“Yo ejecuté la orden” es la sentencia de Lozada, exmiembro de la antigua guerrilla de las Farc-Ep, en la que se atribuye el asesinato de Gómez Hurtado. No son pocas las preguntas que surgen a partir de la aceptación del crimen perpetrado en contra del político y periodista colombiano en 1995. Sin embargo, el acostumbrado tratamiento a este tipo de asuntos serán solamente escándalo, pues la memoria nos indica que en Colombia no se ha tomado en serio la paz, en cambio sí la guerra. Los periodistas preguntan si le creemos a las ex-Farc, los congresistas se indignan porque en sus salas de Zoom hay alguien que ordenó un asesinato y entonces cuál es el ejemplo para los ciudadanos. Y en la calle la gente dice que ya pasó mucho tiempo, que es mejor olvidar, que los perdone Dios o que deberían hacerles lo mismo, o sea, asesinarlos.
Lo que sucede no es ninguna novedad. El problema se remonta al entusiasmo por el “no” del plebiscito del 2015, hoy se evidencian las consecuencias de no haber comprendido las implicaciones de la terminación del conflicto armado por vía política con esa guerrilla. El perdón, cualquiera que sea el que solicita Lozada a las víctimas, es también un problema político, y como lo dejó claro el resultado del plebiscito por la paz, los colombianos somos políticamente inmaduros, de modo que así mismo se asume este acontecimiento. Es lo que pasa en un país en el que impera la moral cristiana que cubre todo con su manto sagrado: se reduce el perdón al sacrificio y no a la reparación. Por eso se le exige al verdugo que sufra como sufrió la víctima, porque así sí tendría sentido su arrepentimiento, no responsabilidad, sino arrepentimiento —y ojalá que sea genuino—. Tras la guerra, dice la escritora noruega Vigdis Hjorth, las comisiones de la verdad fracasan porque se espera lo mismo de víctimas y verdugos: sufrimiento. Como si la denuncia por la no repetición se jactara de exclusiones.
En Colombia no se ha entendido qué significa un nuevo comienzo político, y esto porque la Justicia Especial para la Paz avanza quemando freno por el mismo entusiasmo y liderazgo vacío del “no”. ¿Ha iniciado la JEP como se requiere después de un tránsito hacia la paz? Las víctimas y la sociedad colombiana en general no deberían desconocer que además de su propio dolor, y no otorgamiento de perdón individual, la pretensión de salida de la violencia con las ex-Farc también es colectiva, y aquí, aunque raye con la falsa empatía del dolor, es importante que se entienda la urgencia de transformar la culpabilidad moral en responsabilidad política.
Hannah Arendt, la filósofa judía exiliada durante la Segunda Guerra Mundial, explica que el perdón político consiste en la conciencia de la irreparabilidad de un crimen y la necesidad de transformación de la realidad. El perdón no equivale a olvido, por ende, tampoco a injusticia, la dimensión política del perdón consiste en la disposición de convivir, decir la verdad, relacionarse y hacer política sin violencia. El gesto del perdón en Colombia es absolutamente privado, confesional y externo a la vida práctica, pertenece al reino de los cielos. No estamos preparados para la paz y esto incluye no estar preparados para exigir, escuchar y ceder perdón político, es decir, no estamos preparados para el cambio, para la paz.
Si de algo nos ha privado la violencia, además de la conciencia política, es de la capacidad de comprender qué pasó durante el conflicto armado con las ex-Farc. Ya diría Walter Benjamin que la memoria no salva al hombre o a la víctima, sino que salva la pregunta. La solicitud de perdón tratada como escándalo demuestra una vez más que somos un país sin memoria.
