Para quienes hemos estado alejados del conocimiento de la administración pública es muy reconfortante saber que a pesar de nuestras constantes quejas por el mal servicio, por la lentitud en los trámites, por lo amañado de las adjudicaciones y un largo etcétera de fallas vistas por nosotros, el estado colombiano sí ha reglamentado el buen servicio que debe prestar a la ciudadanía y que existen mecanismos de control para el buen funcionamiento de él mismo.
El artículo 2° de la Constitución Política colombiana es claro en ello: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”.
Para ello, se ha empeñado en cumplir a cabalidad los lineamientos de la nueva gestión pública teniendo como base el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia: “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley".
A través de la nueva gestión pública el estado busca acercarse a la ciudadanía mediante una administración que satisfaga sus necesidades reales, a un menor costo, con una administración eficiente y eficaz. Para ello, ha implementado varios mecanismos:
- El sistema de medición de desempeño.
- El sistema del servicio civil y las plantas de personal.
- Las tecnologías de información y el gobierno en línea.
- La rendición de cuentas.
- Las auditorías.
Hace parte también de esta nueva forma de administrar, la formación de líderes comprometidos con la excelencia, con principios y metas claras enfocados en la ética y los valores humanos, enfocados en la eficiencia y eficacia, lo cual permite desarrollar proyectos coherentes, concertados y oportunos que dan soluciones a las nuevas problemáticas de la sociedad, mediante políticas públicas y una completa transparencia administrativa, donde prevalece el interés general, a través de empresas e instituciones públicas que garanticen el logro de los objetivos trazados, contribuyentes al desarrollo local y nacional.
Sin embargo, sabiendo que existe la reglamentación escrita para tener un estado y una administración más transparente, eficiente y eficaz me asalta una duda: ¿por qué debemos enseñar nuevamente a nuestros funcionarios y servidores públicos valores tan básicos, casi que innatos en el ser humano, como lo son la honestidad, el respeto, la justicia y la responsabilidad al manejar lo que no es suyo sino que pertenece a todos?
El ser humano en su infancia tiene un comportamiento netamente altruista per se, cuando es dejado ser el mismo en libertad, libre de condicionamientos sociales y de influencias externas como la publicidad, la presión de grupo o las sugerencias de los padres, viciados con antelación por antivalores y apegos. La transparencia en el accionar diario, la honestidad, el respeto y la responsabilidad debería ser una cátedra obligatoria para todos nuestros niños, dictada directamente en casa, con el pueblo como veedor y evaluador de tu papel como padre educador en valores. No obstante, para muchos de los padres actuales pertenecientes a las generaciones Y y Z enseñar valores es algo que no es de su incumbencia sino responsabilidad de alguien más, la escuela primaria, la secundaria, y si eso no funciona, tal vez en la universidad sea el sitio donde los aprenda. Déjenme asegurarle que nos hemos llevado más de una sorpresa al dejar en manos ajenas el alimentar en rectitud los espíritus de nuestros niños y adolescentes.
Yo personalmente, nacido en una generación anterior, la generación X, padre de un hijo varón, veo con asombro cómo queremos pedirles peras a un manzano, queremos recoger lo que no hemos sembrado, exigir por ley a nuestros jóvenes servidores públicos lo que no se ha inculcado en casa y peor aún, condenarlos cuando por la ausencia de valores cometen faltas contra la sociedad, faltas que no han sido vetadas y grabadas en el subconsciente como tales, el robo, el abuso de confianza, el despilfarro de los bienes que no son de su propiedad, la codicia, la mentira.
No veo otra forma de asegurar nuestro futuro como nación sino preparando a la próxima generación, a nuestros hijos menores a 11 años, para que desde el ejemplo de sus padres, desde el ejercicio de la democracia en el hogar, en el barrio y la comuna, desde las aulas de la educación primaria, aprenda y esté plenamente consciente del valor que su propio conocimiento de la democracia y el estado tiene, ante aquellos que pretenden seguir asumiendo las riendas de nosotros como nación, aquellos para quienes las palabras transparencia, nueva gestión pública, servicio, son totalmente desconocidas. Si educamos en valores ahora, no tendremos que invertir en educar a nuestros próximos servidores públicos, y más aún, más que un trabajo, será una vocación servir a sus semejantes.
Cuando mi hijo en su inocencia preguntaba cuál era su razón de vivir y para qué había nacido, puedo decir con humildad que rebusqué entre miles de respuestas posibles y encontré la mejor que le puedo haber entregado en la vida: “¡Para servir a tus semejantes hijo, para servir!”. Hagamos que la nueva gestión pública nazca como vocación de servicio desde el presente, sembrando valores.
