Moody's, Standard & Poor's y Fitch Rating son las tres agencias que controlan el 90% de las calificaciones de empresas y países. En 2013 el gobierno de Estados Unidos demandó a Standard & Poor's por la forma como calificó los bonos hipotecarios que llevaron a la crisis mundial de 2008, y en 2015 se le obligó a pagar USD 1370 millones por su responsabilidad en haber engañado a los inversores.
Esta es la misma agencia que en julio de 2016 chantajeó al gobierno de Santos para adelantar una reforma tributaria para subir el IVA a 19% y que ayer bajó la calificación porque fue insuficiente. El manejo macroeconómico del país está al vaivén de estas agencias, porque el gobierno decidió asfixiar la economía a cambio de mantener felices a los especuladores financieros. En concordancia presionó al Banco de la República para incrementar las tasas de interés, aumentó los impuestos, esquilmó a los trabajadores con el escaso aumento del salario y permitió importaciones masivas arruinando a productores, trayendo como consecuencia la crisis actual del país.
A pesar de haber seguido la cartilla al pie de la letra, S&P rebajó la calificación, a lo que el gobierno responderá ofreciendo más beneficios para atraer inversión y vendiendo sus TES más caros, en momentos en que la situación fiscal del país y el nivel de endeudamiento muestran indicadores preocupantes. Será la justificación también para una nueva reforma tributaria en contra de trabajadores y pequeñas y medianas empresas. Las elecciones de 2018 deberán decidir si el próximo gobierno sigue permitiendo semejante extorsión.
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