No hay duda de la gran crisis que dejará para la economía mundial el paso de la pandemia del COVID-19. Expertos la comparan con el crack de 1929, incluso hay quienes dicen que será peor. El mundo entrará en recesión y los países deberán buscar las fórmulas para hacer frente a la crisis y sacar adelante sus economías.
Para recuperarla y volverla a niveles de crecimiento, muchos economistas, incluso los acérrimos defensores de la reducción del Estado y el imperio del libre mercado, están de acuerdo que se requiere de la intervención del aparato estatal, con un gran gasto público que sea capaz de hacer crecer la demanda y generar empleo.
Vaya milagro que logró está pandemia, dejar en evidencia lo que muchos han venido diciendo durante años, que la mano invisible del mercado por sí sola no es sostenible y no tiene cómo superar las crisis, por lo que necesita indispensablemente de la mano visible del Estado. Esto no es nada nuevo, ha sido así siempre que hay crisis, indistintamente las causas. Por eso, los periodos poscrisis son de fuertes intervenciones del Estado, pero, una vez recuperada la economía, la codicia vuelve a flote para regresar al capitalismo salvaje.
En las malas pedimos Estado, en las buenas lo excluimos. Privatización de las utilidades y socialización de las pérdidas es la consigna. En las épocas de crecimiento económico, las grandes utilidades van a enriquecer a unos pocos, que buscan pagar menos impuestos, flexibilizar las regulaciones laborales para exprimir a los trabajadores, flexibilizar la regulaciones financieras para que el capital especule con el ahorro de los ciudadanos y flexibilizar de la normas ambientales para explotar la naturaleza sin límites. Pero cuando vienen los periodos de crisis, se vuelven socialistas, pidiendo la intervención del Estado para que con el dinero de los contribuyentes se salven sus capitales.
La cuestión es si esa intervención del Estado solo será mientras dure la crisis o vendrá para quedarse. El periódico El Espectador en su editorial del 3 de mayo hace una reflexión sobre la importancia del Estado en la economía, donde concluye que es el momento de cambios profundos y aprendizajes duraderos, en el sentido que deberíamos tener un Estado de bienestar más protector y más solidario incluso después de la crisis (1).
Así las cosas está claro que esta crisis no va ser la excepción y se acudirá al Estado para salvar la economía, para lo cual se necesita cuantiosos recursos, lo que nos lleva a la pregunta del millón: ¿de dónde saldrán esos recursos? Es decir, ¿quién pagará la crisis?
Para responder esta pregunta, lo primero es determinar cuánto costará, para después salir a buscar los recursos. Como es incierta la duración de la emergencia sanitaria, también son inciertos los costos económicos que se requerirá para salir de esta. Por lo tanto, lo que se tiene son proyecciones de cuanto se tendrá que conseguir.
Según las proyecciones del gobierno nacional, las cuales han ido aumentando semana tras semana, el costo va en 67 billones de pesos, de los cuales a través del Decreto 444 de 2020 que creó el Fondo para la Mitigación de Emergencias (Fome), se dispusieron de 14.5 billones. Este recurso inicial, salió de regalías no ejecutadas y se les metió la mano al bolsillo a los entes territoriales, para tomar dinero de las pensiones de trabajadores de estos entes, medida que rechazaron varios mandatarios como la alcaldesa de Bogotá (Claudia López) y el gobernador del Magdalena (Carlos Caicedo).
Pero esto es, como dijo el hacendista Juan Camilo Restrepo en conferencia sobre la hacienda pública organizada por la Universidad del Norte, apenas los primeros auxilios (2). Todavía hacen falta conseguir por lo menos los 52 billones restantes para completar los 67.
Para colmo de males, al virus del COVID-19 lo acompañó el virus del precio del petróleo, que en el caso de Colombia, por ser dependiente a las exportaciones de este combustible fósil, la caída de su precio lleva a una gran disminución de los ingresos públicos, volviendo más compleja la búsqueda de recursos para afrontar la emergencia.
Y como resultado del confinamiento, medida tomada por la mayoría de países para evitar el crecimiento exponencial de los contagios, se dio una disminución del consumo y por lo tanto de los ingresos de muchas empresas y personas naturales, por lo que irremediablemente no solo habrá disminución de ingresos tributarios para el fisco, sino que descarta de plano una reforma tributaria en el corto plazo que busque aumentar el recaudo, toda vez que iría en contravía del objetivo de impulsar la economía.
Así las cosas, se reducen las posibilidades de consecución de recursos, quedando la opción de endeudamiento público, lo que no es descabellado para momentos de crisis. Muchos países del mundo han usado esta opción para reactivar sus economías después de recesiones o depresiones generadas ya sea por la guerra o por desequilibrios económicos.
El Estado colombiano desde el año 2012 tiene un límite de endeudamiento denominado regla fiscal (3), el cual a través de un comité consultivo define todos los años los porcentajes de cuanto puede ser el déficit fiscal, es decir, de cuanta deuda puede contraer el gobierno. Esta regla constituye una garantía para la comunidad financiera internacional, de que el estado no se va endeudar desaforadamente y representa un límite para los gobiernos, para que estos tengan una conducta disciplinada en ese sentido.
Así, como resultado de la crisis, el comité consultivo de la regla fiscal ha venido permitiendo mayor deuda, al pasar de 2,2% del PIB (22 billones de pesos) a 6,1% del PIB, lo que representaría unos 40 billones de pesos adicionales para gastar(4). Y anunció que seguirán reuniéndose, para evaluar la necesidad de aumentarla, teniendo en cuenta que la deuda pública en Colombia, representa un 57.3% del PIB, lo que evidencia que el país no esta tan endeudado como ocurre con otros Estados que sus deudas públicas se acercan o pasan el 100% de su PIB (5).
Queda claro entonces que la financiación de la emergencia, que hasta ahora no se sabe cuánto costará, se hará principalmente con deuda pública, que, de acuerdo con la teoría de la equivalencia ricardiana (nombrada en honor al economista clásico David Ricardo), no es más que un impuesto diferido. Contraer deuda hoy corresponde a pagar más impuestos mañana.
Y como en el día de mañana toca pagar un costoso servicio de deuda, compuesto por capital más intereses, una vez se haya recuperado la economía se requerirá imprescindiblemente una reforma tributaria para aumentar el recaudo y sanear de alguna forma las finanzas públicas. Y volvemos a nuestra pregunta: ¿quién pagará la crisis? Y la respuesta es depende que tipo de reforma tributaria se haga.
Una reforma tributaria como la ley de crecimiento económico o la ley de financiamiento, que disminuyeron la carga impositiva al gran capital y se la trasladaron a las clases medias y que buscaron una mayor tributación indirecta que la directa, hará que la crisis la paguen mayoritariamente las clases medias y bajas, lo que contribuirá a aumentar la desigualdad que en Colombia es las mayores del mundo (6).
O una reforma tributaria, que elimine las inicuas exenciones que tienen sectores privilegiados, como recomendó la comisión de expertos para la equidad y competitividad tributaria (7), que establezca progresividad en la tarifa de renta de personas jurídicas, para que la pequeña pyme no pague lo mismo que la gran multinacional, y que grave adecuadamente los grandes patrimonios de ese 1% de la población más adinerada, hará que paguemos equitativamente todos, de acuerdo a las capacidades económicas, tal como lo ordena el artículo 363 de la Constitución Nacional al preceptuar: el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad.
Pero esa reforma tributaria progresiva no llegará caída del cielo. Como afirmó el historiador británico Neal Ascherson: después de la pandemia, el nuevo mundo no surgirá por arte de magia. Habrá que pelear por él (8). Habrá que pelear por esa reforma tributaria que no solo impulse la economía sino que permita una redistribución del ingreso y la riqueza y que financie adecuadamente el Estado para que pueda llevar bienestar a la población.
Así esta crisis es una nueva oportunidad para cambiar, pero dependerá de que tanta conciencia ciudadana se adquiera para moverse en esa dirección. Si eso es así, por lo menos habría valido la pena.
(1) La importancia del Estado en la economía
(2) La Hacienda Pública frente a la emergencia del coronavirus y la caída de los precios del petróleo
(3) Ley 1473 de 2011
(4) Gobierno podrá gastar hasta $40 billones más en 2020 para enfrentar la crisis del coronavirus
(5) Argentina y Brasil son los países más endeudados de América Latina según la Cepal
(6) Desigualdad, concentración del ingreso y tributación sobre las altas rentas en América Latina
(8) La pandemia y el sistema-mundo
