Lo ocurrido con la firma TORRES CORTES S.A. no ha tenido la misma resonancia en los medios como el escándalo de INTERBOLSA, pero la repercusión para las víctimas puede ser igual o peor. En febrero de 2013, según se sabe, José Leonel Torres Cortés llevaba unos 25 años ganando el prestigio de ser un serio corredor de bolsa, y a sus oficinas ubicadas en el quinto piso del bloque D del Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara, acudían clientes viejos y recientes a llevar depósitos en cheques o en efectivo, para hacer inversión de ahorros de toda la vida, o el producto de negocios comunes, siempre con el ánimo de obtener algunos réditos, que no se iban a lograr si se ponían bajo el colchón.
José Leonel Torres Jaramillo, el hijo y socio de la firma, expedía certificaciones a los clientes de sus “traders”, indicando el valor, la fecha, el porcentaje calculado de rendimientos, y todo era cuestión de que pasara el tiempo, hasta la próxima transacción, habitualmente para invertir en la certeza de numerosos jubilados, desprotegidas viudas o entusiastas compañeros de colegio y universidad, por ejemplo de Carlos Andrés Méndez, que más pronto que nunca podrían pedir las ganancias obtenidas o la devolución del capital invertido.
Todo era facilidad y cordialidad, hasta que el 12 de Febrero de 2013, las emisoras dieron la noticia de la intervención de TORRES CORTES S.A. por orden de la Superintendencia Financiera, con fines de liquidación. Este golpe se sumó para los Torres, al asesinato un año antes de Natalia Helena Torres Jaramillo, hija, hermana y socia, cuando ingresaba a iniciar sus tareas como alta ejecutiva de la firma. Al conocer la debacle, el desconcierto de los inversionistas fue absoluto, y la tarea de la liquidadora Martha Cilia Nieto se inició partiendo de cero, pues no encontró siquiera los registros contables.
El periplo para los infortunados inversionistas pasó por propuestas de los traders, hechas en los corredores de la Hacienda Santa Bárbara, consistentes en la posible firma de unos pagarés, y otras propuestas sin fundamento; luego dos abogados de TORRES CORTES, hacían reuniones para “verificar” las inversiones y anunciar con plazos nunca cumplidos, la conformación de una fiducia, pero puntualizado que quienes hicieran reclamación ante la liquidadora, o interpusieran acciones judiciales, debían olvidarse de la devolución de alguna parte de su dinero, intimidación revuelta con ilusión que solo se convirtió en perjuicio.
La desinformación ha sido la característica; se conformaron unas cadenas de correos electrónicos, no se sabe por quién ni para qué, y allí han circulado, ocasionalmente, convocatorias a las ya denominadas “víctimas de TORRES CORTES”, para reuniones con un abogado javeriano que se anuncia como representante de muchos; llamamientos a la unidad para el logro de la “devolución de nuestro dinero”; amonestaciones por atenerse a la causa penal; y cuestionamiento al papel del interventor de la Superintendencia de Sociedades, el Dr. Álvaro Zarama, exgobernador de Nariño, quien también rechazó reclamaciones por que la gente no aparecía en los registros contables, y cuyo papel tampoco ha resultado satisfactorio, pues el fin último de la recuperación de numerosas inversiones, no se ha cumplido.
Pero tal vez lo más lamentable a la fecha, es la falta de resultados de la Fiscalía General de la Nación, que hace consecuente el titular de reciente artículo de María Jimena Duzán, en la revista Semana – “¿Quíen protege a los de TORRES CORTES?” - La verdad es que ha pasado año y medio de la intervención de la firma y como en mi caso, que interpuse denuncia penal desde Marzo 8/13, dando cumplimiento a los requerimientos de ratificación, de registro como víctima, etc, sin que la Fiscalía haya procedido a vincular a los denunciados por estafa, abuso de confianza, etc.
En cambio, se ha tenido como respuesta para personas en iguales circunstancias, que la investigación es “muy complicada”, que “los hechos son gravísimos”, que se pueden configurar distintos delitos por la captación ilegal de dineros, o que lo ocurrido con los TORRES CORTES puede ser más grave que el caso INTERBOLSA. Todo lo cual se presume dicho con conocimiento de causa, pues la doctora Alexandra Ladino es la misma Fiscal Especializada encargada de INTERBOLSA, con un cuerpo asesor ante la complejidad de los temas, que no se discute. No obstante, el paso de tanto tiempo sin resultados evidentes ha afectado directamente a los jubilados, las desprotegidas viudas, y tantos inversionistas para quienes sus ahorros de toda la vida representan su único futuro.
Como única novedad reciente, conocimos por entrevista en La W Radio con el rector de la Universidad Sergio Arboleda, doctor Rodrigo Noguera, que José Leonel Torres Jaramillo, es profesor en el área administrativa y financiera, y que no se conoce ningún proceso en su contra, siendo desde luego un argumento convincente que al no haber sido condenado, no existe ninguna incompatibilidad para el ejercicio como docente.
La revista DINERO también ha dado informes, como uno de los pocos soportes que tenemos los estafados por la delincuencia de cuello blanco de los TORRES CORTES; también en este caso los medios de comunicación tienen avances y logros más ágiles que las autoridades embarcadas en “exhaustivas investigaciones”, mientras que los sujetos que diseñaron y desarrollaron todo el entramado para despojarnos de nuestro patrimonio, viajan, se exhiben en los centros comerciales, en restaurantes de categoría, y hasta difunden sus “conocimientos” a las nuevas generaciones de profesionales, sin que a nadie le cause el menor impacto.
