Los hinchas de Millonarios que presentaron miles de reclamaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) obtuvieron, por ahora, una primera victoria. Tras analizar cerca de 4.100 quejas e investigar durante dos años el desarrollo de una campaña promocional, los investigadores concluyeron, en primera instancia, que Central Cervecera habría incumplido los derechos de los consumidores. Por ese motivo, le impuso una multa de $702.380.000.
Según la decisión de la SIC, la compañía modificó de manera unilateral la fecha y la hora de cierre del concurso que ofrecía viajes a Brasil. La investigación también encontró presuntas demoras en la entrega de los códigos promocionales y fallas en el acceso a la boletería prometida para los aficionados de Millonarios, situaciones que habrían afectado a miles de participantes.
La sanción representa un golpe para Central Cervecera, fabricante de la cerveza Andina. La empresa es propiedad, en partes iguales, de Postobón, perteneciente a la Organización Ardila Lülle y de la chilena Compañía Cervecerías Unidas (CCU), controlada por el Grupo Luksic, que mantiene una alianza estratégica con Heineken.
La respuesta jurídica de la empresa quedará en manos de Iván Guillermo Lizcano Ortiz, abogado de la Organización Ardila Lülle y uno de los principales responsables de los asuntos legales del conglomerado. Junto con el equipo jurídico, deberá definir si la compañía acepta la sanción o presenta los recursos correspondientes para intentar revertir la decisión de la SIC.
Hombre de confianza de los Ardilla Lülle
Lizcano es abogado de la Universidad Externado de Colombia y hace parte de la Organización Ardila Lülle desde 1998. A lo largo de su trayectoria ha liderado la dirección de asuntos legales del grupo y ha participado en las juntas directivas de varias compañías vinculadas al conglomerado, entre ellas Postobón e Ingenio del Cauca.
Antes de llegar al grupo empresarial desarrolló una carrera en el sector público. Fue asesor del Ministerio del Interior y director de la Administración Postal Nacional. También integró la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá y participó en el Centro de Arbitraje y Conciliación de esa entidad, donde intervino en diferentes procesos de resolución de conflictos.
Entre los casos más complejos figura la defensa de la Organización Ardila Lülle frente al impuesto a las bebidas azucaradas creado por la reforma tributaria de 2022. Vigente desde 2023, el gravamen obligó a los principales fabricantes del país a replantear su estrategia jurídica y regulatoria. Aunque el impuesto entró en vigor en noviembre de ese año y continúa vigente, su implementación dio lugar a controversias entre el Gobierno y la industria.
El gravamen, que aumenta progresivamente según el contenido de azúcar de las bebidas, fue proyectado por el Ministerio de Hacienda para recaudar cerca de $1 billón anuales una vez alcanzara su plena aplicación, convirtiéndose en una de las principales medidas de salud pública y recaudo de la reforma tributaria. A pesar de ello, Lizcano se consolidó con el caso como uno de los principales defensores de la industria frente a una de las reformas tributarias más controvertida del gobierno saliente.
Otros casos mediáticos
Su nombre también apareció en la discusión sobre construcciones ubicadas en la reserva de los Cerros Orientales de Bogotá, un caso que generó amplia atención pública por la urbanización de una reserva hace dos décadas.
En materia arbitral, uno de los procesos más conocidos en los que participó fue el litigio entre Innovación Tecnológica Ltda. (Innovatek) y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El tribunal arbitral declaró la nulidad de las resoluciones que habían decretado la caducidad del contrato y acogió parcialmente las pretensiones de la empresa demandante.
Ahora, Lizcano enfrenta un nuevo desafío. De su análisis jurídico dependerá si Central Cervecera opta por pagar la multa impuesta por la SIC o toma otras medidas.
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