Texto escrito por: Juan Sebastian González Blanco
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Colombia tiene una extraña capacidad para cambiar de principios cada cuatro años.
Lo que ayer era justificable hoy parece imperdonable; lo que antes era una consecuencia inevitable del conflicto ahora se presenta como una afrenta contra la democracia. Y quienes hasta hace apenas unas semanas tenían la responsabilidad de gobernar descubrieron, casi de repente, una enorme preocupación por exigirle resultados al Estado.
El problema no es que lo hagan. Esa es precisamente la función de la oposición.
El problema aparece cuando la memoria empieza el 7 de agosto.
Human Rights Watch publicó este año un diagnóstico difícil de acomodar dentro del relato político de los últimos años. Su Informe Mundial 2026, que analiza principalmente los acontecimientos de 2025, señala que Colombia atravesó una de las peores situaciones humanitarias de la última década, mientras los grupos armados ampliaban su presencia en distintas regiones del país.
Todo esto ocurrió mientras Gustavo Petro era presidente.
No Abelardo de la Espriella.
Petro.
El mismo que llegó a la Presidencia prometiendo convertir a Colombia en una “potencia mundial de la vida” y que terminó su mandato con buena parte del territorio nacional todavía disputado por organizaciones armadas.
El informe de Human Rights Watch reconoce algo que tampoco debería omitirse: durante el gobierno Petro disminuyeron las denuncias de violaciones cometidas por integrantes de las fuerzas de seguridad. Pero simultáneamente advierte que la violencia contra defensores de derechos humanos continuó siendo gravísima, que la implementación del Acuerdo de Paz siguió siendo limitada y que la respuesta institucional frente a distintos fenómenos de violencia resultó insuficiente.
Hay un dato todavía más doloroso.
En agosto, Human Rights Watch publicó una investigación de más de cien páginas sobre reclutamiento infantil en Colombia. La organización encontró, utilizando datos de la Defensoría del Pueblo, que aproximadamente 1.500 niños habían sido víctimas de reclutamiento por grupos armados desde 2021. Según su investigación, el reclutamiento aumentó desde 2023.
¿Dónde estaba entonces la indignación que hoy parece desbordar las redes sociales?
Human Rights Watch encontró además que las disidencias de las antiguas FARC serían responsables del 74 % de los casos documentados por la Defensoría entre 2021 y 2025.
Niños convertidos en combatientes.
Comunidades sometidas.
Territorios controlados por estructuras criminales.
Y una “paz total” que nunca consiguió ser tan total como prometieron sus discursos.
Ahora el tablero político cambió.
Abelardo de la Espriella llegó a la Presidencia prometiendo exactamente lo contrario: recuperar el control territorial mediante una política de seguridad mucho más agresiva.
Y sería intelectualmente deshonesto concederle desde ya un cheque en blanco.
Los derechos humanos no desaparecen porque el enemigo tenga fusil, pertenezca a una organización criminal o haya cometido atrocidades. El Estado tiene obligaciones que no dependen de la popularidad del delincuente ni de la ideología del presidente.
De hecho, durante estas primeras semanas ya existen motivos legítimos para vigilar al nuevo Gobierno.
La Defensoría del Pueblo cuestionó públicamente el lenguaje utilizado por De la Espriella después de una operación militar en Guaviare. INDEPAZ, por su parte, reportó el asesinato de 16 líderes sociales durante el primer mes de Gobierno. También han surgido cuestionamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos frente a algunas decisiones y posiciones de la nueva administración.
Eso también debe decirse.
Pero una cosa es vigilar al poder y otra bastante distinta reescribir el pasado.
Hoy Gustavo Petro ocupa el lugar que durante cuatro años ocuparon quienes lo cuestionaban: la oposición.
Y desde allí exige explicaciones, réplicas y garantías al nuevo Gobierno. Él y el Pacto Histórico ya han utilizado dos de los tres espacios anuales de réplica previstos para las organizaciones declaradas en oposición.
Bienvenidos al ejercicio del control político.
Pero convendría acompañarlo de memoria.
Porque resulta demasiado fácil descubrir la gravedad de la violencia cuando el responsable político está sentado en la otra orilla.
Durante años nos explicaron que muchos de los problemas de seguridad eran estructurales, que Colombia arrastraba décadas de abandono estatal y que ningún presidente podía solucionar semejante tragedia de la noche a la mañana.
Probablemente tenían razón.
La pregunta es por qué ese argumento habría perdido vigencia exactamente el 7 de agosto de 2026.
De la Espriella lleva apenas unas semanas gobernando. Eso no lo exime de responsabilidad por sus decisiones presentes, pero tampoco permite atribuirle retrospectivamente una crisis humanitaria que Human Rights Watch venía documentando desde antes de que llegara a la Casa de Nariño.
El nuevo Gobierno tendrá que demostrar que su política de seguridad puede recuperar territorios sin repetir los abusos que Colombia ya padeció en otras épocas.
Ese será su examen.
Y será uno especialmente difícil.
Una política de seguridad efectiva no puede medirse únicamente contando capturas, bajas o bombardeos. Tendrá que medirse también preguntando si disminuye el reclutamiento infantil, si los campesinos pueden regresar a sus territorios, si los líderes sociales dejan de ser asesinados y si las instituciones vuelven a lugares donde durante años el Estado fue apenas una bandera dibujada en un mapa.
Pero la oposición también tendrá su propio examen.
Tendrá que demostrar que su defensa de los derechos humanos es un principio y no simplemente una herramienta política.
Porque si un niño reclutado era una tragedia durante el gobierno Petro, debe seguir siéndolo durante el gobierno De la Espriella.
Si el asesinato de un líder social era intolerable antes del 7 de agosto, debe continuar siendo intolerable después.
Y si un eventual abuso de la Fuerza Pública merece toda la condena del Estado —como efectivamente la merece—, también debería merecerla que un grupo armado reclute menores, desplace comunidades o asesine colombianos.
Los derechos humanos tienen precisamente esa incómoda característica:
no cambian cuando cambia el presidente.
Colombia necesita una oposición fuerte. Necesita organizaciones de derechos humanos vigilantes. Necesita periodistas incómodos. Y necesita instituciones capaces de ponerle límites incluso al mandatario más popular.
Pero también necesita memoria.
Porque quizá una de las peores costumbres de nuestra política consiste en exigirle al adversario en treinta días aquello que durante cuatro años fuimos incapaces de solucionar.
Abelardo de la Espriella tendrá cuatro años para responder por sus resultados.
Gustavo Petro ya tuvo los suyos.
La historia juzgará a ambos.
Ojalá con la misma vara.
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