Prohibición del consumo de psicoactivos: un arma política y totalitaria

“No podemos retroceder ni entregar los derechos fundamentales única y exclusivamente porque a un grupo no le placen ciertos comportamientos”

Por: Arvey Lozano S.
Junio 19, 2019
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Prohibición del consumo de psicoactivos: un arma política y totalitaria

Pareciera normal que en esta época existan sustancias o drogas prohibidas y penalizadas. Es un hecho fehaciente que muchas de ellas causan daños a la salud, información que es divulgada por los medios de comunicación, muchas autoridades gubernamentales y una parte de la academia. Se afirma, según esos grupos, que el negocio producción-consumo de psicoactivos, es el mayor problema social, dejando en el olvido otros como la pobreza y la desigualdad.

Justificándose en tales premisas, muchos políticos y religiosos presentan como estrategia exclusiva para su combate, la prohibición tajante del consumo de sustancias psicoactivas. Pudiera parecer que es algo lógico y racional, restringir o eliminar el que la gente desee hacer uso de esas drogas. Ese tipo de propuestas no se pueden tomar a la ligera porque ya la humanidad ha experimentado las consecuencias del prohibicionismo. Prohibir determinados comportamientos en las personas genera cierto grado de aprobación en el común de los ciudadanos, sobre todo, en quienes creen que todos se deben comportar como ellos piensan y viven.

El concepto de prohibicionismo no es nuevo, tiene más de un siglo de ser formulado y fue llevado a la práctica, en los Estados Unidos entre 1919 y 1933, respecto de la producción y venta del alcohol. La prohibición, tiene como finalidad la imposición de cierto tipo de ideas, estableciendo normas y sanciones que, pretenden la protección de ciertos estilos de vida en la esfera privada y social de las personas y, que los demás actúen dentro de lo que se considera verdadero, bueno y con pureza.

Con argumentos de salud pública, los gobiernos occidentales siguiendo las órdenes de los Estados Unidos, han impuesto una política agresiva contra los consumidores, salvo contadas excepciones en Europa. La drogadicción afecta los sistemas de salud de los países, es un hecho innegable; pero, precisamente, el impacto se produce porque al ser perseguido el consumo, la gente lo realiza en la clandestinidad y sin supervisión médica, ocasionando que se propaguen enfermedades y los daños sean mayores.

La proscripción del consumo de sustancias psicoactivas, surgió porque, se veía “mal” por parte de las concepciones puritanas desde, una mera perspectiva estética, después fue ampliado a una esfera ética, asimilando al consumidor con alguien que causa daño a la sociedad. Dicha concepción prohibicionista, trae consigo el señalamiento a quien consume, llegándolo a tratar, incluso, como un delincuente que debe ser perseguido, detenido, arrasado y, en ocasiones, asesinado.

El tema de la prohibición tiene un trasfondo más amplio y cruel. El consumidor termina siendo víctima de inicialmente de su adicción, después de su distribuidor, posteriormente, de las autoridades y, finalmente, de la sociedad. La crueldad, consiste en que, si se penaliza el consumo, los precios al consumidor final se elevan, generan un aumento de utilidades en la cadena de valor. Eso significa que se favorece el distribuidor final de las drogas porque obtiene más dinero; pero, también el adicto sufre persecución legal y rechazo social.

El diseño de políticas públicas basadas en la persecución policial y la estigmatización de los consumidores, desde la concepción polarizante de “blanco-negro” o “bueno-malo” respecto del consumo de las sustancias, es volver al pasado de decisiones que no han disminuido el consumo, sino, que han disparado un gran negocio. Paralelamente a ello, la estigmatización del drogadicto genera que, desde sectores extremistas, se valide la “limpieza social” como la estrategia para borrar lo que parece malo.

Bajo, ese mismo paraguas, en Colombia surgieron prácticas de asesinatos selectivos que validaron acciones realizadas por paramilitares y agentes del Estado, denominados eufemísticamente, “falsos positivos”. Basta recordar la frase de Álvaro Uribe Vélez presidente, en el año 2008, cuando se comenzó a develar el escándalo de los falsos positivos: “De seguro, esos muchachos no estaban recogiendo café”. Lo manifestó sobre los jóvenes de Soacha que después se comprobaría habían sido ejecutados de forma extrajudicial, lejos de sus hogares, por militares que los hicieron pasar por guerrilleros, en los casos de los llamados falsos positivos.

Por eso ahora que, Uribe siendo senador, revive la polémica sobre perseguir a los consumidores, genera un impacto entre sus seguidores, muchos de ellos, agentes del Estado, que puede terminar en una estrategia polarizante de hostigar a los drogadictos, hasta exterminarlos al muy antiguo estilo del nazismo. Pareciera que el interés en generar indignación contra los que tienen comportamientos que difieren con los de la mayoría, es la mejor excusa para limitar y violentar los derechos de todos los ciudadanos. Un ejemplo claro de ello, es que se les pida una receta médica a los drogadictos y de no portarla, se tratarían como narcotraficantes. Ningún profesional de la medicina, indicaría, drogas ilegales a un ciudadano que no las necesitara como tratamiento médico o paliativo, entonces, como no les indican esas drogas, tendrían que encarcelar a los drogadictos por ser narcotraficantes, como ya el hecho pasaría al asunto de carácter penal, es decir, la comisión de un delito, cualquier autoridad, a la hora de realizar una detención podría hacer uso de la fuerza legítima o ilegítima y herir o asesinar a cualquier adicto que no tenga la tal receta.

El prohibicionismo, en sí mismo, ya incluye la vulneración de los derechos humanos porque pretende uniformar la vida de todos los ciudadanos y, aunado a una campaña de rechazo social contra los consumidores, como la propuesta por Uribe, puede derivar en prácticas de asesinatos selectivos, regresando a épocas que fueron superadas por la mayoría de países avanzados. De manera análoga, pudiera suceder, de manera regresiva, como la han querido representantes de esa tendencia política, la penalización de las tendencias sexuales diversas o la opinión religiosa que no les guste.

Los colombianos no podemos retroceder a prácticas totalitarias ni entregar los derechos fundamentales de los ciudadanos, única y exclusivamente porque a un grupo minoritario no le placen ciertos comportamientos de los demás o por su uso como arma política de quienes quieren perpetuarse en el poder.

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