Si un extranjero ingresa ilegalmente al Perú por tierra, mar o agua, en la vigencia de antigua Ley de Extranjería, era expulsado inmediatamente con impedimento de retorno. La ley antes de 2011 era tan dura en esos casos que la echada del país procedía aún cuando el extranjero tuviera hijos de nacionalidad peruana.
Los extranjeros podemos visitar el Perú por motivos de estudio, inversión, turismo y trabajo. Antes un extranjero solo podía trabajar en el sector privado, ahora igualmente puede hacerlo en la parte oficial. Este país protege especialmente las víctimas de trata de personas, refugiados, menores no acompañados, etc., que de alguna manera arribaren forma ilegal a su nación.
Respecto a las personas que tienen la investidura de jefes de Estado, si ingresaran al Perú subrepticiamente, lo cual jamás ha sucedido, no serían sujetos de sanción alguna, ni siquiera económica, siempre y cuando respeten el control migratorio. Esto de acuerdo a la renovada legislación migratoria, que ubica a este país en los llamados “duros y avanzados” en materia de inmigración.
La ley 30103 y su reglamentación dispone que aún en los casos en que los extranjeros pasemos por alto el control migratorio, tampoco procede la expulsión inmediata; nos conceden 180 días para regularizar en migraciones la permanencia en el país.
Si de repente las autoridades migratorias o la Policía detectan un extranjero desconociendo la Ley de Extranjería, lo pertinente es su conducción hasta la autoridad correspondiente. No es el caso del presidente Maduro, en atención a que como jefe de Estado por derecho propio porta visa diplomática.
Después y solo después de un proceso adelantado en forma debida y respetando los derechos fundamentales de los extranjeros ilegales se concederán los permisos o "se rechazarán las solicitudes de los foráneos cuya presencia sea considerada como inconveniente para el Estado Peruano o que afecte la seguridad nacional y el orden interno". Este proceso administrativo se debe resolver en un plazo máximo de mes y medio.
A menos que las autoridades peruanas estuvieran respaldadas por una decisión del poder judicial o del poder ejecutivo —llámese presidencia de la República, Cancillería, jefe del Gabinete ministerial, Policía Nacional Peruana o Inmigración— podrían impedir el ingreso de un extranjero a su país; mucho menos de un jefe de Estado. Lo contrario sería una clara política xenofóbica.
En Colombia según Maduro "se ha desarrollado una campaña xenófoba antivenezolana que no tiene parangón en 200 años"; por lo que considera demandar si es necesario. En este sentido, Maduro ordenó a Arreaza diseñar un plan especial para frenar la campaña desatada, ahora dirigida contra el mismo, en Lima.
En Caracas se sostiene que el caso del rechazo peruano al presidente Nicolás Maduro Moros “es como si Naciones Unidas le dijera a un país que no puede ir porque está en Estados Unidos y EE.UU. no lo quiere”.
Las autoridades peruanas se han dedicado a lanzar opiniones infundadas a la topa tolondra sobre la negativa del viaje a Lima del presidente Maduro en abril. Desconocen de cabo a rabo la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que entró en vigor el 24 de abril de 1964, la cual dispone que el avión de un jefe de Estado goza de la misma inmunidad que tiene una embajada como ficción del espacio extraterritorial, sobre todo cuando viaja en él. Si el Perú insistiera en impedir la participación de Maduro en la Cumbre de las Américas no permitiendo sobrevolar el espacio aéreo quedaría incurso en violación del Derecho Internacional.
El artículo 26 de dicha Convención indica que el Estado con relación diplomática garantizará "la libertad de circulación y de tránsito por su territorio". La inmunidad diplomática de un Jefe de Estado, la inviolabilidad del transporte presidencial y la libertad de circulación, amparan a todos y cada uno de los jefes de Estado que visitarán Lima en abril próximo.
“Los países que son anfitriones u organizadores de una cumbre no tienen facultad legal alguna para negarle el acceso a un país que es parte del organismo y parte de cumbres multilaterales, de manera que si vamos directamente a la fuente del derecho, no hay manera de impedir que Venezuela vaya, a menos que estén aplicando la dictadura dentro de la Cumbre de las Américas, la dictadura de Estados Unidos, manejada por el señor presidente de Perú”.
“Nosotros esperamos que haya una reflexión, ya que están absolutamente equivocados desde el punto de vista jurídico y político”, aseveró Jorge Arreaza, canciller de la República Bolivariana de Venezuela.
