Uno de los principales retos que enfrentará la implementación del acuerdo de paz con las Farc será el de su refrendación por parte de la ciudadanía.
En la actualidad se tramita en el Congreso un proyecto de ley —aprobado ya por el Senado— que establece las reglas de juego para dicha refrendación, y que se ha venido a conocer como el plebiscito por la paz.
En lo personal, yo hubiera preferido que el acuerdo de paz con las Farc se refrendara por medio de su desarrollo legislativo y de la consecuente revisión de constitucionalidad de las reformas y las leyes que de él se derivaran para su implementación. Ello, por cuanto entiendo que, en primer lugar, la paz está consagrada en nuestra constitución como un derecho; y los derechos no deben ser sometidos a una decisión de las mayorías.
En segundo lugar porque, desde mi punto de vista, lo que hasta ahora ha sido acordado en el marco del proceso de paz no implica grandes ajustes constitucionales. De hecho, me parece que los acuerdos parciales a los que hasta ahora se ha llegado no implican más que un compromiso mutuo y explícito, por parte del Gobierno y de las Farc, por cumplir con la Constitución (incluyendo los tratados internacionales que hacen parte íntegra de ella) y la normatividad vigente, así como por definir y aplicar políticas y programas de desarrollo que permitan avanzar, de manera mucho más decidida que de costumbre, en la materialización de una serie de derechos consagrados en la carta política de nuestro país.
Aun así, todo parece indicar que se va a seguir impulsando la idea de que la legitimidad del acuerdo de paz debe fundamentarse sobre la base de la expresión de la “voluntad popular” a través de una votación ciudadana.
Esto implica que debemos hacer conciencia sobre los riesgos y las limitaciones de la democracia directa, y que debemos comenzar a hacerles frente, con el fin de buscar que tal ejercicio democrático en efecto se traduzca en una expresión de nuestra razón pública, y no que simplemente sea dirigido por las alineaciones estratégicas de las maquinarias electorales, ni por las estratagemas demagógicas de los políticos y los medios de comunicación que defienden y promueven los intereses de los poderes sociales y económicos tradicionales que se oponen al acuerdo de paz.
El primer riesgo es que las mayorías
tienden a preservar el statu quo institucional
Existen básicamente dos grandes riesgos en la adopción de la democracia directa para tomar decisiones trascendentales que permitan cambiar el rumbo de la historia de un país —en este caso, una historia de conflictos sociales y políticos que se degradan fácilmente en guerras civiles y conflictos armados internos—, o para la protección efectiva de los derechos de sus ciudadanos —en este caso, el derecho a la paz—. El primer riesgo es que las mayorías tienden a preservar el statu quo institucional, y el segundo riesgo es que los votantes pueden ser manipulados mediante el uso estratégico de los recursos políticos, financieros e informativos que están en manos de las elites que ostentan el poder económico y social.
El segundo riesgo es que los votantes pueden ser manipulados
mediante el uso estratégico de los recursos políticos
en manos de las elites
Al parecer, por fortuna, estos riesgos no son necesarios ni preponderantes en la generalidad de los casos en los que se ha estudiado científicamente el ejercicio de la democracia directa. Sin embargo, la evidencia internacional muestra que los resultados de la democracia directa están estrechamente ligados a la calidad de la información disponible, para que los ciudadanos formen adecuadamente sus opiniones y no sean tan proclives a la manipulación política y mediática.
En el caso de América Latina, el funcionamiento y los resultados de la democracia directa han sido ampliamente heterogéneos. Según el politólogo David Altman, la evidencia muestra que en este continente los ejercicios de democracia directa, por un lado, “no necesariamente tienden a ser sistemáticamente favorables a las posturas del gobierno de turno”, aun cuando sean impulsados desde el Estado. Por otro lado, los datos también revelan que los mecanismos de democracia directa “son menos manipulables de lo que muchos creen”, por ejemplo por parte de políticos y elites que buscan manipular estratégicamente la información que le llega a la ciudadanía.
Sin embargo, la conclusión esencial de estos estudios es que la calidad de la democracia directa depende esencialmente del contexto social y político de su aplicación. Dadas las tristes realidades del régimen y de la cultura política colombiana, por lo tanto, se hace crucial encontrar mecanismos que protejan el ejercicio de la razón pública por parte de la ciudadanía, frente a los embates de las maquinarias electorales y de la manipulación mediática y demagógica.
Para lograrlo, nuestro principal recurso es la deliberación amplia, democrática, plural y profunda sobre el contenido, los alcances, las limitaciones —los pros y los contras— de todo lo que ya sabemos que ha sido acordado en el marco del proceso de paz.
Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con el proceso de paz y con el contenido de los acuerdos. De eso se trata la democracia. Y de eso debería tratarse en realidad la política, si en verdad nos decidiéramos, como individuos y como comunidad, a usarla para dirimir pacífica y racionalmente nuestros naturales conflictos.
Pero no podemos estar de acuerdo o en desacuerdo sobre el proceso o sobre los acuerdos de paz si no hemos hecho primero el ejercicio de informarnos, leerlos, reflexionar acerca de lo que dicen —pensarlos a la luz de nuestra historia y de nuestro futuro—; y deliberar, conversar respetuosa y profundamente, sobre todo ello.
En la Universidad Tecnológica de Bolívar hemos desarrollado una serie de ejercicios experimentales —tanto en contextos urbanos como rurales— de deliberación en torno a los acuerdos de paz; y me han sorprendido dos cosas. Primero, el profundo desconocimiento sobre “lo que se ha firmado en La Habana”. Y segundo, cómo cambian las percepciones, los imaginarios, los tonos y las emociones sobre el proceso y los acuerdos de paz —y por lo tanto, la calidad de las conversaciones ciudadanas sobre esos temas—, cuando las personas los leen y se sientan calmadamente a reflexionar y conversar sobre ellos.
Primero conversemos, basándonos en información de la mejor calidad, y luego votemos; esa es la clave de una democracia reflexiva, y —en consecuencia— de un país vivible.
