Tras escuchar una y otra vez el eslogan que utilizó durante su campaña a la presidencia de la República y luego de más de un año de gobierno, me queda claro que aquella promesa de no convertirnos en nueva Venezuela no ha sido cumplida. No porque nos encontremos en un modelo económico centralizado, al mejor estilo de los países socialistas del siglo XX; no porque se hayan adoptado los principios económicos (confusos por demás) del denominado “socialismo del siglo XXI”. Hoy más que nunca, Colombia se encuentra inmersa en la corriente neoliberal. Al igual que su antecesor, usted y su gabinete han centrado sus esfuerzos en la construcción de acuerdos comerciales transfronterizos, la promoción de la inversión extranjera, la protección a la propiedad privada y el sector financiero y la consolidación de los grandes grupos económicos del país.
Nos acercamos a Venezuela en el sentido de que nos hemos convertido en un país altamente polarizado. El sectarismo político vacío y visceral hace recordar los peores años de la década de 1950, periodo en el que los grupos guerrilleros tuvieron su auge por estos motivos, trayendo como consecuencia un sin número de bajas entre las fuerzas del Estado y la sociedad civil. La similitud es enorme: Álvaro Uribe toma las decisiones que debe tomar un presidente tal y como lo hizo Laureano Gómez en su época. Usted es el equivalente a Mariano Ospina, un presidente electo que trabaja a la sombra de alguien más. No encuentro diferencias entre uno y otro.
Al igual que la expansión de la violencia campesina surgida de la muerte de Gaitán y el fallido intento de un acuerdo nacional entre liberales y conservadores a mediados de 1948, pasamos por una crisis institucional y de orden público: cada vez son más los líderes sociales asesinados en veredas y cabeceras municipales; mayor el dominio de bandas criminales provenientes del paramilitarismo, las disidencias de las Farc e incluso los carteles mexicanos de la droga.
Es por esto que al margen de una resistencia violenta y en concordancia con las demandas sociales que llevaron a cientos de miles de colombianos a marchar en las calles, deseo hacer una propuesta que permita retornar al orden y trabajar por una mejor Colombia:
1. Redoblar los esfuerzos para garantizar lo acordado con la antigua guerrilla de las FARC, fortaleciendo la JEP y ofreciendo las condiciones de seguridad necesarias para evitar que los excombatientes retomen las armas, al mismo tiempo que se ofrece verdad, justicia y reparación a las víctimas del conflicto.
2. Llevar a la Corte Penal Internacional los delitos atroces cometidos por los diversos actores del conflicto y terceros financiadores, siguiendo para ello los protocolos establecidos para la justicia transicional.
3. Destinar los recursos necesarios para la protección de todos los líderes (y liderezas si se quiere usar la palabra) sociales que hacen frente a las bandas criminales que actúan a lo largo y ancho del territorio nacional.
4. Establecer una mesa de concertación para la construcción de política pública en materia laboral, pensional y tributaria que cuente con la participación de asociaciones gremiales, entidades estatales y académicos que adelanten investigaciones avaladas por colciencias en estos temas. Lo anterior debido a que las recomendaciones dadas por la OCDE y otros organismos multilaterales no se adaptan a las condiciones económicas y sociales del país.
5. Revivir en el Senado de la República, con carácter prioritario, los puntos trabajados en la consulta anticorrupción de agosto de 2018, cumpliendo con ello la promesa (hasta ahora olvidada) hecha a los colombianos en ese momento.
6. Adelantar las investigaciones pertinentes y ofrecer los resultados de dichas investigaciones junto con disculpas públicas e indemnización monetaria a los familiares de los niños caídos durante los bombardeos de los últimos meses.
7. Presentar ante organismos internacionales pertinentes y la opinión pública (ONU, Human Rights, Cruz Roja, entre otros) informes periódicos de los resultados obtenidos en la lucha antisubversiva con el ánimo de anticipar posibles “falsos positivos”.
8. Permitir que comisiones internacionales hagan seguimiento y control a las labores de inteligencia del Ejército Nacional a fin de comprobar la veracidad y pertinencia de los resultados presentados en los informes antes citados.
9. Permitir la representación de las víctimas del conflicto en Senado y Cámara con el ánimo de crear espacios de participación ciudadana libre y autónoma, lejana a las maquinarias tradicionales de los partidos políticos.
Con esto pretendo poner un grano de arena para la generación de soluciones viables a la actual crisis, una crisis que de continuar, nos llevaría a un nuevo conteo de víctimas y a revivir (si es que pasaron en algún momento) los horrores de la guerra y el florecimiento de nuevos grupos armados.
La intencionalidad de la presente es promover el diálogo y atacar de manera efectiva las causas que nos llevaron a la situación en la que hoy nos encontramos; someter, bajo los mismos principios (JEP) a guerrilleros, paramilitares, políticos, empresarios y civiles que de alguna forma contribuyeron a agravar el conflicto colombiano en los últimos años y sentar las bases para un crecimiento económico inclusivo y sostenible.
Espero que esta nota llegue a sus manos y que por lo menos sea revisada. No fue escrita por un subversivo, un guerrillero o un mercenario del Foro de Sao Paulo, fue escrita por un colombiano cansado de la guerra y preocupado por el logro de una Colombia más justa y equitativa, una Colombia nueva que brinde las condiciones necesarias para que la violencia nunca más sea vista como el único mecanismo para la acción política popular.
