Resuelto, como está el uribismo, a desobedecer las recomendaciones de la ciencia, los pactos y convenciones que ha suscrito el Estado colombiano, la solidaridad, la empatía con el pueblo o al mínimo sentido común, el gobierno de Duque y sus imitadores en las gobernaciones y alcaldías se han dado a la tarea de favorecer únicamente los intereses de sus amigos, aliados y/o patrocinadores —los grandes gremios de la producción, Fededepartamentos, Fedemunicipios, Asocapitales y Asocumunal, para el caso del gobierno nacional, y las cámaras de comercio, las sucursales de los gremios y prósperos comerciantes, en lo local—, imponiendo un muy irresponsable regreso a la normalidad, en medio del pico más grande de la peste y la amenaza de una más peligrosa cepa del COVID.
En este escenario de supuesta vuelta a la normalidad, la actual ministra de educación de Colombia, “María Victoria Angulo, la misma que siendo secretaria de Educación en Bogotá celebró un contrato con la misma empresa de las pechugas a 40 mil”[1], decidió que, en estricto cumplimiento de las órdenes de sus jefes (¿?), disfrazado de empatía y solidaridad con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Colombia, vía decreto y resoluciones iba a borrar de tajo la peste, empujando con amenazas un regreso a la normalidad educativa, quizás como remedio apresurado del triste intento de educación virtual, que junto con su colega, la ministra de las TIC, fueron incapaces de llevar a cabo.
Ahora ante la mostrada de colmillos y garras del uribismo, en cabeza de la ministra, exsecretaria de educación distrital del gobierno Peñalosa, la misma de la indelicadeza con la alimentación de los niños, niñas y adolescentes que ahora dice defender, algunos mandos medios de la administración educativa, han emprendido una campaña de indebida presión y manipulación sobre el profesorado, para apresurar irresponsablemente este regreso a la presencialidad en la educación. Tal es el caso de Santander de Quilichao y tal vez, de otros municipios de esa Colombia profunda, que es como llaman al Cauca en Bogotá.
A pesar del acuerdo a que llegó la Secretaría departamental de Educación del Cauca con las organizaciones sindicales de los profesores, algunos funcionarios administrativos, en extraña solidaridad con secretarías municipales de educación, han estado imponiendo sobre las y los docentes, obligaciones exclusivas de estas secretarías, tales como las de mantenimiento y aseo de las Instituciones Educativas, con la excusa, bastante sospechosa, de una supuesta falta de presupuesto para contratar la logística y el personal administrativo que se requiere para poner en marcha el improvisado plan de retorno a la normalidad.
Se conmina a los profesores a que, como muestra de solidaridad y empatía con la institución y con los estudiantes, dejen de ejercer sus funciones como profesionales de la educación, para dedicarse a labores de mantenimiento, aseo y desinfección, ya que no hay presupuesto y “todos tenemos que colaborar”, violentando flagrantemente lo acordado con la Secretaria de Educación Departamental del Cauca en cumplimiento, incluso, de la improvisada normatividad emanada del Ministerio de Educación y la presidencia.
En este orden de ideas, también es pertinente señalar que algunas secretarías municipales y departamentales de educación comparten con el ministerio y con el uribismo, en términos generales; la responsabilidad por el impresentable manejo de la educación, durante la crisis de la peste, al no haber hecho los esfuerzos necesarios para la ejecución de los planes del fallido intento de educación virtual, como tampoco, haber exigido del gobierno nacional, los recursos necesarios para implementar el regreso a la normalidad académica.
Se pregunta buena parte de la ciudadanía quilichagüeña y caucana del común: si no ha habido normalidad presencial, ¿en qué se gastaron el presupuesto destinado a la adecuación y el mantenimiento de las instituciones educativas?, ¿cuál es el afán de regresar de inmediato a la presencialidad en Santander de Quilichao si, incluso ciñéndose a la normativa, en este municipio no se cumplen las mínimas condiciones como: vacunación del 69% de la población y una ocupación de camas UCI por debajo del 85% o la implementación absoluta de todos los protocolos de bioseguridad? Además, si ya se acabó el presupuesto, ¿por qué la administración municipal no ha hecho los esfuerzos que la misma ley le obliga para proveer al sistema educativo de Quilichao de los mínimos necesarios para que funcione dignamente? Finalmente, si ya existe un acuerdo a nivel departamental, ¿por qué personal administrativo de las I.E. presionan a los docentes a ponerse en riesgo desempeñando labores que no son de su competencia?, ¿quién responde?
Pareciera ser que la irresponsabilidad de la administración municipal de Santander de Quilichao está dejando a las y los profes entre el compromiso con su vocación y la alcahuetería con la ineficiencia y la ineptitud.
[1] Prontuario de la ministra de Educación. Juliana Galvis, 2018.
