Flor María Navarro Gómez es una mujer que ha conseguido levantar a su familia y su casa en el barrio Loma Fresca en las faldas del Cerro de la Popa, gracias al oficio diario que inicia antes de que despunte el sol y llegue la brigada de la Gerencia de Espacio Público Distrital a su sitio de trabajo; el negocio de mesa de fritos que durante más de treinta años ha mantenido en el barrio Castillogrande en Cartagena, antes de que este sector se llenara de los edificios que hoy pretenden rascar el cielo y mucho tiempo antes de que se construyera el paseo peatonal cerca a la playa donde diariamente instala su venta de fritos.
Flor María, sus hermanas Gisella Navarro Gómez y Gloria Vásquez Gómez y Virgilia Maldonado que vive en el barrio Las Palmeras son cuatro de las treinta mujeres que iniciaron la Asociación de Vendedoras de Castillo (Asovencastillo) creada en 1998 y han visto crecer a Castillogrande y los árboles que sembraron ellas mismas.
Han visto llegar e irse alcaldes, alcaldesas mayores y menores, y gerentes de espacio público distrital como el alcalde mayor Nicolás Curi Vergara y a la gerente de Espacio Público y Movilidad Urbana, Edith Salas Osorio, con quienes en 2007 firmaron un acta de acuerdos donde se definió que: “que se respetaría el Registro Único de vendedores informales siendo ellos los únicos vendedores que podían transitar por el espacio público hasta tanto la administración no presentara un programa especial para el fomento y desarrollo microempresarial, que permitiera el apoyo a la economía informal y la restitución del espacio público”.
Siete años después de la firma de esta acta de acuerdos en la que participaron otros vendedores de Bocagrande, Castillogrande y El Laguito y el director ejecutivo de la Asociación de Vecinos de Bocagrande, Castillo y Laguito (ASOBOCALA), la administración distrital pretende sacarlas de allí sin adelantar un programa especial para el fomento y el desarrollo microempresarial de las mujeres fritangueras que permanecen en pie de lucha en el paseo peatonal con la solidaridad de muchas personas y organizaciones asentadas en Castillogrande.
Siete años después, la administración distrital pretende recuperar el carácter público del paseo peatonal y el desalojo de todas las vendedoras entregando dinero sin tener en cuenta el estudio en detalle de cada caso en particular y sin detectar todas las posibles consecuencias negativas que puedan derivarse de la puesta en marcha de dichas políticas. La Gerencia de Espacio Público y Movilidad Distrital debería contar con políticas diferenciales para que se oiga también la voz de las mujeres que ejercen la venta callejera.
La administración del alcalde mayor de Cartagena Dionisio Vélez Trujillo no es consecuente con las acciones de la administración de Nicolás Curi Vergara ni con las relaciones establecidas entre el Estado y las vendedoras, violando la legítima confianza, alterando los acuerdos establecidos y las expectativas serias de las fritangueras, las cuales se sienten defraudadas y abogan por el principio de confianza.
En la actualidad, la administración distrital, a través de la Gerencia de Espacio Público y Movilidad, no ha hecho a cabalidad la tarea de desalojo debido a una acción de tutela presentada el día 19 de enero de 2015 por Flor María Navarro Gómez, presidenta de Asovencastillo, donde se alega que con esto se les viola los derechos al mínimo vital, el debido proceso y se les discrimina como mujeres negras. El juzgado que recibió la tutela ordenó la suspensión del desalojo como medida provisional para proteger los derechos presuntamente violados.
La gerencia de Espacio Público y Movilidad justifica su actuar por la proyectada remodelación del paseo peatonal de Castillogrande, por quejas de habitantes del barrio.
El poder ejecutivo y judicial debe proteger los derechos de estas mujeres cuyo poder radica principalmente en sus manos hacedoras de arepas de huevo, carimañolas, empanadas, buñuelos, arepas dulces, patacones y pescados fritos que consumen a diario con mucho gusto los residentes del barrio, los trabajadores, visitantes y turistas.
Las “otras” fritangueras no aceptan el dinero ofrecido, plata que para ellas es salada o de mala suerte. Ellas consideran que merecen ser parte de procesos incluyentes y proponen que con el apoyo del distrito, de la comunidad y de la empresa privada se establezcan unos módulos de servicios con todas las de la ley.
Las “otras” fritangueras tienen una visión de desarrollo y progreso más incluyente que debe ser vista, escuchada y reconocida por quienes ahora tienen el poder ejecutivo, judicial, político y económico de Cartagena. Las autoridades deben tener en cuenta al “otro”, la “otra”, “las otras”, sus emociones, expectativas, historias, opiniones y visiones. “Amanecerá y veremos” dijo el ciego.
