Hay gestos que la conciencia pública debe agradecer si consultan el interés de una nación estremecida por vientos de caos, por ególatras en competencia, por polarizaciones políticas y por conveniencias de partido. En una palabra, si preservan los principios rectores de nuestro Estado social de derecho y la adecuada realización de sus fines esenciales. Es lo que corresponde hacer, sobre todo en etapas de crisis, para que nuestros valores no sucumban a los apetitos insaciables de dirigentes políticos que malversan patria simulando que la sirven, tanto desde el gobierno como desde la oposición.
Se especuló mucho cuando se estaba reintegrando la Corte Constitucional por el vencimiento de los períodos de casi todos sus magistrados. Sobraron las cábalas y las conjeturas en torno a si eran progresistas o reaccionarios, posmodernos o cavernarios, santistas o uribistas. Todo esto mientas finalizaba la primera fase del escándalo protagonizado por el señor Jorge Pretelt Chaljub, separado de su cargo por indignidad. La desvergüenza también tiene precursores y, claro, de igual modo pasan a la historia, como le sucedió a este improvisado juez postulado por el expresidente Uribe.
Pues bien, para proferir la esperada sentencia sobre la JEP, la Corte Constitucional se preparó y sus magistrados abocaron el estudio del Acto Legislativo No 2 de 2017 como juristas y no como progresistas o reaccionarios. Pensaron en la altura de su misión y no se dividieron por minucias detestables. Votaron unánimemente, distanciados de las exacerbadas pretensiones de los amigos y los enemigos del estatuto sometido a su consideración. Como tenía que ser, ceñidos a la defensa judicial de la Constitución.
Quienes adujeron que la Corte agregaría al bloque de constitucionalidad el Acuerdo final, son convictos de falacia y mala fe. Y quien pedía a los aspirantes que ternaba lealtad ciega a lo pactado en La Habana, es convicto de torpeza y soberbia. Bien hizo la Corte en deslindar, en términos muy precisos, lo político de lo jurídico y en poner a salvo el cumplimiento de los acuerdos, como política de Estado, de las pasiones enfermizas de los chapuceros que usan la guerra de anzuelo para pescar votos. Les fijó a todos la responsabilidad política que nunca han querido asumir.
Los opositores celebraron como triunfo pírrico del Gobierno la sentencia.
Ya veremos si reúnen mayorías en el Congreso
y se ganen la Presidencia para desmontar lo establecido en el reciente fallo
No hay que anticiparse a los acontecimientos. Los opositores celebraron como triunfo pírrico del Gobierno la sentencia de la Corte. Ya veremos si entre ellos reúnen mayorías en el Congreso y se ganen la Presidencia para desmontar lo establecido en el reciente fallo. Podría ser que triunfen y se despachen, o que, victoriosos y con Santos apabullado, se conformen con maquillar, con pocos retoques de valor, el Acuerdo Final con tal de adueñarse de la paz que combatieron.
Ahora bien, si a pesar de las decisiones jurisdiccionales en algo favorables al proceso de paz llegare este a naufragar, la factura histórica le llegará al presidente Santos, porque también por soberbio y torpe deshizo con los pies lo que había hecho con la cabeza, al convocar un plebiscito innecesario que entorpeció los avances de cuatro años de diálogos. Cuando la jactancia anula la ponderación, los estadistas se estrellan contra sus propios inventos. Exponerse a un resultado adverso con un 60 por ciento de desaprobación… ni un aprendiz de manzanillo
Dos conclusiones se desprenden de lo que vemos y vivimos. Una, el descenso vertical en la calidad de nuestros líderes, de todos, sin excepción, pues tienen un común denominador: son portadores del mal de rabia. No solo concentran, con exclusividad, en la próxima elección, sino que desprecian la suerte de las próximas generaciones. Mejor no comparemos para evitarnos un minuto de obscenidad. La otra conclusión es que la Corte Constitucional demostró que no es imposible administrar justicia con rigor, aplicando bien el derecho y con lo que llamaríamos, tomando en préstamo una frase del profesor Manuel Jiménez de Parga, una ética de la convicción.
