Contrario a lo afirmado por la ministra, esta es la reforma sobre la cual el gobierno nacional ha mantenido el mayor mutismo en la historia republicana de nuestro país. Diferentes grupos del sector médico y hospitalario, representantes de las entidades prestadoras de salud, exministros de salud, personal relacionado con el sector, grupos académicos (Acemi, Gestarsalud, Grupo Economía de la Salud de la U, Pacientes Colombia, entre otros cientos de organizaciones de pacientes), grupos estudiantiles, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la Academia Nacional de Medicina, la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, y más del 90% de los colombianos del común[1] desconocen el articulado del proyecto de marras. Tampoco ha habido una rigurosa discusión técnica con profesionales y sectores especializados ajenos al gobierno nacional que en forma independiente analicen los diferentes aspectos y el real impacto del proyecto.
En concepto del exministro de salud Fernando Ruíz, la ministra está confundiendo un debate de control político con una audiencia pública. El exministro Ruíz tiene razón, pues son dos cosas diferentes. Mientras el control político es un ejercicio que el Congreso, como representante del constituyente primario, está en la obligación de adelantar a través de la comisión correspondiente y siguiendo el protocolo que indica la ley en cada uno de sus debates; la audiencia pública se hace de cara a la ciudadanía con el fin de conocer sus diferentes opiniones y ponerla en contexto sobre el verdadero impacto, los resultados esperados, la inversión requerida y las fuentes de financiamiento de la política pública, el proyecto de ley o de acto legislativo que se quiera adelantar.
En una verdadera democracia y en cumplimiento del principio constitucional de participación, toda política pública, proyecto de ley o de acto legislativo debe ser socializado, en forma especial, con aquellos que van a ser afectados por su aplicación. La socialización a través de mesas técnicas de trabajo, audiencias públicas, foros, seminarios, conversatorios o como quiera que se llame la actividad, no es un procedimiento que obligue a llegar a acuerdos sobre su conveniencia o inconveniencia, sino un mecanismo para darlos a conocer a la ciudadanía, así como sus impactos, además de conocer las observaciones y percepciones de los afectados.
La falta de información ha hecho que el imaginario público se forje ideas equivocadas acerca de lo que está pasando. Se habla, por ejemplo, de una reforma a la salud mediante un proyecto de ley, lo cual es absurdo si se tiene en cuenta que la seguridad social (de la cual forma parte la salud), tiene rango constitucional, y por tal razón cualquier reforma que se pretenda solo puede adelantarse mediante un acto legislativo. “Artículo 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley.”
Además, la falta de discusión pública de la reforma estaría vulnerando el artículo 270 de la Constitución Política, lo que podría ser causal de demandas de inconstitucionalidad una vez se convierta en ley. Hay que tener en claro que el artículo 270 mencionado faculta a los ciudadanos para que intervengan activamente en el control de la gestión pública. El mismo establece que “la ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados”.
Finalmente, es necesario recordarle al gobierno nacional que el escenario constitucional para el debate de las reformas que tramite es el Congreso de la República no las calles pues esto desconoce la separación de poderes, principio básico de toda democracia. La defensa de las reformas se hace con argumentos y discusiones técnicas no con mítines y protestas que solo generan caos, violencia y una mayor polarización de los colombianos.
Todas estas decisiones y omisiones del gobierno generan dudas y susceptibilidades y una pregunta obligatoria: ¿qué hay detrás del proyecto de reforma a la salud que hace que el gobierno se muestre renuente a adelantar la socialización de la misma, vulnerando, de contera, el principio constitucional de participación que tenemos los colombianos?
[1] Encuesta de Caracol Noticias. Resultados presentados en la emisión de la mañana del 23 de enero de 2023.
