El último caso que conmovió al país fue el del funcionario del Banco de la República que fue asesinado por un joven de 23 años en Bogotá que quería robarlo. El hampón que ya fue capturado por las autoridades tiene un prontuario tan largo a tan corta edad que da escalofríos.
Si hacemos un pequeño barrido en medios de comunicación del país sobre el número de historias de vida que son truncadas por delincuentes juveniles no alcanzan las líneas de este espacio para dar cuenta de ellos. Son muchos, demasiados, diría yo. Además, tienen elementos comunes todos ellos: la hoja de vida delincuencial de los jóvenes es extensa y fueron capturados por la Policía o Fiscalía una, dos tres, cinco y hasta diez veces. Eso es absurdo.
Pero pese a ello, como diría mi suegro, “fueron largados”, es decir, devueltos a la calle por los jueces como si nada. Todos los casos revisados tienen esas particularidades. Esa es una verdadera tragedia nacional provocada por los jueces de forma consciente o inconsciente, sin medir ni tener en cuenta las trágicas consecuencias de estar pensando más en los costos administrativos de mantener a buen resguardo a estos delincuentes en las cárceles, así como al ceder a la presión de hacer lo “políticamente correcto”, o sea alejarse de la “justicia punitiva” que algunos supuestos filósofos-teóricos de la reconciliación han inventado para tratar de deslegitimar todo aquello que signifique un castigo justo o simple aplicación de justicia para quien cometa un delito atroz.
Sí, un secuestro, una violación, un asesinato, un fleteo, un robo multimillonario. Nada parece ser suficiente para los promotores de la famosa justicia no punitiva, quienes promulgan que las penas deben conmutarse. Por ejemplo, que el que comete semejante delito pueda estar en la calle rapidito porque la sociedad no le dio el apoyo necesario y es culpa del Estado al no brindarle todo para que no se dedique a matar a los demás. Pero como no se lo brindó, entonces debe salir a seguir matando, violando, robando y demás.
Mientras que al ciudadano de bien, el que se hizo a pulso pese a esas mismas limitaciones y falta de oportunidades que no le ofreció el mismo Estado, se le prohíbe que se defienda, se proteja en su vida, bienes e integridad, pues si lo hiciera para esos mismos jueces y sistema pútrido de justicia sería venganza, una supuesta degradación al ojo por ojo y diente por diente, que no se puede permitir.
El mensaje pareciera ser que hay que seguir soltando a todos los pillos por todo, porque eso nos hace un país de paz, de convivencia, de fraternidad, del posconflicto, demócrata, moderno e igualitario, donde los criminales cuiden parques llenos de niños y cortan el césped en separadores, en vez de estar tras las rejas. Yo no más. Ya es hora de decir ¡basta! Si es necesario volver a las colonias agrícolas en La Gorgona, en Vichada, Arauca, Caquetá, pues que se vuelva; que se les lleve a construir carreteras y ayudar el ensanchamiento de la infraestructura del país; que paguen mínimo y sin rebajas 15 o 20 años de cárcel para que tengan el tiempo suficiente para reflexionar y arrepentirse, pero no esa absurda puerta giratoria de hoy de asesinar y salir libre o para la casa rapidito.
Claro que el Estado y la sociedad deben intervenir e invertir mucho más en educación, en recreación, en posibilitar posibilidades de crecimiento económico para todos, que no sea tan miserable, pero que a ello se sume acabar con ese incentivo al delincuente, especialmente juvenil, de vaya haga la embarrada que no pasa nada. Es hora de terminar ese chantaje público en que se convirtió no aplicar justicia para no ser calificados de pertenecer a la línea punitiva. Jueces necesitamos justicia.
