Una madre indígena del resguardo de Males en Córdoba, Nariño, celebró como un triunfo haber conseguido los registros civiles para sus siete hijos, pese a que sus nombres sonaban extraños para funcionarios que solo conocen el idioma castellano, pero que no están familiarizados con lenguas nativas.
Uno de ellos se llama Adiyah Domicó y no fue sencillo interpretarlo con los caracteres del abecedario español, como ocurrió con sus seis hermanos. Los comisionados de la Registraduría debieron hacer un esfuerzo notable con la comunicación para resguardar los derechos de los niños a partir de un acto tan sencillo como el reconocimiento oficial de su identidad.
Pero quizá el idioma sea el menor de los problemas. En Colombia hay niños que nacen, crecen, hablan su lengua, pertenecen a un resguardo, pero para el Estado no existen. No tienen registro civil. Y sin registro civil, no hay tarjeta de identidad, no hay cédula, no hay Sisbén, no hay afiliación a salud no hay matrícula en el SIMAT del Ministerio de Educación
Tampoco hay para ellos acceso al Programa de Alimentación Escolar (PAE), que hoy atiende a 5,6 millos de niños y adolescentes, según cifras de la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA).
Se trata, ni más ni menos, de la invisibilidad jurídica que se vuelve exclusión social.
Esa es la tesis del trabajo “Identificación Legal y pueblos indígenas: desafíos del registro civil en Colombia”, preparado por los investigadores Rodrigo Pérez Monroy y Lady Andrea Suárez Carvajal, de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).
El trabajo, que en breve se convertirá en un libro, está basado en una investigación cualitativa con entrevistas a líderes, taitas y sabedoras de dos comunidades, la Emberá Dobida del Resguardo El Salado en Vigía del Fuerte, Antioquia, y el pueblo de Los Pastos del Resguardo de Males en Córdoba, Nariño.
Los testimonios recopilados demuestran que el registro está lejos de ser un simple trámite administrativo. Es, como titulan su primer capítulo, “la puerta de entrada a los derechos” y “el derecho a existir jurídicamente”.
El análisis que hacen Pérez y Suárez de casos como el de Adiyah Domicó es que resaltan el esfuerzo de las familias por mantener los nombres tradicionales indígenas en los registros oficiales. “La aceptación y reconocimiento de estos nombres es crucial para preservar la identidad cultural y garantizar que las tradiciones sean respetadas dentro del sistema legal", señalan.
El problema, entonces, no es que el nombre impida el registro, sino que el formato del registro reproduzca el androcentrismo institucional y las categorías binarias hombre-mujer, paternidad-maternidad, basadas en un determinado modelo de familia: la familia patriarcal nuclear.
Esa lógica occidental choca con la cosmovisión indígena, con sus formas propias de nombrar y de entender el parentesco, pero no se traduce en la investigación en casos de negación por el nombre en sí. El estudio sistematiza cinco categorías que sí explican por qué miles de niños siguen sin documento.
La barreras burocráticas y culturales
El Decreto Ley 1260 de 1970 y la Ley 962 de 2005 establecen que el registro lo llevan notarios y, donde no hay notaría, registradores o alcaldes. De forma excepcional, jefes de cabildos indígenas bajo dirección de la Registraduría Nacional.
En la práctica se exige un “certificado de cabildo legalizado”. Así, las comunidades que no cuentan con ese certificado y se hallan a cientos de kilómetros geográficos y tecnológicos del sistema nacional de identificación sufren serias consecuencias.
La segunda barrera es de carácter cultural y lingüística. Además de los nombres, está la lengua. La Ley 1381 de 2010 protege las lenguas nativas y el Convenio 169 de la OIT exige respeto al derecho propio, pero los trámites siguen haciéndose mayoritariamente en castellano y sin funcionarios bilingües.
Con férreas talanqueras surgen una barrera geográfica y tecnológica. No logran sortearla aquellas comunidades que se encuentran a horas de la cabecera municipal, sin transporte, sin energía, sin conectividad. La Registraduría, aunque cuenta según los autores con “uno de los sistemas de Registro del Estado Civil más robustos del mundo”, no tiene presencia permanente en territorio. Un cerrojo adicional lo ponen la desconfianza y la discriminación. De esa suma de barreras surge el problema de la vulnerabilidad de la niñez. Sin documento los niños no pueden probar su edad para que el Estado pueda activar rutas contra el trabajo infantil y contra el reclutamiento forzado y menos para el reconocimiento de víctimas bajo la Ley 1448 de 2011.
¿Qué hacer?
Pérez y Suárez proponen la generación de un protocolo de atención y asesoría sobre el registro del estado civil eficaz como aporte a la paz, con cuatro fases: formación comunitaria con enfoque en cosmovisión, capacitación de personal bilingüe, materiales educativos en lenguas nativas y plataformas digitales adaptadas.
“Para mejorar el proceso -observan- se requieren puntos móviles en zonas remotas, capacitación de personal bilingüe que responda a la cosmovisión indígena y la inclusión de figuras de autoridades locales que habiten en el territorio, en el proceso de validación del registro, más la digitalización adaptada a la realidad cultural y técnica de cada comunidad”.
Sin ese papel, insisten, no hay Estado que proteja, porque para el Estado, miles de niños indígenas no existen. Pero el obstáculo no es el nombre tradicional, que las familias luchan por mantener, sino un sistema que aún no habla su lengua ni llega a su territorio.
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