La reciente captura o entrega del alcalde de Montería Marcos Daniel Pineda y el Alto Consejero Presidencial para las Regiones Carlos Correa, ha suscitado toda clase de comentarios, algunos a favor y otros en contra, pero todos con un elemento común: provistos de pasión más que de razón.
He vivido la mayor parte de mi vida en Montería y puedo dar fe de que en la última década la ciudad ha sufrido una importante transformación urbanística e importantes avances en satisfacción de necesidades básicas como educación, salud y servicios públicos, sin embargo, insuficientes todavía. Ello me hace, al igual que los seguidores de los dos dirigentes hoy investigados, reconocer que han hecho una buena gestión y han administrado la ciudad con visión gerencial de largo plazo. No obstante, eso no puede cegarme e inducirme de tajo a descartar que ellos puedan estar inmersos en actos de corrupción como bien lo ha considerado la Fiscalía General de la Nación. Si bien es cierto que gozan de la total y constitucional presunción de inocencia hasta que sean derrotados en juicio, también es cierto que no se puede satanizar la acción penal de la Fiscalía por haberles iniciado un proceso penal, ya que pareciera ser que el hecho de que hayan tenido una buena gestión, los hace inmunes o no merecedores de ser materia de investigación del ente acusador.
Me resultan inadmisibles expresiones que legitiman eventuales actos de corrupción, sean cuales sean los sujetos involucrados, tales como:
“…pero han sido los alcaldes que transformaron la ciudad”
“Están robando pero también están haciendo.”
“Que roben pero que hagan.”
“¿Por qué a los corruptos del pasado no los investigaron?”
¡Por Dios! La Constitución y la naturaleza del servicio público ejecutivo les impone ese mandato: el de hacer, el de suplir necesidades básicas y en general el de ejecutar acciones orientadas al cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Ningún funcionario público pavimenta una calle o construye parques con recursos propios, ¡son recursos públicos, recursos sagrados! Por lo tanto, si admitimos la tesis de “que roben pero que hagan”, no deberíamos ni molestarnos en señalar a alguien de corrupto cuando es sorprendido robándose los recursos públicos o en abiertos actos de corrupción, al final, le hemos aprobado su actuar.
Contrario a lo que algunos piensan, yo no creo que exista una persecución selectiva de la Fiscalía contra el Departamento de Córdoba. En buena hora el nuevo Fiscal General seleccionó a Córdoba para el inicio de su política de lucha contra la corrupción, y era apenas obvio que se abrieran muchísimas investigaciones y que muchísimas personas respetables se vieran involucradas. ¿Pero acaso el hecho de ser respetables los hace inmunes a la acción de la Fiscalía? Justamente lo que busca la Fiscalía es esclarecer hechos y determinar responsabilidades, y créanme que si los indiciados o investigados son inocentes las pruebas y el proceso así lo demostrarán.
Hace una década cuando los organismos de control fiscal eran inoperantes (y pienso que lo siguen siendo) y la Fiscalía General ni se asomaba por acá, se solía decir que a este departamento se lo estaba acabando la corrupción y que acá nunca pasaba nada, que los políticos andaban rampantes; y hoy que la Fiscalía inicia procesos, vincula personalidades de todos los colores (lo cual descarta persecución) entonces la Fiscalía se está ensañando contra Córdoba. ¡Palo porque bogas palo porque no bogas!
Dejemos que la institucionalidad actúe. Que es mediática, sí. Que está politizada, seguramente. El mismo ejercicio del servicio público hace que todas las acciones alrededor de un funcionario público y más si es de alto nivel, puedan verse permeadas de estos fenómenos, pero a pesar de ello, nuestro ordenamiento jurídico otorga las suficientes herramientas y garantías para proteger los derechos tanto de los investigados como del Estado, así que dejemos que sea el Estado a través de sus instituciones quien actúe y haga imperar nuestra Constitución y nuestras leyes en beneficio del interés general sin menoscabo por supuesto de las garantías fundamentales de los particulares.
