¿Qué tal un golpe blando para acabar con el (des)gobierno Uribe-Duque?

Esta táctica tiene las condiciones óptimas para darse en Colombia. Además, constituiría un interesante caso sui generis

Por: Juan Manuel Montoya Tovar
octubre 17, 2019
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¿Qué tal un golpe blando para acabar con el (des)gobierno Uribe-Duque?
Foto: Twitter @CeDemocratico

Se da otra jornada más de movilización social, en ocasión a las nefastas [contra]reformas laboral y pensional, que tanto los gremios de la mafia empresarial como el (des)gobierno muestran como las panaceas al desempleo y a la desprotección social. En esta nota no entraré en detalles al respecto, pero la idea desmontar el Régimen de Prima Media (RAIS) para disolverlo en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) y volver Colpensiones otro fondo privado no es más que una grosera infamia que demuestra que en el RAIS la palabra solidaridad no será la solidaridad del Estado con los pensionados sino con los grupos económicos que manejan la administradoras de fondos de pensiones, en especial Grupo Aval y Grupo Empresarial Antioqueño; pues ya no se subsidiarán las pensiones de los trabajadores sino que se han de subsidiar las inversiones de los más ricos. Otra perla de la infamia será la contratación por horas, pagar el 75% del salario mínimo a menores de 25 años y el salario mínimo diferencial en regiones.

Esos tremendos despropósitos son suficientes para que el estudiantado y los trabajadores se movilicen.

La declaración de inexequibilidad de la reforma tributaria exprés: ley de financiamiento al presupuesto nacional, demuestra la improvisación del (des)gobierno Uribe-Duque que insiste —al igual que Santos, para evidenciar que uribismo y santismo en política económica son exactamente lo mismo— en que sean las clases medias y bajas las que sostengan el funcionamiento del Estado y no la clases privilegiadas. En la democracia donde la igualdad ante la ley es un imperativo ético-moral los privilegios tienen enormes costos sociales, entre ellos tributar, tributar mejor y tributar más para que otros tengan la posibilidad de salir de la pobreza y prosperar.

Aunque el (sub)presidente, la vicepresidenta, el ministro de defensa y el pitbull rabioso del uribismo el senador Carlos Felipe Mejía insistan hasta la saciedad que las protestas están siendo financiadas por el régimen mafioso militar venezolano, lo cierto es que hay todo un ramillete de motivos para protestar, usted elija uno, varios, los que quiera.

Álvaro Gómez Hurtado, fascista en sus años mozos, en destellos de lucidez con ocasión al proceso 8.000 llamó a tumbar al régimen, aquel que catalogaba como una amplia gama de complicidades, como un contubernio de fuerzas oscuras; régimen que sabía cómo funcionaba porque muy paradójicamente fue uno de sus hijos.

En Colombia hay dos regímenes políticos, sociales y económicos: Uno, el jurídicamente existente o sistema constitucional el cual se le denomina Estado Social de Derecho organizado en forma de República unitaria, democrática, participativa y pluralista (art.1. constitucional) y en donde la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público (art.3 ibídem). Otro el realmente existente el cual no es más que una oligarquía mafiosa y criminal, el cual es preciso denominar el régimen, el mismo al cual hacía mención Gómez Hurtado y que ya había sido definido antes por el líder popular Jorge Eliécer Gaitán como país político, que no es más que la oligarquía misma. Y es que la oligarquía dice Gaitán es: “La concentración de poder total por un pequeño grupo que labora para sus intereses, a espaldas del resto de la comunidad”.

El (des)gobierno de Uribe-Duque como los anteriores, forman parte del régimen. Pero dentro del país político, el uribismo, la tendencia politiquera que mafiosamente entreteje a las elites emergentes del contrabando, el narcotráfico y el paramilitarismo junto con las elites tradicionales rurales y latifundistas, se ha constituido como hegemonía durante casi 20 años. No obstante, el uribismo está en franca decadencia; los sectores antiuribistas del país político liderados aún tras bambalinas por el Juan Manuel Santos Calderón, representante de las élites tradicionales urbanas y comerciales. Tanto uribismo como el antiuribismo elitista, pretenden que el país nacional, es decir el pueblo colombiano, reproduzca la división del país político entre guerra contra el terrorismo y las drogas versus mera paz.

En la confrontación de las élites tradicionales y emergentes por el control del Estado colombiano, se hallan las élites financieras nacionales y transnacionales las cuales toman cómoda posición entre las tendencias politiqueras del régimen o país político, sería preciso recordar que Odebrecht, socio de Grupo Aval, dio dinero a las campañas de Santos y Zuluaga (Uribe) en 2014, así mismo Grupo Aval dio dinero a las campañas del sí y el no en el plebiscito de 2016. Finalmente, el capital financiero no tiene posiciones políticas ni tiene patria, solo quiere exagerados rendimientos al costo social y humano que sea. Así las cosas el régimen más temprano que tarde logra un consenso sobre sus intereses de cara a que los intereses de la ciudadanía no lo afecten, de allí que el otrora rabioso antiuribista César Gaviria haya pactado con Pastrana, otro rabioso antiuribista en el pasado, y con Uribe la asunción al ejecutivo del títere Iván Duque. Bien decía Gaitán: “Ay, del pueblo cuando la oligarquía se una, pero ¡Ay!, de la oligarquía cuando el pueblo se una”. A pesar de la pugnacidad de la élites y de sus tendencias politiqueras por sus intereses económicos, si el pueblo se une todo el andamiaje del régimen se cae, pues al pueblo unirse demanda una democracia económica tal como lo establece el artículo 2 constitucional: "(...) facilitar de participación de todos (…) en la vida económica(…) de la nación. Sin democracia económica la democracia política y social son incompletas, prácticamente inexistentes porque si trabajadores, emprendedores, pequeños propietarios y pobres no tienen libertad económica, su libertad política y social son nulas.

Tumbar el desgobierno Uribe-Duque es tumbar el régimen. ¿Tumbar ese régimen es subvertir el verdadero régimen constitucional? La respuesta es no y argumentaré por qué no lo es.

Dentro del argot político y hasta militar ha surgido el concepto de golpe blando, es decir que para deponer gobiernos no se necesita de la fuerza, sino que es posible a través de armas psicológicas, armas sociales, económicas y políticas. La estrategia de golpe blando ha tenido muy polémicos propósitos, como el deponer sin éxito a Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro, con éxito a Fernando Lugo y más recientemente a Dilma Rousseff. No se niega que dichos gobiernos por más progresistas que se hayan denominado y por más asistencia social practicada, no quiere decir que no tuviesen episodios de corrupción y abuso de poder, lo que despierta suspicacias es que quienes los han promovido tienen toda una agenda de poder en favor de las viejas oligarquías y el capital extranjero afectados por ciertos procesos democratizadores de la política como de la economía en aquellos países.

El golpe blando tiene asidero en la sistematización de la estrategia de la lucha no-violenta, hecha por el politólogo estadounidense Gene Sharp en su texto De la dictadura a la democracia, un sistema conceptual para la liberación en donde explica hace una explicación sucinta de la lucha no-violenta y pone a disposición cerca de 198 métodos o tácticas para desarrollar aquella lucha.

Sectores de las izquierdas latinoamericanas, en su poca capacidad autocrítica, culpan a Gene Sharp de ser agente de la CIA y el padre intelectual de los golpes blandos, cuando los conceptos de Sharp pueden ser operados contra cualquier gobierno independientemente de su orientación ideológica siempre que incompatibilice con los intereses ciudadanos, inclusive en Argentina sectores afectos al presidente Mauricio Macri han hablado de un golpe blando en marcha en su contra. Lo cierto es que el esquema izquierdas-centro-derechas está muy desgastado y convendría decir que la flagrante realidad de los hechos y de los actos arbitrarios de quienes usurpan y detentan los poderes públicos y privados es superior a toda fuerza metafísica que tengan los sistemas ideológicos, obliga a pensar que la división social en la política se da entre poder vs. ciudadanía, oligarquía-dictadura vs. democracia, país político vs. país nacional, elites vs. pueblo o mejor los de abajo vs los de arriba.

La lucha no-violenta no es más que una estrategia genérica frente a los abusos de los gobiernos y a los regímenes antidemocráticos, cuya ilegitimidad no solo puede ser solo en la forma, es decir la ausencia de elecciones, sino en su contenido es decir la esencia de concentración de poder en un pequeño grupo, tal como ocurre en nuestro país.

El derecho fundamental a la resistencia o mejor a la desobediencia civil, derivado del derecho a la reunión pública y pacífica, se al sistema constitucional colombiano a través de la jurisprudencia de la honorable Corte Constitucional que en sentencia T- 571 de 2008 dice: “(…) a los ciudadanos podría asistirles el derecho a resistir el cumplimiento de una disposición, si ésta es abierta y claramente contraria a las normas constitucionales, o si dicha resistencia propugna por el cumplimiento de principios superiores de justicia, equidad, dignidad, entre otros, como forma de protesta y manifestación de inconformidad (…)”.

La Corte citando a John Rawls aclara: “la desobediencia civil es algo más que un acto ilegal, público y no violento, dirigido a provocar un cambio en la legislación o en la conducta gubernamental; es ante todo un acto dirigido y justificado por principios políticos, es decir por principios de justicia que regulan la Constitución y en general las instituciones sociales… no apelamos a principios de moralidad personal o a doctrinas religiosas… sino que invocamos la concepción de justicia comúnmente compartida, que subyace bajo el orden político”.

¿Es posible eso que llaman golpe blando en Colombia como forma de tumbar el (des)gobierno de Uribe-Duque y en consecuencia al régimen?

Claramente el golpe blando triunfó en Paraguay contra el expárroco Fernando Lugo y en Brasil contra Dilma Rousseff. Para el primer caso, Paraguay es un país pequeño y con unas instituciones postdictadura frágiles. Para el segundo caso, el de Brasil, el Partido de los Trabajadores cayó en un profundo desgaste, no se renovó y además la administración de Rousseff estuvo implicada en polémicas situaciones como el caso de corrupción de la FIFA en el mundial de 2014 y acusada de mirar hacia otro lado cuando el pueblo brasileño pedía prioridades más allá de la fiesta del fútbol.

El (des)gobierno Uribe-Duque ha tomado decisiones, sin hígados, que afectan abiertamente a los sectores medios y bajos de la población, que afectan la libertad de expresión y el derecho a reunirse y manifestarse públicamente y sus principales funcionarios están implicados en casos de corrupción como Bonos de Agua (ministro de hacienda) y Grupo Aval-Odebrecht (vicepresidenta y ministra de transporte), conducta, entre otras, que son contrarias a la Constitución Política, tal como lo explican Rawls y la Corte Constitucional y que son las que motivan la desobediencia civil.

Así las cosas, el golpe blando o de mecha lenta, como lo definió audazmente el difunto presidente de Venezuela Hugo Chávez, tiene las condiciones óptimas para darse en Colombia. Hay una certera diferencia frente al golpe blando desarrollado infructuosamente en Venezuela: Contra el (des)gobierno Uribe-Duque hay verdades completas que abundan y no medias verdades, no se están fabricando mentiras respecto a su pésima gestión. Además, el régimen cuenta con los medios impresos, radiales, televisivos y un importante segmento de medios y redes sociales digitales para contar una narrativa deformada de la realidad nacional. No existe ningún tipo de presión externa como bloqueos económicos u otros boicoteos. No existen manipulaciones al tipo de cambio de divisas. Etc...

El golpe blando en Colombia constituiría un caso sui generis, estaríamos hablando de un auténtico proceso desobediencia civil sin el cual no habría detrás todo un aparataje del poder económico y mediático que sigue el guión goebbeliano de convertir mentiras cien veces repetidas en verdades, tal como se ha visto para el caso de gobiernos que incomodan en todo en parte a viejas élites político- económicas y al capital extranjero, sino en la auténtica voluntad del pueblo deseoso de transformaciones para una democracia real en Colombia, deseoso que los principios plasmados en la Constitución de 1991 se realicen y se profundicen.

Sería preciso recordarle a los uribistas que la desobediencia civil no es un delito, pues no atenta contra el régimen constitucional sino todo lo contrario, es decir, lo salva, como ya previamente se explicó. Es el uribismo y toda la mafia político-empresarial que configura al país político quien criminalmente suplanta al sistema establecido en nuestra Constitución Política, la cual es norma de normas (art. 4 constitucional).

Tumbar el (des)gobierno uribista es tumbar el régimen que nos malgobierna permanente. Tumbar el (des)gobierno Uribe-Duque, parafreseando a un reconocido abogángster —al servicio de las huestes mafiosas—: “Es un acto patriótico amparado por la Constitución colombiana y que resulta, por demás, moralmente irreprochable”. Y sí, moralmente irreprochable, desde toda moral, de la moral jurídica a la moral religiosa, recuerdes que Santo Tomás de Aquino en su Summa Teológica ya habla del derecho natural que asiste a los pueblos de desobedecer a los gobiernos despóticos. Además, que al contrario del abogángster, no es necesario hacer un llamado a propiciar la muerte física de Álvaro Uribe Vélez ni de su marioneta Iván Duque Márquez, ellos día a día se aproximan a su muerte moral y política.

Luego, ¿qué nos queda como ciudadanos críticos y propositivos además de víctimas cotidianas y permanentes de este siniestro régimen?

Nada más que desobedecer. ¿Desobedecer la Constitución? No, por el contrario, desobedecer para obedecer los principios y tener conciencia de nuestros derechos y deberes en ella plasmados. Desobedecer a los corruptos, explotadores y usurpadores de la voluntad popular, que atentan contra el constituyente primario, es decir, el pueblo.

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