En Manta, un puerto pesquero clave de Ecuador, se ha desvelado un caso que pone en evidencia la compleja relación entre la pesca y el narcotráfico. Carmen Alarcón y su esposo Pedro Pilligua, quienes eran dueños de una flota de barcos pesqueros, fueron sentenciados a 70 meses de prisión en EE. UU. por narcotráfico. Ambos, capturados en España tras una investigación internacional, enfrentan cargos por presuntamente ayudar a los cárteles colombianos a transportar cocaína.
Según sus declaraciones, la crisis económica generada por la pandemia llevó a los pescadores a aceptar ofertas del crimen organizado. Los cárteles les ofrecieron dinero por llevar combustible a embarcaciones rápidas, usadas para el narcotráfico. Sin embargo, Alarcón asegura que los pescadores no sabían del contenido ilícito a bordo de los barcos y que su participación se limitaba al suministro logístico, sin obtener ganancias del narcotráfico.
Este caso, conocido como el de las "Pangas Locas", involucra decenas de embarcaciones pesqueras que, en muchos casos, ayudaron sin saberlo a los narcotraficantes a transportar toneladas de droga de Sudamérica hacia EE. UU. La investigación, encabezada por agencias como la DEA y la Guardia Costera de EE. UU., ha resultado en la incautación de más de 50 toneladas de cocaína.
El juicio ha generado debate sobre el grado de responsabilidad de los pescadores, muchos de los cuales, como Pilligua y Alarcón, dicen haber sido presionados por el crimen organizado. En Ecuador, los acusados fueron inicialmente exonerados, pero en EE. UU. la historia ha tomado otro rumbo. ¿Hasta qué punto los pescadores son víctimas de un sistema criminal?
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