Aquellos que gozamos de sensibilidad y repudiamos todo acto de maltrato contra los animales hemos visto con enorme preocupación y dolor los últimos acontecimientos que han ocurrido con los gatos.
Las alarmas se encendieron con dos sucesos que, aunque no tenemos certeza, podríamos llegar a decir que son un presunto caso de tráfico ilegal de gatos de municipio a municipio.
El primero de ellos es el que tuvo ocurrencia en el año 2020, donde 254 gatos que al ser rescatados en precarias condiciones de salud provenientes de Santamarta llegaron a Bogotá. El segundo y más lamentable es el del 9 de junio del presente año, donde 400 gatos originarios de Valledupar, en su mayoría cachorros y gatas en estado de embarazo que estaban deshidratadas y enfermas, dieron a luz durante el traslado y sus crías murieron. Esto es un hecho de extrema crueldad, ya que fueron sometidos a condiciones deplorables, tanto es así que estos felinos debido al hacinamiento en los guacales murieron y aparecieron cuerpos desmembrados.
No tiene sentido alguno que se someta tan inhumanamente a estos animales a largos trayectos de viaje, amontonados en furgones, sin los debidos protocolos de seguridad, sin comida ni agua, cuando esta atención de cuidado y protección se debe brindar en las respectivas ciudades o regiones de donde son originarios. ¿Cuáles son las razones para que fundaciones u organizaciones reciban animales procedentes de otros municipios del país, cuando Bogotá registra un alto número de animales abandonados y más en época de pandemia? Además, en este último caso, ¿quién autorizó la salida de estos animales desde Valledupar?, ¿a qué lugar los iban a conducir?, ¿a manos de quién llegarían?
Sin lugar a duda, estamos ante dos escenarios que deben ser investigados por las respectivas autoridades en Colombia. En el primero de ellos se debe establecer si fue un caso de tráfico de gatos con fines lucrativos. El segundo se debe esclarecer por qué los alcaldes y gobernadores de las diferentes ciudades del país permiten el traslado de animales desde sus ciudades a Bogotá para que esta ciudad asuma la responsabilidad y cuidado de los mismos cuando no debe ser así.
Por lo tanto, hacemos un llamado a alcaldes y gobernadores de las diferentes ciudades del país para que asuman la debida responsabilidad en torno a la protección de los animales. Es necesario que destinen presupuestos que conduzcan a su protección integral. De la misma manera, apelamos a la sensibilidad de la ciudadana para que denuncie todo acto de crueldad contra estos seres indefensos, ya que en este caso se observa la flagrante violación de las normas contenidas en la Ley 1774 de 2016, que son de imperativo cumplimiento.
En su artículo 1° esta dice: “Los animales son seres que sienten, no son cosas y recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o indirectamente por los humanos". A su vez sanciona con multa y prisión todo acto o conducta que atente contra estos seres sintientes.
En estos casos anteriormente descritos se violaron todos preceptos establecidos en la citada ley, y por ende urge que estos hechos sean esclarecidos y se sancione de acuerdo a lo previsto en la norma.
* Exdirectora Instituto de Protección y Bienestar Animal- Bogotá.
