Sanción a Corpoamazonia confirma sospechas del científico
El Consejo de Estado, Sección Cuarta, notificó el pasado 28 de octubre de 2015 al científico Manuel Elkin Patarroyo (Radicación No. 11001-03-15-000-2014-00723-02) sobre la sanción impuesta a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, Corpoamazonia, por desacatar la orden emitida por el órgano judicial para que en el plazo de treinta días contados a partir del 12 de diciembre de 2014, fecha de emisión del fallo, (Referencia No. 11001-03-15-000-2014-00723-00), presentara un informe para determinar si la FIDIC, el instituto que dirige Patarroyo, ha cumplido con las exigencias impuestas, para autorizar el desarrollo del proyecto “Captura y Estudio de Investigación Científica en diversidad Biológica de Primates en la cuenca del Río Amazonas en el trapecio Amazónico Colombiano”.
El valor de la multa es de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, monto que resulta apenas simbólico frente a los multimillonarios presupuestos que maneja la Corporación; la importancia de la sanción consiste en que confirma las sospechas del científico de que hay funcionarios que maniobran para obstaculizar su trabajo. “Enemigos agazapados” de la vacuna contra la malaria en Colombia, enquistados en instituciones que son las autoridades competentes a las que por fuerza tiene que acudir. No hay otras instancias.
El Consejo de Estado también le ordenó a Corpoamazonia levantar automáticamente la suspensión provisional del permiso para el desarrollo del proyecto, en el evento de que el informe presentado fuera favorable a la FIDIC, pero Corpoamazonia introdujo nuevos requisitos con base en los cuales alegó un supuesto incumplimiento y dilató la expedición del permiso y de los lineamientos técnicos que debía cumplir. “En ese sentido, no hay lugar a duda de que, so pretexto de resolver la solicitud de ampliación y modificación del permiso, presentada por la FIDIC, CORPOAMAZONÍA no le puede exigir a la Fundación accionante otros requisitos ni ´nuevas condiciones´, como esa misma entidad los llama, distintos de los que ya le había exigido para expedirle el permiso de investigación”, dice el texto del fallo sancionatorio. “Esto es, que el análisis se debía efectuar con sustento en los requisitos que se le exigieron a la FIDIC al momento en que se expidieron esos actos administrativos y no en otros”.
En resumen: para la FIDIC era imposible cumplir requisitos que ni siquiera conocía, con respecto a actividades ya ejecutadas. Es claro que las nuevas exigencias solo podrían cumplirse con respecto a actividades futuras, no pasadas, y que por lo tanto exigir su cumplimiento como condición para la expedición del permiso es una maniobra malintencionada.
De esta manera el cumplimiento de la orden del Consejo de Estado se demoró meses y cuando al fin la obedeció, le impuso a Patarroyo y a la FIDIC unos requisitos de muy difícil cumplimiento, que se niegan a modificar. La responsabilidad se la endosan mutuamente Corpoamazonía y el Sinchi con la participación del Ministerio de Ambiente. La primera dice que la redacción es del Sinchi, el ente que formuló las nuevas exigencias, y este asegura que se limitó a formular unas recomendaciones que no son de obligatorio cumplimiento, con base en las recomendaciones de un “Comité Técnico de Especies Amenazadas” convocado por el Ministerio de Ambiente, entidad pública autónoma al respecto, y que es decisión de Corpoamazonía acoger o no sus recomendaciones. Esta una actitud desgastante e irrespetuosa, muy parecida al desfile interminable por ventanillas y dependencias al que algunas entidades someten a sus obligados visitantes, so pena de ser sancionados o encarcelados por incumplir sus obligaciones.
La investigación de la FIDIC ya cumple cuatro años de parálisis total. Es hora de que Corpoamazonia, el Sinchi, el Ministerio de Ambiente y quienes estén involucrados en la toma de decisiones al respecto, cumplan las órdenes judiciales sin más preámbulos o que, francamente, le informen al país y a Patarroyo las razones, si las hay, de su renuencia a permitir el desarrollo del proyecto.
Colombia es un país donde investigar es muy difícil, por razones económicas, por falta de personal calificado, por los elevados costos de los insumos y equipos, pero mucho más por la burocracia que entorpece y demora por el simple prurito de “ejercer la autoridad”, porque Patarroyo les resulta antipático o por razones esotéricas que solo ellos, los iluminados, conocen.
En todo caso, de lo que se trata es de trabajar para salvar vidas humanas, sin otra aspiración que hacerlo solucionando los obstáculos que plantea la investigación en sí misma, no las imposiciones arbitrarias e incoherentes de quienes deberían resolver los problemas existentes en lugar de crear otros nuevos. ¿Es tan difícil de entender?
