Definitivamente, y dejando atrás la pasión política vivida en estos días, se puede decir que el nacionalismo catalán sale seriamente derrotado después de haber librado la batalla política más intensa y virulenta en los cuarenta años de historia democrática española. La apuesta por el independentismo debería haber concitado un mayor consenso en la sociedad catalana dispuestos a embarcarse en una "cruzada" de estas características, tal como tenían previamente planeado, deberían haber llamado a una suerte de pacto nacional de mínimos para lograr sus objetivos políticos.
No deberían haber perdido de vista que en las últimas elecciones autonómicas en Cataluña el independentismo obtuvo el 47% de votos y que fue en función de una distorsión electoral manifiesta por la que obtuvieron mayoría en el parlamento catalán. Confundir el deseo con la realidad es una pulsión muy loable en poesía, pero resulta realmente patética y grotesca en política. Decía un presidente de Cataluña, Josep Taradellas, que "en política puedes hacer de todo menos el ridículo". Eso es, precisamente, lo que han hecho aquellos que se embarcaron en una "cruzada" destinada a ser un manifiesto naufragio sin remisión, por mucha pasión e ilusión que hubieran puesto en la misma.
Los nacionalistas catalanes se miraron siempre en el espejo de los procesos independentistas acontecidos en los países bálticos -Estonia, Letonia y Lituania- y en la antigua Yugoslavia para fijar su hoja de ruta, pero no deberían haber perdido de vista que en todos estos casos los porcentajes de apoyo a la independencia -si exceptúamos el caso montenegrino- superó el 90% de los sufragios y concitó un consenso casi unánime en casi todas estas sociedades. La guerra de Bosnia, precisamente, reveló dramáticamente cómo la falta de un consenso entre todas las comunidades convivientes en ese país llevó a una guerra interétnica entre serbios, croatas y bosnios que duró tres años, causó 200.000 muertes, dos millones de refugiados y cuantiosos daños materiales, aparte de un odio que al día de hoy no se ha apagado.
A la torpeza política manifiesta de los elementos más radicales que defendían la causa independentista, hay que añadir la titubeante acción de su máximo líder, el presidente Carlos Puigdemont, la escasa capacidad para atraer fuerzas de los sectores indecisos por su propuesta extremista y marginal y su ceguera por seguir adelante con un proceso que tenía todos los visos desde sus inicios de acabar como, previsiblemente, terminó concluyendo. Actuar sin tener en cuenta el abanico de escenarios en que puede acabar una crisis es una imprudencia política que se paga con el fracaso absoluto, tal como les ha ocurrido a los líderes nacionalistas catalanes.
Luego la consulta electoral convocadada para el uno de octubre fue una auténtica chapuza, un despropósito manifiesto nunca visto en un país europeo y desarrollado. El referéndum, si es que se le puede llamar así a ese sainete impresentable, adolecía de un censo legal y aceptado por todos, las papeletas no se atenían a la norma legal, algunos electores llegaron a votar varias veces, no hubo una campaña electoral sobre el asunto que se sometía a la votación y nadie sabía a ciencia cierta donde estaban las mesas electorales para depositar las papeletas. Hubo centenares de irregularidades en todos el proceso, como por ejemplo en el nombramiento absolutamente irregular de los funcionarios elegidos para recibir los votos y controlar las secciones electorales, y también a la hora de ofrecer los resultados, previamente cocinados por quien estaba al frente del proceso y sin las mínimas garantías de ofrecer una mínima legitimidad democrática a la susodicha consulta. Tampoco hubo observadores electorales ni misiones exteriores o nacionales de observación electoral. La credibilidad de la consulta fue nula y nadie en la escena nacional o internacional le dio algún viso de legalidad a la misma.
En esa consulta no se expresó la voluntad de los catalanes, sino más bien lo contrario: fue la expresión de una andanada irreflexiva y burda contra el Estado Español sin pararse a pensar en las secuelas que iban a dejar las torpes acciones llevadas a cabo por los líderes nacionalistas catalanes. Incluso el diario La Vanguardia, cercano al universo separatista, lo señalaba muy adecuadamente en uno de sus editoriales:" La voluntad real de los catalanes sólo se podrá verificar en unas nuevas elecciones –que posiblemente tengan lugar antes de que llegue el próximo verano– o en una consulta acordada con el Estado español de acuerdo con los márgenes que ofrece la Constitución, por ejemplo, su artículo 92. El asalto a la Constitución no es el camino, aunque centenares de miles de personas simpaticen con esa idea. No será fácil salir del actual laberinto. Reiteramos nuestras propuestas: reconocimiento del problema, respeto a la ley, espíritu democrático, serenidad, ánimo constructivo, diálogo y defensa de la convivencia". Y, desde luego, ese editorial ha sido premonitorio: el presidente de Gobierno español, Mariano Rajoy, que hasta ahora había actuado con tibieza, lentitud y pusilanimindad manifesta, ya ha convocado elecciones autonómicas para Cataluña el próximo 21 de diciembre.
DURO VARAPALO EN EL EXTERIOR A LA CAUSA CATALANA
Todo el proceso estaba desautorizado internamente, era absolutamente ilegal y no se atenía al ordenamiento constitucional español ni a las Leyes en vigor que también rigen en Cataluña. Si lo que se pretendía era cambiar la Constitución española, nuestra Carta Magna tiene varios procedimientos para hacerlo por vías legales y no provocando una ruptura constitucional ilegal y unilateral. Como señalaba un atinado editorial del diario El País, "violar las leyes, forzar las normas democráticas, romper la convivencia y, sobre todo, pretender privar ilegalmente de su ciudadanía y derechos a millones de catalanes y a sus representantes políticos legítimos dista mucho de constituir un comportamiento cívico y ejemplar".
Ese comportamiento ha tenido mucho que ver con el nulo reconocimiento internacional que ha tenido la declaración de independencia aprobada en los últimos días en el parlamento catalán con el apoyo de 70 diputados sobre 135 que componen la cámara. La Unión Europea, los Estados Unidos, las Naciones Unidas e incluso Rusia han apoyado sin fisuras al gobierno español. A esos apoyos hay que sumar los de todos los países latinoamericanos a excepción de Venezuela.
El autoproclamado "ministro de exteriores" de Cataluña, Raúl Romeva, ha cosechado un notable y rotundo fracaso en la escena internacional, pese a haber gastado millones de euros en viajes, "embajadas", reuniones, presentaciones y actos protocolarios para tratar de vender la causa separatista en el exterior. Ni un solo reconocimiento internacional han logrado los nacionalistas catalanes. Su soledad en la escena internacional es total y tendrían que haber entendido el mensaje: sin atenerse a la legalidad constitucional española nunca habrá diálogo ni reconocimiento alguno. Ahora habrá que esperar a ver qué ocurre en las próximas elecciones. Una victoria de los indepedentistas sería letal para Madrid, pero pase lo que pase las dos partes deberían haber entendido y sacado a alguna lección de la presente crisis en el sentido de que sin negociaciones no puede haber una salida al actual punto muerto. Las espadas siguen en alto, pero la crisis puede ser reconducida si algunos abandonan las precondiciones previas -no renunciar a la independencia- y otros tienden la mano a aquellos que han salido claramente derrotados.
@ricardoangoso
