Apenas tres semanas después de que la Superintendencia de Salud decidiera intervenir a la EPS Coosalud, una de las más grandes con cerca de 3 millones de afiliados, la cooperativa a la que pertenece la EPS terminó corriendo con la misma suerte. Sin embargo, en su caso a la que le correspondía tomar posesión inmediata de sus bienes, haberes y negocios no era la entidad dirigida por el médico cirujano Giovanny Rubiano, sino a la Superintendencia de Economía Solidaria, hoy dirigida por la internacionalista María José Navarro Muñoz, quien llegó al Gobierno tras haber trabajado un año en la Unidad de Trabajo Legislativo de la representante a la Cámara del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal.
Esto se dio a raíz de las denuncias que alcanzó a hacer el exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal, antes de dejar el cargo, en las cuales aseguraba que había una estrategia para desviar fondos con el fin de enviarlos a paraísos fiscales. Esto dio lugar a nuevas investigaciones y hallazgos de inconsistencias en los estados financieros de la EPS y de la cooperativa que suman $433.000 millones, entre los que se incluye la compra de una casa por $10.000 millones para que la tomara en arriendo la EPS pagando $1.000 millones al mes.
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A diferencia de la EPS, el Consejo Directivo de la cooperativa no está conformado por pesos pesados, sino por nombres con un perfil más bajo entre los que se cuentan Carlos Castro Villadiego, José Italo Collazos Vergara, Zaida Pérez Mullett, Hermes Cruz Celis, Margarita Ortega Valdés, Evelis Arnedo Moreno, Gilma Parra Osorio, Glinis Castillo Bertel y Lina Arregocés. Pero, tienen el mismo representante legal, Jaime González Montaño, quien lleva vinculado a todo el entramado de Coosalud desde hace 26 años.
No es la primera cooperativa que queda en manos de María José Navarro
En abril de este año, la Superintendencia de Economía Solidaria en cabeza de la magdalenense Navarro decidió intervenir Copservir, la cual fue creada en 1996 por 4.000 empleados de Drogas La Rebaja con el fin de salvar a la compañía tras la caída de los hermanos Rodríguez Orejuela. Han sido casi tres décadas de turbulencia para esta cooperativa, que en 2005 fue intervenida por primera vez tras haber sido acusada de lavado de activos, que salió en 2020 y que desde entonces está en medio de un choque de trenes por ver qué entidad la controla entre la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el Ministerio de Salud.
