Cuarenta años han pasado desde aquel febrero de 1985, cuando los habitantes de El Bagre, municipio del Bajo Cauca antioqueño, se vieron sorprendidos ante la súbita llegada de más de medio millar de campesinos, provenientes de sus dos corregimientos y veredas, unas cercanas y otras a más de dos jornadas de viaje, quienes se vieron forzados a abandonar sus parcelas para llegar a la cabecera con el genuino pretexto de reclamar unos derechos que, según los dirigentes de aquel movimiento, les habían sido negados, tanto por parte de las autoridades locales, como de los gobiernos regionales y del mismo Estado asentado en la capital de la República.
Sin embargo, lo que a nadie se le pasó por la cabeza fue que aquella manifestación pacífica fuera a convertirse en el infierno en que se transformó cuando una simple marcha, de las muchas que vimos por aquellos días pasar por las calles del pueblo, fuera a desembocar de la noche a la mañana, en la barahúnda en que evolucionó y cuyos resultados lo dicen todo, porque al final de aquella batalla campal el resultado fue el siguiente: “Cuatro muertos, veintisiete heridos, tres aviones incendiados y la consecuente militarización del pueblo”, y por ese camino obtener el pasaporte directo para que el nombre de ese pueblo apareciera en las primeras páginas de todos los medios de comunicación, y el eco retumbara por muchos años en la radio y en la televisión.
La noticia la publicó el periódico El Colombiano de Medellín, cuando en sus letras de molde se decía que “Los habitantes del municipio de El Bagre se declararon en paro cívico con carácter indefinido, para protestar contra los deficientes servicios públicos, de salud y educación, y pedir un estricto control de precios a varios artículos de primera necesidad, según informó a ese diario el señor Marco Tulio Matías, locutor de la emisora Ondas de Tigüí”. Eran más de 10 mil personas que hicieron parte de la manifestación que exigían, entre otras cosas, el mejoramiento de las distintas vías de comunicación y una investigación sobre los barequeros desaparecidos en esa jurisdicción. A renglón seguido, los promotores del paro fueron enfáticos en señalar que mientras persistiera la protesta, no se permitiría el despegue ni el aterrizaje de aviones en el aeropuerto local, al tiempo que solicitaron la presencia de los Ministros de Salud y Educación en la cabecera, con lo cual se veía que las cosas iban para largo.
Sin embargo, el verdadero pliego de peticiones se conocería unas horas después y consistía en lo siguiente: la construcción de un hospital en la cabecera al igual que abrir puestos de salud en por lo menos diez veredas con servicio médico de manera permanente. Así mismo reclamaron agua potable para los municipios de El Bagre, Zaragoza sus corregimientos y veredas. Al memorial de agravios le añadieron la construcción de mataderos bien acondicionados en toda la región, pavimentación de la carretera que conduce a Medellín y la siempre reclamada canalización de los ríos Nechí y Tigüí.
Además se debería mejorar la infraestructura de los liceos de bachillerato en el casco urbano, así como en los corregimientos de Puerto López y Pato, en jurisdicción de Zaragoza; la construcción de escuelas; la intervención de las viviendas que resultaron afectadas por las recientes inundaciones; asistencia técnica para los campesinos en la siembra de sus cultivos y créditos con intereses bajos y a largo plazo; y el retiro de la draga 3 de Mineros y otros asuntos.
Y entonces el pueblo se frenó en seco: las tiendas cerraron sus puertas al público, las cantinas apagaron la música y dejaron de atender a la clientela, los transportadores se cruzaron de brazos, las vías de acceso fueron bloqueadas y el aeropuerto fue cerrado donde quedaron varados un avión twin otter de la empresa Aces, una avioneta particular y otra de la Patrulla Aérea Civil, que prestaba una valiosa ayuda a los recientes damnificados de las inundaciones de esa época. Ese miércoles, por la noche, se inició una marcha por las inmediaciones de las oficinas de la empresa minera, que para entonces era custodiada por un piquete de 40 agentes de la Policía Nacional, desplazados a la cabecera bajo las órdenes del comandante Carlos Ronderos.
A eso de las ocho de la noche se escucharon los primeros disparos y el pueblo se consumió en las tinieblas, y en los siguientes 45 minutos quedaron tendidos en aquel campo de batalla los cuerpos de tres campesinos y un celador de la empresa, mientras que 27 personas salieron heridas, entre ellas un mayor de la institución armada. Sin embargo, lo peor estaba por suceder. Nadie sabe quién tuvo la fatal idea de convocar a aquella multitud desordenada para que se fueran hacia el aeropuerto y entonces ocurrió lo que nadie tenía presupuestado: las tres pequeñas aeronaves, una ambulancia y un bus de la empresa, fueron pasto de las llamas y los gases lacrimógenos lanzados para tratar de dispersar a los manifestantes, se extendieron a buena parte del pueblo, incluso llegaron hasta el barrio Bijao, distante del escenario de aquel evento de orden público.
La pregunta que surgió en aquellos instantes fue ¿quién disparó primero? Y todo ello quedó resumido en la cara de perplejidad del alcalde Gildardo Correa Toro, quien se encontraba en mi casa paterna sin saber si esconderlo o decirle que fuera a su despacho para enfrentar la situación. Las versiones eran contradictorias al punto de que 40 años después todavía no se conoce la respuesta a ese interrogante.
Mientras las autoridades emitieron comunicados oficiales en el sentido de que los autores fueron las “turbas enardecidas” que intentaron tomarse las instalaciones de la empresa y las casas de alojamiento de los ingenieros, armados de piedras y palos, el gobernador de Antioquia, Alberto Vásquez Restrepo, señaló que los responsables fueron los guerrilleros del frente “Ricardo Franco” de las Farc, en connivencia con los del ELN.
Durante aquella espantosa noche siguieron los disparos que salían desde la escena de los acontecimientos y se escuchaban en todo el pueblo. A la mañana siguiente, jueves 28 de febrero, llegaron las tropas del batallón Junín y se tomaron el pueblo sin encontrar ninguna resistencia por parte de los revoltosos, lo que incluyó la cabecera y el resto de la jurisdicción. Entre tanto, en Medellín se realizaba un consejo de seguridad bajo el liderazgo del viceministro de Gobierno, Víctor Guillermo Ricardo Piñeros, desde donde salió la medida del toque de queda y la ley seca para El Bagre y Zaragoza.
Entonces el pueblo se convirtió en el eje de las noticias en el país y una nube de periodistas de todos los medios arribaron a la cabecera, incluso una de ellas, Amparo Amaya, del noticiero T.V. Hoy, le tocó lanzar papeles desde su avioneta para que la dejaran aterrizar sin correr riesgo alguno, como en efecto aconteció.
Con la medida del toque de queda, nuestra casa fue algo así como una sala de redacción en donde a punta de salchichas, sardinas, algo de arroz y mortadela, rociadas por una caja de cervezas, estaban reunidos José Guillermo Herrera, Mario Atehortúa Garcés y Alfonso Benavides corresponsales de El Espectador, Daniel Jiménez de la revista Cromos de Bogotá, Donaldo Zuluaga Velilla y Diego Medina Ochoa del diario El Mundo de Medellín, quien días después se mató en un accidente de tránsito cuando tenía por delante el mejor futuro como periodista.
A él se le recuerda por una crónica que escribió a propósito de la llegada de unas bellas mujeres a El Bagre en su intención de vender sus cuerpos y que hicieron parte de la famosa “Casa de las Muñecas” que fueron las primeras en abandonar el pueblo luego de aquel alzamiento social. Una semana después, en Medellín, Diego le vio la cara a la muerte mientras conducía su carro por la calle San Juan, cerca de la carrera setenta, cuando se estrelló contra el separador central y murió al instante. También hicieron parte de aquella reunión de periodistas, Jorge Melguizo Posada de la emisora Todelar, quien años más tarde sería secretario de Gobierno de Medellín, así como León Jairo Saldarriaga López de Caracol Radio a quien hace poco le concedieron el Premio a Una Vida por parte del Club de la Prensa de Medellín.
En un comunicado oficial el Gobernador de Antioquia insistió en que “la invasión del municipio de El Bagre constituye un hecho inducido y promovido por movimientos de extrema izquierda, con claros propósitos políticos y de perturbación de orden público” y por otro lado, los campesinos obstaculizaron todas las vías de comunicación, se inutilizo el aeropuerto y se retuvieron traslados aéreos. Por parte de la población se realizaron hechos violentos como fue la quema de las tres aeronaves, un bus y una ambulancia. A esas alturas de la contienda, el pueblo tenía hambre y sed y los campesinos, cansados por tantos días de marchas y de mal dormir y peor comer, querían retornar a sus parcelas. El costo del paro les resulto demasiado alto, mientras que la población de El Bagre estaba sitiada por el hambre.
Después de varias reuniones, de analizar alternativas y de discutir propuestas, los líderes cívicos presentaron un pliego de peticiones, catalogado en su momento como un verdadero “Memorial de Agravios”, que, entre otras cosas, solicitaban desarrollar obras en las áreas de salud, infraestructura, obras públicas, educación, asistencia técnica, crédito, titulación de tierras y situaciones relacionadas con los derrames por reflejo de valorizaciones a los campesinos de la región, respecto a la carretera Caucasia – Puerto Colombia, así como los planes de desarrollo que se tengan para el nordeste antioqueño y el municipio en particular.-
Mineros de Antioquia, por su parte, se comprometió a llevar a cabo las obras indicadas por el Inderena, entre otras la intervención de los cauces de los ríos Tigüí y Nechí y sus problemas ambientales. Este documento, para la historia, fue firmado por el Viceministro de gobierno Víctor G. Ricardo, Margarita Mena de Quevedo, Viceministra de minas y energía; Jesús Arturo Aristizábal Guevara como Secretario de Gobierno de Antioquia; Beatriz María Arango Secretaria general; Julio César Echeverri Ceballos, Jefe de Gobiernos locales; José Bernet Procurador agrario; y por la Junta coordinadora firmaron Virgilio Palacio, Diomedes Barrios, Jairo Vanegas y Beatriz Nicolasa Serna y fue testigo de la firma del documento el ingeniero Gonzalo Gómez Vargas, gerente de operaciones de Mineros de Antioquia. Así lo dice la Historia como lección permanente para todas las generaciones de aquella comunidad.
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