Carlos Escué, del resguardo Munchique los Tigres en Santander de Quilichao, coordinador local de jóvenes y vocalista del grupo musical Intentos de Amor. Juan Carlos Petins, del resguardo Belalcázar en el municipio de Páez, Cauca. Eduardo Pino Julicué, hijo de Luz Eyda Julicué Gómez, la exconsejera y lideresa de la ACIN, de Caloto. Emerli Basto, Fernando Trochez y David Trochez (hermanos), también de Santander de Quilichao. Todos ellos indios, todos ellos asesinados.
¡Que pare ya la matanza!, recogía en una de sus publicaciones en red, el también indio y amenazado; senador Feliciano Valencia.
Al igual que al senador de Mais, a la gente del Cauca ya se nos está atragantando el dolor, la indignación, la impotencia y la rabia que nos produce este constante olor a miedo, a zozobra y a sangre, que tristemente se ha vuelto costumbre desde tiempos inmemoriales, pero que para el resto de gente, que se cree blanca, no deja de ser la irremediable consecuencia de atrevernos a protestar y reclamar nuestro derecho a vivir: no estaban recogiendo café, justifican al unísono los seguidores del innombrable.
El contador de masacres en el Cauca, parece el contador de kilómetros de una chiva intermunicipal. Todos los días amanecemos con la noticia de amenazados, desplazados y asesinados, sin que hasta la fecha se vea voluntad alguna por parte del pusilánime gobierno nacional, en cabeza del flojo presidente Duque y el cínico e inútil ministro Carlos Holmes; de tomar algún tipo de medida, más o menos razonable, para detener este río de sangre que no para de fluir en el Cauca, diferente a la de más plomo y glifosato.
Los mandatarios locales y el regional, quizás amedrentados y temerosos como el resto de sus conciudadanos caucanos, carecen del coraje necesario para emprender con energía, pero, sobre todo, con valentía y dignidad, la defensa de sus electores y gobernados. A ellos solo les interesó, y les pararon bolas, irle a pedir al gobierno de Uribe, que les quiten las restricciones de contratación, en la ley de garantías electorales; para lo demás, seguimos en pandemia.
Más allá de los repetidos e inservibles consejos de seguridad, cuyos resultados se materializan en el incremento del pie de fuerza policial y militar para su respectivo amontonamiento en las estaciones de policía o en los innumerables, estáticos e ineficaces retenes militares que copan el territorio, donde precisamente están ocurriendo las masacres, no hay a la vista otra solución por parte del Estado colombiano que no sea seguir a pie juntillas los dictámenes de la DEA.
Claro que esta nota está escrita con rabia, con dolor, pero, sobre todo, con impotencia e indignación, al constatar, no la ineficiencia de este gobierno, sino el silencio cómplice y la justificación del genocidio, por parte del resto de la sociedad, a quienes la guerra, las balas asesinas, las amenazas, el desplazamiento, las muertes y la sangre, les parecen del universo Netflix y no la de sus vecinos o paisanos.
Ya no sabemos cómo seguir pidiendo auxilio ni cómo seguir rogando que por favor no nos maten, solo nos queda juntarnos con el indio Feliciano para seguir colocando en las redes sociales: ¡que pare ya la matanza!
