¿Por qué Colombia no ha logrado ser una potencia minera?

"Hoy la minería se puede hacer de manera sustentable con el medio ambiente, además puede coexistir con otras actividades económicas y ser un dinamizador"

Por: Paola Andrea Márquez Betancur
noviembre 15, 2019
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¿Por qué Colombia no ha logrado ser una potencia minera?
Foto: Pixabay

Para responder a la pregunta de por qué Colombia no ha logrado ser una potencia minera, tendremos que comenzar por aclarar si Colombia realmente posee el potencial minero y la cantidad de mineral que se requiere para convertirse en potencia.

En este orden de ideas, es importante mencionar que Colombia se ha caracterizado por ser un territorio con alto potencial para desarrollar actividades mineras gracias a su riqueza geográfica y geológica.

Durante el siglo XIX el oro fue el principal producto de exportación y permitió equilibrar nuestra exigua y vacilante balanza comercial. Lo que nos permite concluir que Colombia sí cuenta con todo el potencial para ser un referente en cuanto a la producción de oro en el contexto internacional.

¿Entonces cuál es la causa? Estas pueden variar dependiendo del contexto en el que se proponga el debate, por lo que se plantearán los siguientes aspectos: falta de seguridad jurídica, minería ilegal y grupos ambientalistas, además de ONGs.

Seguridad jurídica es la garantía dada al individuo por el Estado de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados o que si esto último llegara a producirse le será asegurado la protección y reparación de aquellos. En resumen, la seguridad jurídica es la "certeza del derecho" que tiene el individuo de modo que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares y conductos legales establecidos, previa y debidamente publicados.

Con la apertura económica de 1990, se dio paso a la llegada de la inversión extranjera al país y con esta varias empresas multinacionales le apostaron a desarrollar proyectos de exploración minera. Durante más de cinco años se impulsaron con mucha fuerza proyectos de exploración geológica a lo largo y ancho del territorio nacional en los cuales fueron descubiertos yacimientos de importancia mundial.

A pesar del éxito de estas actividades, hoy no se han podido desarrollar aquellos proyectos de mayor magnitud y otros tantos se encuentran aún sin poder avanzar en su desarrollo.

La falta de certeza jurídica es determinante. El vaivén de los caprichos de políticos y de algunas corporaciones autónomas regionales, quienes toman decisiones en contravía de la ley e impiden a través de todos los medios y miedos detener cualquier proyecto que no esté alineado con los intereses de algunos particulares poderosos, es frecuente. Además, la fragilidad de la toma de decisiones en los entes encargados del otorgamiento de los permisos y los cambios constantes en la normatividad asociada han hecho sin lugar a dudas que desarrollar un proyecto de minería legal en Colombia se convierta en una real odisea.

La falta de coordinación entre ministerios, el otorgamiento de permisos mineros sobre áreas protegidas o la creación de áreas protegidas posterior a el otorgamiento de títulos mineros, donde se vulneran los derechos adquiridos legalmente por una empresa, han generado a través de los años la disminución de la confianza para invertir en proyectos mineros en Colombia.

Como si esto fuera poco, la inoperancia del Estado para controlar la minería ilegal que se ha desarrollado de manera violenta y sin control por todo el territorio nacional aumenta exponencialmente los riesgos para el desarrollo de proyectos legales.

Para nadie es un secreto que la minería ilegal tiene una estrecha relación con grupos armados al margen de la ley, de la extracción ilícita de los recursos naturales que financian sus actividades. La extracción ilegal es un negocio que representa tres veces más recursos que el narcotráfico.

La ilegalidad se encuentra entre el 50% y el 80% de la actividad extractiva en Colombia (Contraloría General de la República, 2012; Villegas, 2013). También se estima que dicha minería se extiende al 65% del país.

Los grupos armados emplean tres formas de extracción ilícita, y cada una de ellas les representa un ingreso mensual de entre 100 y 225 millones de pesos. Estas son, la aluvial, en la que dragas empíricas mueven los sedimentos del río para sacar el oro; la de cielo abierto, que usa excavadoras para mover la vegetación y el sedimento; y la de socavón, que es subterránea y además de mercurio utiliza explosivos y cianuro sin los controles requeridos, generando graves problemas ambientales como la contaminación de las aguas, pérdida del suelo, afectación de fauna y flora entre otros componentes que son susceptibles frente a esta problemática.

La extracción ilegal se ha convertido en un impedimento para el desarrollo de proyectos de exploración y explotación legal en el país; quienes se ven obligadas a suspender sus operaciones por el temor a las represalias que estos grupos puedan tomar contra el personal de las compañías.

Frente a esto el Estado ha implementado diversas estrategias como “el aseguramiento de los territorios” que buscan frenar el avance desmesurado de estos grupos y controlar la explotación y el deterioro del medio ambiente, pero hoy no ha sido suficiente ya que siguen haciendo presencia en todo el territorio nacional.

La ilegalidad no debe ser un problema del operador minero ni de la autoridad minera. Es claro que estamos frente a un delito, un problema de orden público que debe manejarse por quien tiene el control real de la ilegalidad.

Grupos ambientalistas y diferentes sectores de la sociedad se han unido para desinformar e infundir temores sin ningún sustento científico, desconociendo que la minería es un dinamizador de la economía, que ha invertido cifras significativas en modernizar los procesos de exploración y explotación de minerales, desarrollando procesos con tecnología de punta que garanticen que el aprovechamiento de los recursos se puedan hacer de manera responsable con el medio ambiente y con las comunidades donde se opera. Hoy la minería se puede hacer de manera sustentable con el medio ambiente, puede coexistir con otras actividades económicas como la agricultura, la ganadería, la piscicultura, entre otras. Adicional a esto la minería es necesaria para la industria, la salud, agricultura entre otras; personalmente a mí me impacta mucho ver cómo mi mamá mejoró su calidad de vida gracias a al avance de la ciencia y la tecnología pueden existir marcapasos y valla sorpresa ir más a fondo y darme cuenta que sus componentes son titanio, litio, yodo, platino y níquel todos productos mineros.

Los grupos ambientalistas y las ONG se han valido de diversas estrategias para desinformar y frenar los proyectos mineros, un claro ejemplo de esto lo representan las consultas populares, a propósito, declaradas sin ningún efecto por la Corte Suprema de Justicia, por decidir en el orden municipal sobre el uso del subsuelo, un asunto que es del orden nacional.

Lo que me permite concluir que la inseguridad jurídica es la principal razón por la que Colombia no ha logrado ser una potencia minera, la inseguridad jurídica y todo el entramado que han montado algunos sectores de la sociedad Colombia a quienes no les interesa que la minería se convierta en el principal dinamizador de la economía.

Cómo explicar que empresas extranjeras que llegaron al país con el propósito de realizar inversión de capital, en el desarrollo de proyectos de exploración de yacimientos mineros, quienes solicitaron los títulos mineros de manera legal, quienes cumplieron con los protocolos establecidos para el otorgamiento de licencias ambientales y quienes han observado y cumplido de manera juiciosa la legislación y la normatividad, hoy les cambien las reglas del juego en una clara muestra del poder que tienen algunos sectores de la sociedad colombiana, cuando de detener el progreso se trata, cuando de obstaculizar el desarrollo de proyectos de vital importancia para el país, no hay nada que los contenga.

Hoy muchos de los proyectos mineros de gran valor e importancia para el desarrollo del país se encuentran aplazados o suspendidos a causa de la certeza jurídica, levantándose así un nuevo capítulo de preocupación en el país.

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