Es muy difícil imaginar una mezcla mayor de males estructurales, nocivos y profundos que los que vive nuestro vecino Venezuela en estos momentos. La “anulación” (término jurídico para el cierre) de la Asamblea Nacional por parte de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia es la estocada final a lo que ya era un sistema de gobierno profundamente autoritario. Esta acción constituye el entierro oficial del principio democrático liberal de la separación de poderes que ya en la práctica se había ejecutado. Los 14 millones de votos que eligieron la Asamblea, con mayoría absoluta y calificada de la oposición, los borra una decisión de un tribunal de 7 magistrados elegidos a la carrera, paradójicamente, por la Asamblea anterior en diciembre del 2015. Este hecho es, sin duda, la activación de uno de los últimos seguros que le quedan a Maduro para perpetuarse en el poder.
La inflación de este año llegará a 2200 %,
por lo cual en las transacciones comerciales en las calles de Caracas
ya no es necesario contar los billetes sino pesarlos
El desprecio del régimen venezolano por la democracia y sus instituciones va de la mano de una inmensa ineptitud y de una corrupción rampante. La revista británica The Economist documenta la vertiginosa caída de la economía del país vecino y demuestra cómo, mientras en el año 2001 era una de las más prósperas de Sudamérica, en el 2016 se posiciona firmemente entre las más pobres. El FMI estima que la inflación de este año llegará a 2200 %, por lo cual en las transacciones comerciales en las calles de Caracas ya no es necesario contar los billetes sino pesarlos. ¡El desempleo apunta a sobrepasar el 20 % y el decrecimiento del PIB estará por el 23 %! Para terminar, en una movida calcada a las fallidas dictaduras comunistas del siglo XX, desde hace varios años se viene prohibiendo la publicación de datos macroeconómicos. Ojos que no ven…
La mezcla entre irresponsabilidad macroeconómica y nacionalización caprichosa ha expulsado, ahuyentado o simplemente acabado con lo que alguna vez fue un sector industrial competitivo y con un mercado interno vigoroso. Si no fuera tan trágica la situación tendríamos que reírnos a carcajadas de la última “guerra” de Nicolás: con despliegue mediático y gran ruido llega la temida Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos –SUNDDE-, escoltada por los Comandos Bolivarianos –CB-, a revisar las panaderías de los barrios. En caso de que se sospeche que el negocio no produce a los niveles necesarios, se procede a expropiar el establecimiento y a entregarlo a los Comités Locales de Abastecimiento y Distribución –CLAD-. Las siglas del desgobierno contra las “mafias del pan”.
En ningún sector la combinación de controles, corrupción, inflación y desabastecimiento es tan catastrófica como en el de las medicinas. La crisis humanitaria decretada por la anulada Asamblea Nacional el año pasado no tuvo ningún efecto por mitigar el problema de la escasez de medicamentos de todo tipo. Los medios internacionales que informan desde Venezuela describen las interminables jornadas que los enfermos y sus familiares tienen que emprender en todas las ciudades para conseguir “remedios” para la hipertensión, antibióticos, anticoagulantes, anticonvulsivos, drogas para el HIV y hasta anticonceptivos. En un artículo de mayo de 2015 el New York Times describía desgarradoras escenas de hospitales por todo el territorio venezolano cuando se cortaba el suministro de energía o de agua o cuando se acababan los materiales básicos. Hay cifras que hablan de un crecimiento de la tasa de mortalidad infantil de 100 veces en hospitales públicos y de miles de muertos por falta de tratamiento y droga. La ministra de Salud no culpa a ninguna mafia acaparadora o especuladora. Su explicación es científica y estadística: “Los venezolanos somos los que consumimos en el mundo el mayor número de medicamentos per cápita.” Una verdadera joya en el universo de la posverdad.
Y claro, está el tema de la inseguridad y la violencia. El Observatorio Venezolano de Violencia habla de 28 479 homicidios en el 2016 posicionando a Venezuela, con su tasa de 91,8 homicidios por 100 000 habitantes, como el segundo país más violento del mundo superado solo por El Salvador. En 1998 la tasa era 20 homicidios por 100 000 habitantes. El Observatorio también llama la atención sobre fenómenos de linchamiento (impunidad del 93 %), delitos por hambre conectados a la profunda crisis económica descrita anteriormente y al desplazamiento de familias e individuos por causa de la violencia.
El golpe de Estado de esta semana, combinado con la descarada y desafiante incursión de la Guardia Venezolana a territorio colombiano la semana pasada, presagian un descenso aún mayor en el espiral del autoritarismo y el caos en Venezuela. La comunidad internacional y especialmente los países de América Latina tienen la responsabilidad de liderar un esfuerzo que intente proteger, y ojalá fortalecer, la poca institucionalidad que queda; se debe evitar a toda costa el enfrentamiento violento y buscar la reconstrucción del país y de su democracia. Los reflectores del mundo tienen que caer sobre Venezuela porque una camarilla autoritaria e inepta, que ya ha apabullado a la prensa hasta dejarla agonizante, está apagando todas las luces.
