de 1995, y transforma el proceso conceptual que se organizó al interior de la misma para reconocer la importancia tanto de la educación física como del aprovechamiento y uso constructivo del tiempo libre, principio que corresponde promover a la escuela como institución de formación social; en pro, de motivar a niños y jóvenes, en la recreación de conciencia colectiva hacia el respeto y validación de las necesidades físicas diferenciales que demanda cada ciudadano y que son un deber que le corresponde brindar al Estado, para reconocer al sujeto, como un ser único e irrepetible dentro de la sociedad.
Ortegón (2021, Conferencia Virtual, Pacto por la Educación Física Región Caribe) planteó que, a pesar de que se ha generado un proceso de difusión masivo en la organización de este proyecto de reforma dentro de las diferentes regiones del país, es nulo el proceso de modificación que se ha realizado a la iniciativa primaria, pese a que los profesionales de esta rama disciplinar confluyen en que dentro de ella solo se le está dando sentido amplio a conceptos como el deporte, la recreación y actividad física entre otros, sustentados en la Sentencia T-242/16, la cual ha establecido:
…que el derecho fundamental al deporte: (i) es indispensable para que el
individuo desarrolle su vida dignamente; (ii) se relaciona con los derechos al
libre desarrollo de la personalidad, a la educación, a la libre asociación, a la salud
y al trabajo; (iii) conlleva las obligaciones correlativas a cargo del Estado, de
fomentar el deporte y velar porque su práctica se lleve a cabo de conformidad con
principios legales y constitucionales; y (iv) se garantiza también a través de las
organizaciones deportivas y recreativas, las cuales constituyen medios eficaces
para la realización de los fines sociales y de los derechos constitucionales de las
personas.
Sin embargo, los ponentes desconocen elementos conceptuales como los que se establecen en otras sentencias emanadas por la misma entidad, al igual que los propósitos que se proyectan en la carta internacional para la educación física, actividad física y deporte emanada el 17 de noviembre de 2015 por la Unesco, y que deben ser reconocidos para presentar iniciativas de reformas ante estamentos gubernamentales.
De democracia participativa es poco lo que se visualiza en la intencionalidad de los ponentes de la reforma, más bien es una autocracia que informa a la comunidad, apuestas poco congruentes con las necesidades básicas que requiere una sociedad diversa en el campo de la formación motriz, sobre todo en cuanto a desarrollo de periodos sensibles del movimiento en edades tempranas.
Esta iniciativa legislativa desconoce aspectos fundamentales que durante 25 años permitieron a la sociedad colombiana el desarrollo de conceptos promulgados en la Ley 181, como fueron el reconocimiento e importancia de la educación física escolar en la masificación del deporte escolar formativo, desarrollado en juegos escolares, intercolegiados y Supérate con el deporte. Estrategia que, con apoyo de la educación física, ha brindado elementos básicos desde la escuela, en la formación inicial de futuros deportistas de alto rendimiento, aun cuando en esta, ha habido apoyo nulo a las directivas tanto por parte de los gobiernos, como del mismo Estado, para mejorar la innovación, creatividad e investigación.
Aspectos relacionados con la educación física, dentro de la reforma, quedan relegados a una simple definición, elemento que se aleja de una iniciativa legislativa, ya que las leyes, no definen, su interés es conceptualizar, para luego operativizar por medio de decretos. Ante esta última apuesta, asalta un interrogante: ¿está creando el gobierno una serie de fichas, cual rompecabezas que orquesta junto con el proyecto que se cruza por el Honorable Congreso titulado Home School, que pretende modificar el artículo 23 de la Ley General de Educación de 1994 y la emisión del decreto 1174 de agosto 27 de 2020, acabar al interior de la institución con el desarrollo de formación en procesos motrices, tras el disfraz de desarrollo y promoción de la actividad física, dando dos golpes a la educación, primero, acabar con la formación profesional en esta rama del saber, segunda, dejar de trabajar en las instituciones el desarrollo de programas de formación motriz, tras ser reemplazados por instrumentación técnica en formación deportiva escolar? (Vega, 2021 C. V. P. E. F. R. C.)
Esta reforma define logros históricos alcanzados por deportistas como elementos diagnósticos, pero no centra el mismo en visualizar aquellos procesos de articulación inter institucionales que se debieron realizar entre entidades como Coldeportes, Comité Olímpico Nacional y Ministerios del Deporte y Educación, que nunca se promovieron y que, por ende, dejaron de favorecer procesos, definir estrategias y crear planes conjuntos que permitieran mejorar los rendimientos para deportistas de élite a corto, mediano y largo plazo dentro del territorio nacional.
Parece que la intención de la reforma es obnubilar la importancia de la educación física escolar en la masificación del deporte de formación. En ella se visualiza un ansia desaforada por recrear conceptos burocráticos poco congruentes con la necesidad de la población, como es el de la práctica de una actividad física colectiva en medio de una infraestructura que no responde a las necesidades de la población. Los ponentes movilizan un concepto desarrollado por GEHL, arquitecto danés, que ha recreado modelos de ciudades integrales que permiten en medio de la congestionada vida moderna, adaptar todo espacio físico para el desarrollo integral del sujeto, desde la práctica de la recreación sana, hasta el abordaje al proceso de lectura y tertulias sociales, lo que no expresan, es que el país no está adaptado para ello en el momento.
Frente a esta dinámica hipócrita, el Pacto por la Región Caribe, en unísono de voces, concentró el pasado 18 de febrero a profesionales del campo del deporte con formación básica, especializaciones, maestrías y doctorados de los siete departamentos, con el fin de elevar una voz de protesta tras el abuso que se está cometiendo en contra del silenciamiento de los saberes que movilizan ellos.
El sentir del equipo evidenció que la lucha por el respeto y reconocimiento al área es un proceso inmarcesible que se ha mantenido entre profesionales y gobiernos (Corredor, 2021, C. V. P. E. F. R. C.) y los procesos de inversión en el área son poco articulados entre los órganos estatales a pesar de que están latentes en la ley. Sumado a ello, el control por parte de las entidades encargadas de este fin en los lugares más apartados del territorio es nulo, factor que aprovechan algunos líderes políticos para hacer despilfarro de los mismos (Durán, 2021, C. V. P. E. F. R. C.)
Sumado a lo anterior, emergió que los sujetos que lideran proyectos de preparación física, técnica y táctica en las sub regiones son educadores físicos, quienes de una u otra forma son contratados por horas, aspecto que no compensa la inversión que han realizado en su formación básica (Vilardy, 2021, C. V. P. E. F. R. C.). Este fenómeno que atenta contra el desarrollo e inversión en el campo exige repensar iniciativas populares que abran caminos al fortalecimiento político, presentar reformas de ley ante el Congreso y otras como acercamiento a una carrera política que defienda la importancia de la educación física y el uso constructivo del tiempo libre en la etapa escolar (Morales, Iguarán, 2021, C. V. P. E. F. R. C.).
